Manuel Llamas | 30 de junio de 2018
Patronal y sindicatos acaban de firmar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, por el cual se comprometen a aplicar una subida de sueldos de hasta el 3% anual -un 2% fijo más otro 1% variable en función de la productividad, los beneficios y el absentismo-, así como la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros al mes dentro de tres años. Aunque este pacto no deja de ser en el fondo más que un listado de recomendaciones, servirá de referencia para negociar las alzas retributivas de cerca de 10 millones de trabajadores, cuyas condiciones se rigen todavía por convenios colectivos. La cuestión es que, si bien la mayoría considera que este acuerdo será positivo para los empleados, lo cierto es que acabará perjudicando a muchos asalariados, especialmente a los más jóvenes y vulnerables.
La ministra @mvalerio_gu en el @Senadoesp:
— Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (@empleogob) June 19, 2018
"Hay que recuperar unos salarios decentes, con incremento del SMI, como condición necesaria para la estabilidad social y económica.
No se puede apostar por una economía cuya competitividad se basa en la devaluación salarial" pic.twitter.com/2ZNIsFVYlw
El sueldo nunca debería evolucionar según la inflación ni, mucho menos, a la arbitraria voluntad del poder político, ya que el factor clave para determinar el nivel retributivo no es otro que la productividad. A mayor productividad, mayor sueldo, y viceversa. Esta y no otra es la razón por la cual las economías del norte y el centro de Europa, cuya productividad es muy superior a la española, cuentan con salarios más altos, al igual que la formación o las empresas más grandes -cuya productividad también es mayor- otorgan, igualmente, mejores sueldos. España, sin embargo, nunca ha tenido en cuenta este indicador a la hora de actualizar salarios, ya que el anquilosado y rígido modelo de convenios colectivos siempre se ha guiado por el Índice de Precios de Consumo (IPC) para negociar las condiciones laborales, bajo la falaz y engañosa excusa de no perder poder adquisitivo. Y dado que la economía nacional se ha caracterizado históricamente por registrar una inflación superior a la de sus socios comunitarios, esta perniciosa fijación se ha traducido en una constante pérdida de competitividad, especialmente aguda durante la burbuja, y cuya mejora tan solo ha sido posible en los últimos años gracias a la contención salarial que posibilitó la reforma laboral de 2012.
De hecho, la imposibilidad de amoldar los costes laborales a la productividad real y a la situación económica de cada empresa hizo que, tras el estallido de la crisis, el ajuste se tuviera que realizar vía despidos en lugar de rebajas y congelación de salarios, llevándose por delante más de 3 millones de ocupados entre 2007 y 2011, al tiempo que la subida de sueldos en los convenios colectivos crecía a una media del 2,9%. Según un análisis de BBVA Research, si España hubiera aplicado en 2007 la flexibilidad salarial que introdujo la reforma laboral del PP, se habría evitado la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo.
Lo mismo sucede con el salario mínimo. Para empezar, hay que tener en cuenta que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes, en 14 pagas, implica un coste total para la empresa de 20.000 euros al año, tras contabilizar cotizaciones sociales, vacaciones pagadas e indemnización por despido, de modo que, en realidad, tendrá que desembolsar casi 1.670 euros al mes (en 12 pagas). Esto significa que todos aquellos trabajadores cuya productividad sea inferior a ese coste tendrán muy difícil entrar en el mercado laboral, siendo los jóvenes (sin experiencia) y los empleados de baja cualificación (sin estudios o especialización) los más perjudicados por la subida del salario mínimo interprofesional . De hecho, podría afectar negativamente a buena parte de los 2,3 millones de ocupados a tiempo completo que, hoy por hoy, apenas superan el umbral de mileuristas, pudiendo acabar en el paro o en la economía sumergida muchos de ellos, en caso de que dicho umbral obligatorio llegara a aplicarse de forma estricta y generalizada. Asimismo, las empresas que sean incapaces de generar unos ingresos mínimos de 20.000 euros al año por trabajador, se verán frenadas a la hora de incrementar su plantilla, dificultando así la generación de empleo.
UGT relanza en redes sociales la Campaña #PonteA1000
— UGT (@UGT_Comunica) June 27, 2018
Ningún salario por debajo de 1000 euroshttps://t.co/rpuvxmnSKi pic.twitter.com/bHhpcLgJkI
Y todo ello, sin contar que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros también perjudicará a las regiones más pobres de España, ya que la tasa de paro tiende a crecer conforme la diferencia entre el salario medio y el mínimo es menor. El salario mínimo interprofesional, en definitiva, funciona como una barrera de entrada al mercado laboral: cuanto más alta sea esta, más difícil será crear empleo y encontrar trabajo.
Si lo que se pretende es elevar los salarios y reducir la tasa de paro, España debería incrementar la flexibilidad laboral, sustituyendo la negociación colectiva por la negociación a nivel de empresa, al tiempo que se impulsan reformas estructurales para incrementar la productividad, se deja de tomar como referencia el IPC para subir sueldos y se elimina por completo el salario mínimo interprofesional, tal y como sucede en otros muchos países europeos. Además, puestos a aumentar salarios, el Gobierno siempre podría rebajar el IRPF y las cotizaciones sociales, cuya suma se come hasta el 38% de la retribución real de los trabajadores. Sin embargo, nada de esto pasará, por desgracia.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.