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A Iglesias Turrión, el futuro empresario del sector audiovisual y antiguo dirigente comunista, quisieron colocarlo en el CNI dentro de un decreto ley de medidas contra el coronavirus. No deja de ser chocante la artimaña. Los españoles desconocíamos sus capacidades para combatir la covid. Fíjense hasta qué punto ignorábamos esas capacidades que resulta que nos asombramos del abandono obsceno que hizo de las residencias de la tercera edad, en las que sí tenía competencia, y en lo que brilló por su no comparecencia en tal cometido. Pero de espionaje, por lo visto, algo sabía y por eso lo metieron por la puerta de atrás de la covid. Poco tiempo tuvo para enterarse, hasta donde yo sé.

Sánchez, el interino que ocupa el dormitorio principal de la Moncloa, tiene una especial inclinación por abusar de determinadas ventajas que le otorga la democracia, especialmente del decreto ley, que hurta el debate y la fiscalización del Parlamento. Conviene reflexionar acerca de que, a lo largo de la historia, quien aprovecha de manera ventajista y poco ortodoxa las herramientas legales -ofendiendo de esa manera los consensos democráticos para su beneficio- tiende a deshonrar a la propia democracia. De alguna manera, ofende a la ciudadanía que lo sostiene. La buena teoría dice que quien gobierna en un régimen de libertad debe ser más virtuoso que la media. Es más, debe ser más justo e incorruptible cuanto más alto sea su cargo.

Sánchez ha abusado de los decretos leyes. Su Gobierno es el que más utilizó esta herramienta legal en toda la historia de la democracia reciente, desde 1977 hasta ahora. Es un récord lamentable que habla de la escasa fibra de honradez política que lo acompaña. Hay muchos tipos de corrupción. La económica es la más conocida y perseguida, pero la corrupción moral, que solo puede ser juzgada por el tribunal de los votantes, es, para mí, mucho peor.