Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciteHipócrates
A la tercera va la vencida. Tras dos intentos fallidos, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende zanjar de manera expeditiva una cuestión de profundo calado bioético: la eutanasia.
El pasado 11 de febrero, el Congreso de los Diputados dio el primer paso para despenalizar el delito recogido en el artículo 143 del actual Código Penal, cuyo apartado 4 establece: «El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo».
La propuesta del Grupo Socialista obtuvo 201 votos a favor, frente a 140 en contra y 2 abstenciones. Solo el Partido Popular y Vox se manifestaron en contra de la misma, por lo que, previsiblemente, la futura ley logrará la mayoría parlamentaria suficiente.
La norma, con rango de ley orgánica, debe pasar a la Comisión de Sanidad del Congreso, donde los grupos parlamentarios negociarán uno a uno sus 19 artículos y sus cuatro disposiciones adicionales. Después, se remitirá al Senado antes de su aprobación definitiva.
A partir de junio de 2020, asistiremos a un contrasentido: el derecho a acabar con la vida prevalecerá sobre el propio derecho a la vida. Una medida que, al margen de sus implicaciones éticas, choca frontalmente con el texto de nuestra Carta Magna.
A juicio de Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla: «Toda sociedad envejecida debe decidir si invierte en atención a los ancianos o si impulsa la eutanasia. Nuestro Gobierno social-comunista parece haber decidido que lo progresista es lo segundo».
Gracias al apoyo de su principal socio, Pablo Iglesias, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez inaugura su agenda de medidas sociales por la puerta de atrás. Su iniciativa busca una legalización exprés de la eutanasia, sin la conformidad de los expertos ni la consulta a la ciudadanía.
Olvidar la dignidad humana
Al tramitarse como proposición de ley, no es obligatorio el dictamen del Consejo de Estado ni el informe del Comité de Bioética, órgano encargado de asesorar sobre las materias más sensibles relativas a la biomedicina y la salud. Uno de sus miembros, el catedrático emérito de Genética Nicolás Jouve, hace la siguiente reflexión: “Si no tenemos claro lo que significa la dignidad, cometeremos el error de creer que algunas personas ya no son dignas de vivir… lo que nos llevará a justificar no solo la eutanasia, incluso la que se basa en criterios emocionales o compasivos, sino la que se practicó en la Alemania de los años treinta”.
De igual modo, tampoco será preceptivo el informe del Ministerio de Justicia ni del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que la aprobación de la nueva norma requiere la reforma del Código Penal.
Sufrir vs morir
La propuesta aprobada por el Congreso olvida que el enfermo no quiere morir, quiere dejar de sufrir.
Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 80.000 personas fallecen cada año sin recibir la asistencia que precisan.
El Ejecutivo da la espalda a la prevención y el alivio del sufrimiento, un asunto en el que España está a la cola. En vez de destinar los recursos humanos y materiales a mitigar el dolor del paciente, prefiere invertirlos en poner fin a la vida.
«¿Qué piensa del ser humano una sociedad que para paliar un sufrimiento muy grave mata al enfermo? Pues la respuesta es sencilla: dicha sociedad piensa que la vida humana no es un bien en sí mismo», apunta Jaime Vilarroig, profesor adjunto de Antropología en la Universidad CEU Cardenal Herrera.
El procedimiento
Cuando el paciente tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable, morir será una prestación más del Sistema Nacional de Salud, financiada por todos los españoles.
Según el texto presentado por el PSOE, el propio enfermo podrá solicitar la eutanasia a su médico. Si el caso se encuentra dentro de la ley, se recabará la opinión de un segundo facultativo.
Por último, la petición se enviará a una comisión de la comunidad autónoma correspondiente, que resolverá en el plazo máximo de 32 días.
La objeción de conciencia
La nueva regulación permite a los facultativos declararse objetores de conciencia. Este colectivo no mantiene una posición unánime respecto a su legalización, a pesar de que la eutanasia colisiona de manera frontal con el juramento hipocrático.
De hecho, el código deontológico del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”.
Tal y como afirma Tomás Chivato, decano de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, la misión de estos profesionales es defender y cuidar la vida desde su origen hasta su final.
Una sociedad que mata
La eutanasia es un asunto con implicaciones éticas, sociales, médicas y jurídicas. Un tema complejo y delicado al que el Gobierno quiere dar carpetazo por la vía rápida.
Los enfermos son los nuevos descartados de la sociedad. Da la impresión de que mejorar su vida no merece la pena y resulta más rentable acabar con ella.
Ante la adversidad, parece más fácil tirar la toalla que luchar. Pero nunca puede ser la solución cuando se trata de la vida, un bien que prevalece sobre cualquier otro.
Calendario de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia
Plazos:
– Hasta el 6 de marzo de 2020, a las 18 horas, criterio del Gobierno sobre la Proposición de Ley.
– Hasta el 10 de marzo de 2020, a las 18 horas, enmiendas.
Tramitación:
– Boletín Oficial de las Cortes Generales. Publicación desde el 28 de enero hasta el 31 de marzo de 2020.
– Gobierno. Contestación desde el 31 de enero hasta el 31 de marzo de 2020.
– Pleno. Toma en consideración desde 31 de enero hasta el 11 de febrero 2020.
– Mesa del Congreso. Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración desde 11 hasta el 18 de febrero de 2020.
– Comisión de Justicia. Publicación desde el 18 hasta el 21 de febrero de 2020.
– Comisión de Justicia. Enmiendas desde el 21 de febrero de 2020.