Carmen Sánchez Maillo | 21 de febrero de 2019
El final de la legislatura más corta desde 1978 ha dejado sobre la mesa varias cuestiones que seguirán esperando respuesta cuando se retome la actividad política y legislativa tras las elecciones. Particularmente, el presidente saliente y su Gobierno dejan sobre la mesa la aprobación de la reforma de la ley educativa. Reforma educativa desde la cual se abre la posibilidad de eliminación de los centros de Educación Especial.
Tengo un sobrino con síndrome de Down y soy amiga de padres con hijos con distintos tipos de discapacidad intelectual, por ello esta cuestión no me resulta ajena. Percibo con sorpresa que unos padres que buscan con determinación admirable lo mejor para sus hijos ven que desde instancias que se erigen en su portavoz (CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y bajo el pretexto de plantear la inclusión total de la discapacidad en el mundo escolar, quieren privarlos a ellos de la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos, como si la decisión de acudir a la escuela especial no fuera suficientemente inclusiva y resultara discriminatoria.
Responde esta actitud al prejuicio igualitarista que considera discriminatorio el trato desigual a circunstancias desiguales, cuando es precisamente lo contrario. Tratar de forma distinta realidades distintas responde con precisión y justicia a la existencia de la diferencia. Cancelar las diferencias cuando estas existen y tratarlas sin distinción es tratarlas injustamente.
Bebés con síndrome de Down, una desaparición silenciosa
La integración de un discapacitado físico en un centro de educación ordinario resulta legítimo y necesario; en consecuencia, resulta aconsejable levantar las barreras físicas que lo impidan y mejorar las metodologías que lo promuevan. Sin embargo, son muchos los padres de niños con discapacidad intelectual que, después de experiencias en el sistema de educación ordinaria, saben que sus hijos necesitan algo más que el sistema ordinario no les puede ofrecer.
Las realidades de los discapacitados intelectuales son complejas, variadas y no son reconducibles a una única medida, necesidad o circunstancia. Lo cierto es que los centros de Educación Especial ofrecen a miles de niños en toda España lo que sus padres demandan y lo que estos niños necesitan, posibilitando una verdadera y adecuada inclusión, al conseguir resultados difícilmente alcanzables en el marco de la educación ordinaria, por su especialización.
Frente a esta realidad, que debería ser motivo de orgullo, pues España ha sabido afrontar con éxito las necesidades de miles de familias con niños con discapacidad intelectual, sin embargo, se moteja a la Educación Especial de “segregadora y discriminatoria”. Desde algunas instancias españolas, de nuevo el CERMI, se ha promovido una investigación contra el propio sistema español de Educación Especial por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contra la evidencia empírica de una historia de éxito.
Los niños Down en la familia . Un antídoto frente a la perfección y un bálsamo para la realidad
Un principio de elemental prudencia y sentido común sugiere que lo que funciona bien es mejor no tocarlo. Así, parece necesario alertar de una pretensión ideológica, no anclada en la raíz del problema, con motivos no del todo claros y que se sirve del principio de no discriminación para:
1. Poner en peligro injustamente el trabajo paciente de años de miles de docentes, padres y niños desarrollado en los centros de Educación Especial.
2. Generar una imposición intolerable a los padres en la elección de la educación de sus hijos.
3. Con la consecuencia final de discriminar efectivamente a su hijos ante el muy posible fracaso de su integración en un entorno educativo no preparado para acogerlos.
El igualitarismo excesivo e impuesto sin causa razonable es totalitario y resta libertad; en este caso, afecta directamente a la libertad educativa que los padres tienen, como primeros titulares de la educación de sus hijos.