Gonzalo Sanz-Magallón | 08 de febrero de 2019
La libertad educativa sufre graves ataques por parte de las Administraciones públicas. Los padres son los responsables de la formación de sus hijos y tienen derecho a elegir qué tipo de enseñanza quieren darles.
Distintas Administraciones públicas españolas han dirigido ataques muy serios al derecho de libertad educativa. Entre ellos, pueden señalarse la aprobación de leyes autonómicas en materia de LGTB y la imposición de la ideología de género en los centros públicos y concertados; la propuesta de eliminar colegios concertados de Educación Especial; la discriminación a los centros de educación diferenciada; la imposición de lenguas locales en diversas comunidades autónomas; el intento de excluir de las prácticas en hospitales públicos a estudiantes de universidades privadas en la Comunidad de Valencia; o la eliminación de la “demanda social” y las trabas para la enseñanza de la asignatura de Religión y para los centros bilingües en el proyecto de Ley Celaá.
Estas medidas han activado una necesaria y urgente iniciativa en defensa de la enseñanza no estatal, destinada a concienciar a la sociedad española de que son los padres los responsables de la formación de sus hijos y tienen todo el derecho a elegir qué tipo de enseñanza les quieren dar.
No es fácil de explicar por qué las familias españolas, tradicionalmente, no son mucho más activas reivindicando sus derechos en materia educativa frente a la Administración. Casi todo el mundo está de acuerdo en la conveniencia de que exista competencia entre los sectores de taxi y VTC para promover servicios de transporte más competitivos y, sin embargo, somos pocos los que venimos apelando a ese mismo principio para mejorar el sistema educativo y orientarlo a satisfacer mejor las diversas necesidades de sus usuarios.
La evidencia científica ha demostrado que la competencia entre centros y la existencia de escuelas no estatales impulsan notablemente la innovación del sector y la satisfacción de las familias. Podemos señalar, en este sentido, el interesante trabajo de Martin R. West y Ludger Woessmann (2010), que concluye que la existencia de colegios católicos propició menores costes y mejores resultados en las pruebas de Matemáticas, Ciencia y Lectura, en una muestra de más de 30 países.
El peligro de ideologizar la enseñanza
En el caso de España, existen varios trabajos del máximo rigor científico que demuestran el mayor rendimiento de los centros no estatales, entre los que podemos destacar el de Luis Miguel Doncel, Jorge Sainz e Ismael Sanz (2012).
A su vez, en Manuel M. Molina Gonzalo Sanz-Magallón, y María Carmen García Centeno (2018) se demuestran los efectos positivos de la competencia entre escuelas en la Comunidad de Madrid sobre los resultados de los alumnos en las pruebas de “Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI)”. Otros estudios han desvelado la mayor tendencia a trabajar ambos progenitores y ahorrar gastos en consumos superfluos cuando la familia opta por enviar a sus hijos a colegios o universidades privadas, deshaciendo el mito de que la enseñanza privada en España es para familias “ricas” (Gonzalo Sanz-Magallón, Gregorio Izquierdo, Tomás Curto, 2008).
Por tanto, la existencia de distintos tipos de educación, pública, concertada o puramente privada, no solo viene justificada por la pluralidad social y la existencia legítima de diferentes deseos y valores que la escuela puede transmitir. Es también un asunto de mejora de la eficiencia en el gasto público, ya que los monopolios limitan el bienestar económico y social y, frecuentemente, los consumidores se ven obligados a utilizar proveedores que no son de su agrado, ya que no tienen otras posibilidades.
Día Internacional de la Educación. Formar, pero en libertad
El sector de la enseñanza no estatal en España compite con desventaja frente a la pública, ya que buena parte de los centros concertados padece desde hace años de un “déficit de concierto” que no cubre la totalidad de los costes necesarios para ofrecer un servicio de calidad y obliga a buscar fuentes de financiación complementarias. En el caso de las universidades privadas, la ausencia de subvenciones limita sus posibilidades de tener una mayor penetración entre los estratos socioeconómicos más bajos, algo que sería muy deseable para mejorar las oportunidades profesionales de esos colectivos.
En definitiva, los derechos de las familias solo pueden garantizarse mediante una auténtica libertad educativa. La calidad del sistema debería promocionarse a través de la satisfacción manifestada por alumnos y familias en sus elecciones de modelos y centros educativos, en vez de en procedimientos de inspección por parte de las Administraciones públicas de muy dudosa eficacia, como se puso de manifiesto en las graves anomalías cometidas en estudios de posgrado de una universidad pública.
