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El presidente del PP, Pablo Casado, y el resto de los políticos engañan a los ciudadanos cuando polemizan acerca de la recentralización de la Educación. Siempre ha sido competencia del Estado, pero este ha renunciado a ejercer la alta inspección.

Tras cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución, algunos políticos padecen cierto extravío ante el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Es el caso del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha propuesto que la educación vuelva a ser una competencia estatal. Algunos de sus barones autonómicos e, incluso, miembros del Gobierno de España, como la ministra de Educación, han objetado rápidamente la propuesta del líder de los populares. Se confunde Casado y se confunden los demás, porque la educación es, según la Carta Magna, una competencia estatal. Lo que debe hacer el Estado es no renunciar a su ejercicio y ejercerla.

Esta inacción ha sido uno de los males que aquejan al actual sistema educativo. Causa de disparates como los que, convertidos en anécdotas, suele narrar José Bono, tras su experiencia como presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Cuenta el socialista manchego que, en cierta ocasión, su consejero de Educación acudió hondamente preocupado a informarle de que, estando el curso escolar a punto de comenzar, sin embargo aún no habían sido editados los libros de texto de la asignatura de Ciencias Naturales. La razón aducida era que, a  pesar de disponer de toda una legión de silvicultores, botánicos, ingenieros agrónomos y demás especialistas trabajando en la materia, no conseguían fijar unas características autóctonas con que diferenciar la encina castellano-manchega de la encina extremeña. A los pocos días de aquello, Bono realizó un viaje oficial a Canarias y, departiendo amistosamente con el presidente de la comunidad insular, le refirió la anécdota de la encina. El presidente canario se jactó con cierta guasa de que en el archipiélago no tenían problemas de ese tipo, añadiendo que, como en las islas no hay ríos, nuestros escolares no estudian en Geografía ni siquiera los ríos peninsulares.

Sin materias comunes se quiebra la igualdad educativa

Parece cómico. Pero es trágico que en España no exista unidad del sistema de enseñanza y cada comunidad autónoma disponga de su propio libro de Historia, Literatura, Geografía o de Ciencias Naturales, con diminutos contenidos referidos todos ellos al terruño para saciar sus ansias de «patria chica». Sin materias comunes se tiende a la desintegración del saber y del conocimiento, se quiebra la igualdad educativa de los españoles y resulta difícil articular entre ellos una conciencia nacional y un orgullo de pertenencia. Súmese a lo anterior que en las escuelas de algunas comunidades autónomas ha desaparecido la enseñanza en castellano y, además, se adoctrina en el odio a España. El resultado es letal para el progreso social, la garantía de derechos fundamentales, la soberanía nacional y la convivencia democrática.

¿Religión? ¡No, por favor, somos progresistas españoles!

Durante años, el Estado, independientemente del color político del Gobierno de turno, ha renunciado a ejercer la denominada alta inspección en materia de educación, a la que se refiere el artículo 27.8 de la Constitución: «Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes». Por su parte, el artículo 149.1.30ª preceptúa que el Estado tiene competencia exclusiva en la «Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».

Por tanto, la alta inspección debe ejercerla el Estado en los territorios autonómicos a fin de supervisar el cumplimiento de la legislación estatal y garantizar la igualdad de los españoles en materia educativa y los derechos lingüísticos. Y dicha alta inspección es diferente de la ordinaria o técnica, propia de las comunidades autónomas, cuya titularidad resulta fruto de las correspondientes transferencias en materia educativa. Y esa titularidad, como bien ha manifestado el que fuera presidente del Consejo Escolar del Estado, Alfredo Mayorga, aun siendo plena del poder autonómico, no es, sin embargo, exclusiva. A mayor abundamiento, los respectivos Estatutos de Autonomía respetaron la competencia estatal de la alta inspección. El que fuera ministro de Educación durante la Transición, José Manuel Otero Novas, sostiene que del articulado de la Constitución se desprende que el Estado tiene competencia exclusiva sobre planes de estudios, currículums y alta inspección educativa dentro de las escuelas, pero sucede que hoy la Constitución no se cumple. Se engañan entonces Casado y el resto de los políticos y engañan a los ciudadanos cuando polemizan acerca de que la Educación vuelva a ser una competencia del Estado. Ya lo es. Siempre lo ha sido. ¿Lo será o volverá a extraviarse?