Cumplir la reforma laboral . Más controles y un mercado de trabajo flexible
Jesús Cogollos | 21 de febrero de 2017
Historia
Los políticos interesados en derogar el conjunto de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular quizá podrían reflexionar sobre si no conviene seguir apostando por la flexibilización del mercado de trabajo en España, si bien estableciendo, al mismo tiempo, suficientes controles legales y jurisdiccionales que eviten el fraude por parte de las empresas.
El pasado mes de diciembre de 2016, el PSOE conseguía aprobar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley destinada a derogar la reforma laboral, también llamada “Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral” del Gobierno del Partido Popular, con la abstención de Ciudadanos y del Partido Demócrata Catalán, antiguo Convergència y Unió.
Una de las medidas que incorporó la ley de reforma laboral del PP fue la posibilidad de agilizar la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada laboral por causas “económicas, técnicas, organizativas o productivas”, como fórmula alternativa a los despidos, suprimiendo el requisito de autorización administrativa y prorrogando las prestaciones por desempleo para tales supuestos.
Una de las medidas fue la posibilidad de agilizar la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada laboral por causas “económicas, técnicas, organizativas o productivas”, como fórmula alternativa a los despidos
La posibilidad de que el empresario pueda reducir la jornada de trabajo –y, por consiguiente, la nómina del trabajador de forma proporcional- parece a simple vista una medida impopular; sin embargo, a corto plazo puede suponer una alternativa al despido directo de los trabajadores, siempre –claro está- que el poder público se asegure de que la empresa se ve abocada realmente a un grave estrangulamiento económico-financiero.
De hecho, así fue entendido en diferentes momentos a lo largo de nuestra historia reciente, tanto desde la izquierda política como desde el conservadurismo. Por ejemplo, Federico Salmón Amorín, el ministro de Trabajo en España durante el año 1935 que, como es sabido, pertenecía a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), incluyó en una ley contra el paro obrero que aprobó aquel año –la cual pasaría a la historia llevando su nombre- que los patronos pudiesen establecer turnos de trabajo o reducir el número de días semanales de labor cuando aconteciese una grave crisis en la industria.
Las novedades del contrato único
Para evitar que las empresas defraudaran el espíritu de dicha ley, el propio Salmón firmó un decreto, el 29 de noviembre de 1935, en el que impuso a las empresas la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo su intención de resolver contratos de trabajo, lo que debían verificar a través del Jurado mixto competente –el organismo que en ese momento resolvía los conflictos de trabajo entre los patronos y los obreros. De esta manera, la autoridad laboral podría verificar de una forma efectiva la insolvencia empresarial y, llegado el caso, autorizar que los obreros se turnaran equitativamente en el trabajo. El citado decreto, en la medida en que coartaba la libertad de despido de las empresas, mereció una gran oposición por parte de las organizaciones patronales y económicas, aunque se mantuvo vigente durante los primeros años del franquismo.
La autoridad laboral podría verificar de una forma efectiva la insolvencia empresarial y, llegado el caso, autorizar que los obreros se turnaran equitativamente en el trabajo
El Ministro de la CEDA, de convicciones profundamente católicas, patrocinó una medida de dicho tenor porque estaba convencido de que la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores no podría alcanzarse mientras los obreros no percibieran unos salarios más justos pero, a la vez, creía que esto último solo sería posible cuando las reivindicaciones legítimas de los operarios se acomodaran a las condiciones particulares de las empresas y a la salvaguarda del bien común económico.
De igual forma en nuestros días, los políticos interesados en derogar el conjunto de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, quizá podrían reflexionar sobre si no conviene seguir apostando por la flexibilización del mercado de trabajo en España, si bien estableciendo, al mismo tiempo, suficientes controles legales y jurisdiccionales que eviten el fraude por parte de las empresas. Y es que en economía, como en otros ámbitos de la realidad, los planteamientos excesivamente rígidos y maximalistas suelen dificultar la vida de las personas y de la sociedad.
Foto de portada: Agencia EFE
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