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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias plantean una reforma precipitada del sector automovilístico y la distribución energética, con la eliminación de los coches diésel y de gasolina para 2040.

Si se eliminaran los automóviles de gasolina y gasóleo para 2040, ANFAC, la patronal española, prevé pérdidas del 18% del empleo total directo del sector automovilístico, del que depende el 9% de la población activa. La iniciativa sería «excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos». A los sindicatos les parece una barbaridad, y existe el temor lógico entre los fabricantes de componentes de que vaya a desaparecer una industria estrella en la exportación nacional, retrayendo la creciente inversión extranjera en lo alto del ciclo económico.

Los componentes de automóviles convencionales es un sector consolidado en el que España es líder, a diferencia del coche eléctrico, donde destacan países como China, EE.UU., Alemania y Francia. La mayor parte del valor añadido de un automóvil lo aportan las partes y no su montaje.

Empecemos por los «verdes»: según la revista Scientific American, la utilización de automóviles eléctricos será tan nociva para el medio ambiente como lo sean las plantas energéticas que producen la electricidad para alimentarlos. De poco sirve eliminar los automóviles propulsados por la quema de hidrocarburos si esta se traslada a las plantas termoeléctricas en las zonas rurales para producir electricidad. En suma, tendremos unas ciudades limpias, trasladando la polución y la producción de los gases del efecto invernadero al entorno agrónomo. Todo esto sin tener en cuenta las pérdidas de energía en la red eléctrica, hasta un 10% de la energía producida se pierde de la planta al cargador.

Tengo un coche diésel… y la ciencia puede evitar que me prohíban conducirlo

Los automóviles diésel producen el mismo C2o que los eléctricos. Todo dependería del «ahorro» para el consumidor de las nuevas tecnologías y las emisiones de C2O, postura que sostiene Cambridge Econometrics, con el apoyo de las eléctricas. Aquí no solo se trataría de coches eléctricos, sino también de hidrógeno (cuyos costes de almacenamiento y compresión son altos), del precio relativo de los automóviles y la infraestructura para cargarlos y lo que gastan, del grado de desarrollo e inversión a largo plazo en cada una de sus tecnologías y de aquellas nuevas que puedan aparecer.

Un ahorro que habría que ponderar, con el altísimo coste en el corto plazo de transformar la producción de automóviles, la distribución, los puntos de recarga y la generación energética, incluyendo las renovables (que solo son rentables si el precio de los hidrocarburos sube, lo que no está ocurriendo).

No solo sufrirían los talleres de reparaciones, sino empresas como Repsol y Campsa (las gasolineras) -cuyos mercados desaparecerían-, multinacionales españolas que tendrían que reformular y reconvertir sus modelos de negocio, importantísimas para la economía nacional, induciendo gran riesgo e incertidumbre. Además, no es prioritario.

España no está en condiciones, con un 100% de deuda pública sobre el PIB, para hacer de cobaya en costosos experimentos y modelos de negocio energético y automovilístico, cuya viabilidad y rentabilidad relativa todavía no son concluyentes, y mucho menos para subvencionarlos. Por ejemplo, supongamos que se pusiera toda la carne en el asador en pos de los automóviles eléctricos y después que los de hidrógeno fueran los más rentables. Todo esto con las recientes noticias sobre los precios del cobalto para las baterías de ion-litio, que se han triplicado, por escasez, en los últimos meses.

Por otra parte, si, como quiere Pedro Sánchez, el gas natural fuere a alimentar las plantas termoeléctricas, aumentaría la dependencia de países suministradores islámicos, como Argelia o Catar, inestables en lo político.

Una medida de cara a la galería

Finalmente, a aquellos no especialistas en política industrial, la automoción o energía, como es el caso de Pedro y Pablo (Sánchez e Iglesias), verdaderos «Picapiedra» en lo tocante a temas de administración pública y privada… lo que realmente se les da bien es el marketing político. Tras cuadrar el círculo con el escándalo de las hipotecas, vendiendo la mentira a sus votantes de que la nueva ley «anti-bancos» iba a beneficiar a los pobres que necesitan hipotecas, todo es posible.

El empeño por promover las nuevas tecnologías le da al populismo del nuevo Gobierno, apoyado por golpistas, un aire ecologista ideal para sus propósitos electorales. La pregunta, tras la subida de los impuestos sobre el gasóleo para apoyar a los automóviles eléctricos, sería: ¿qué pobre comerciante o trabajador profesional, de cuenta corriente famélica y sin plaza de garaje para recargar el coche, que se vio obligado a comprar un diésel, ya barato y viejo, pensando que iba a ahorrar dinero, se va a plantear comprarse esos coches eléctricos, tan modernos y silenciosos, mucho más caros que los normales? Todo esto por no hablar de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos o la subida del SMI (que en poder adquisitivo ya estaba por delante de muchos países europeos y se llevará 40.000 empleos por delante, según la AIREF).

El nuevo modelo energético y de la industria del automóvil son variables estratégicas de seguridad económica nacional que no deberían estar al pairo del agitpop, convenientemente monitorizado por Podemos, para apelar a los gustos estéticos de sus propios seguidores, pero carentes de seriedad y consideraciones éticas a corto plazo.