Alfonso Bullón de Mendoza | 18 de abril de 2017
La posibilidad de que el Frente Popular no ganara las elecciones de 1936 cobra peso tras la publicación del último libro de los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa. El sistema de escrutinio y el control de las capitales fue clave en los resultados electorales.
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa son dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos bien conocidos por sus trabajos sobre la Segunda República, sobre la que ya han publicado por separado libros fundamentales, como es el caso de El precio de la exclusión (Madrid, Encuentro, 2010), La República en las urnas (Madrid, Marcial Pons, 2011) y Gil Robles. Un conservador en la República (Madrid, Gota a gota, 2016). El estrecho contacto que siempre ha existido entre ambos autores (no en vano, el primero dirigió la tesis del segundo), se plasma ahora en una nueva obra de forzada referencia: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Madrid, Espasa, 2017).
1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa
Espasa
656 págs.
24,90€
La obra comienza analizando el camino que llevó a las elecciones de febrero de 1936, cuyo origen debe buscarse en la visceral desconfianza del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hacia la CEDA, la formación de derecha católica que había ganado las elecciones de 1933 y a cuyo líder, José María Gil Robles, no quería encargar de forma alguna la tarea de formar gobierno, por más que pudiese disponer de la mayoría parlamentaria necesaria para ello. El desgaste del partido radical de Lerroux, provocado por diversos casos de corrupción o supuesta corrupción a los que Alcalá Zamora puso cuantos altavoces le fueron dados, hacía sin embargo que, en diciembre de 1935, al presidente de la República no pareciese quedarle otro remedio. Pero lo encontró. En las más pura tradición de la política caciquil de la Restauración, Alcalá Zamora designó presidente del Gobierno a Portela Valladares que, como él, había formado parte del Gobierno de concentración liberal encabezado por Manuel García Prieto en 1922-1923, aunque por lo breve de sus mandatos nunca llegaron a coincidir en el mismo.
Portela Valladares, a diferencia de Gil Robles, carecía del menor respaldo parlamentario, pero ello no arredró a Alcalá Zamora, que pensaba que aún podían ganarse las elecciones desde el poder. Su propósito era mantener suspendidas las Cortes el máximo tiempo que le fuera posible para que, durante ese lapso, Portela controlara los resortes del Estado y consiguiese ganar las elecciones con un partido de nueva creación. La reacción de las derechas fue más rápida y visceral de lo que había pensado (desde mi punto de vista, con un protagonismo de Calvo Sotelo bastante mayor del que le dan Villa y Álvarez Tardío, que ni tan siquiera lo citan en este apartado), por lo que don Niceto se vio obligado a convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936, con una segunda vuelta para los distritos en que fuera necesario el 1 de marzo.
A estas elecciones, las izquierdas, escarmentadas por lo ocurrido en 1933 y con el deseo de lograr la amnistía para los condenados por su participación en la revolución de octubre de 1934, concurrieron unidas en un Frente Popular en cuyo programa se dejaban claramente en evidencia las muchas disensiones que existían entre sus integrantes. En el caso de las derechas, la situación era más compleja, pues no era fácil integrar en una misma lista posturas políticas que, si bien encontraban un nexo de unión en situarse frente a la revolución de 1934, iban desde el centrismo de Lerroux a la extrema derecha carlista, pasando por la derecha posibilista de la CEDA que tanto se había desacreditado por el fracaso de su táctica ante la derecha monárquica de Renovación Española.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, los pactos que se fueron cerrando provincia a provincia consiguieron, por lo general, más apoyos de los que inicialmente se hubiera podido suponer. La unidad de cara a las elecciones era algo fundamental si se quería obtener el triunfo, pues el sistema electoral de 1931, que el libro describe con acierto y minuciosidad, no era proporcional, sino que primaba a la coalición más votada. Así, en Barcelona capital, la distribución de escaños era de 16 a 4 y, en Madrid capital, La Coruña u Oviedo, de 13 a 4 a favor de la lista más votada.
Para hacer las cosas aún más complicadas, el gobierno de Portela Valladares no mantuvo ni por asomo la imparcialidad estatal que hubiera cabido suponer, sino que se lanzó, utilizando todos los medios a su alcance, a la organización del nuevo partido de centro preconizado por el presidente de la República. Pero pronto quedó claro que las circunstancias de 1936 no eran las mismas que las de 1923 y, finalmente, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron a conseguir en cada provincia el mejor pacto posible para sus candidatos, fuera con las izquierdas, con las derechas o con ambas a la vez. Todo ello a la vez que se trataba, como política general, de perjudicar a las derechas, pues lo que Alcalá Zamora deseaba evitar a toda costa era un nuevo triunfo de la CEDA.
En lo referente al transcurso de la campaña original, lo más novedoso de la obra no es recoger el programa de los diversos partidos, que ya se conocía, sino la violencia política que precedió a las elecciones, que costó entre 41 y 50 muertos y 80 heridos graves, y cuyas características y tipología los autores estudian minuciosamente.
El centro de interés de la obra se encuentra, sin embargo, en lo que ocurre cuando termina la jornada electoral del 16 de febrero y comienza el recuento de los votos. Ante todo, debe resaltase que los autores tienen el gran acierto de describir pormenorizadamente cuál era el mecanismo del escrutinio y el trayecto que seguían los votos hasta ser debidamente cuantificados, lo que acabó teniendo una importancia difícilmente exagerable a la hora de explicar el resultado de las elecciones. A las 16 horas se cerraban los colegios electorales y comenzaba el recuento de votos. Una vez terminado, se elaboraba un acta con los resultados y se colocaba en la puerta del edificio y otras dos eran enviadas a la Junta Central y a la Junta Provincial del Censo, para lo cual el presidente de la mesa y los interventores debían ir a la estafeta de correos más próxima, donde depositaban la documentación. En las capitales de provincia, el proceso era más sencillo, pues bastaba con entregar la documentación en la Audiencia Territorial, sede de la Junta Provincial del Censo. Ello explica que los recuentos comenzaran por los votos emitidos en las capitales de provincia y que, posteriormente, se fueran añadiendo los resultados que iban llegando del resto de las poblaciones.
Habíamos llegado a la conclusión de que el Frente Popular había ganado las elecciones, pero con una mayoría menor que la que luego se atribuyó gracias a sus manejos. Tras la lectura de este libro, resulta muy dudoso que llegara tan siquiera a ganar los comicios
Cuando las izquierdas, que se habían lanzado a la calle para celebrar la victoria en Cataluña, Madrid y la mayor parte de las capitales de provincia, tuvieron noticia de que los votos que seguían llegando de numerosas poblaciones alteraban el resultado y que eran las derechas las vencedoras, optaron por hacer valer su presencia no para celebrar el triunfo que no habían conseguido, sino para cambiar los resultados mediante la manipulación del recuento que se celebraba en los gobiernos civiles. Y ello fue fácil, pues ganaran las derechas o ganara el Frente Popular, lo que era evidente es que el Gobierno de Portela Valladares había perdido las elecciones y lo había hecho de forma escandalosa. No estaban, por ello, sus hombres dispuestos a inmolarse en el mantenimiento del orden, máxime cuando Alcalá Zamora había desautorizado un primer intento de declarar el estado de guerra. Varios gobernadores civiles abandonaron sus destinos y Portela, pese a las reconvenciones de Alcalá Zamora, presentó su dimisión irrevocable, por lo que el propio día 19, antes de que terminara el cómputo electoral, el presidente de la República optó por nombrar a Manuel Azaña, confiando que, al entregar el poder a la izquierda, cesaran los desórdenes, pero no fue así.
Había muchas provincias donde ya no podían cambiarse los resultados electorales, pero en otras sí pudo hacerse (Cáceres, La Coruña, Las Palmas…). Y eso hizo que, según los datos ya adulterados que llegaron al Congreso de los Diputados, el resultado de la primera vuelta de las elecciones fuera de 259 escaños para el Frente Popular y 189 para las derechas, escaños estos últimos que luego se vieron muy disminuidos por la anulación de las elecciones en provincias en que había perdido el Frente Popular y por la anulación de numerosas actas obtenidas por las derechas por parte de la Comisión de Actas de las Cortes.
Tras la exposición pormenorizada de un gran número de datos, la conclusión a la que llegan los autores es que el resultado de las elecciones de febrero de 1936, de no haber tenido lugar el fraude a que el título del libro hace referencia, hubiera sido que el Frente Popular habría obtenido entre 226 y 230 escaños y las derechas, entre 223 y 227. Por lo que al voto popular se refiere y según los datos adulterados llegados a las Cortes, sus cálculos, que modifican los planteados en su día por Javier Tusell, atribuyen al Frente Popular 4.434.381 votos y 4.450 a otras izquierdas, frente a 4.402.730 de la coalición antirrevolucionaria, 324.276 del centro gubernamental y aliados, 279.730 de centroderecha y 134.551 de otras derechas. Ni que decir tiene que los datos reales debieron ser algo más favorables a las derechas.
Desde el mismo momento de su celebración, fueron numerosas las denuncias sobre las elecciones de 1936. Sin duda, la más radical fue la contenida en la primera de las conclusiones del Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, comisión de juristas establecida por el bando nacional, una vez comenzada la guerra:
la inconstitucionalidad del Parlamento reunido en 1936, se deduce claramente de los hechos, plena y documentalmente probados, de que al realizarse el escrutinio general de las elecciones del 16 de febrero, se utilizó, en diversas provincias, el procedimiento delictivo de la falsificación de actas proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; de que, con evidente arbitrariedad, se anularon elecciones de diputados en vanas circunscripciones para verificarse de nuevo, en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; y de que se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos, alcanzando lo consignado repercusión trascendental y decisiva en las votaciones de la Cámara.
Esta acusación, de manera más matizada, se encuentra también en declaraciones de Alcalá Zamora a la prensa una vez comenzado el conflicto y, sobre todo, en el segundo texto de sus Memorias y en el volumen correspondiente del primero: Asalto a la república, en el que da la impresión de que el político de Priego acabó llegando a la conclusión de que el Frente Popular no había ganado las elecciones. Y, por supuesto, es recogida por numerosos autores. ¿Carece, por ello, de interés la obra de Villa y Álvarez Tardío? Todo lo contrario. En primer lugar, porque quienes habíamos leído los textos ya citados habíamos llegado a la conclusión de que el Frente Popular había ganado las elecciones, pero con una mayoría menor que la que luego se atribuyó gracias a sus manejos y, sin embargo, tras la lectura de este nuevo libro resulta muy dudoso que el Frente Popular llegara tan siquiera a ganar los comicios. En segundo lugar y, sobre todo, porque Villa y Álvarez Tardío demuestran lo que antes tan solo cabía sospechar.
Su vida política sirve para explicar el periodo que llevó a España desde la monarquía de Alfonso XIII hasta la Guerra Civil.