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Cataluña vive desde hace años una anormalidad política que obliga en ocasiones a hacer lecturas erróneas, o al menos eso me parece a mí tras las elecciones del domingo. De momento, les voy a dar los siguientes datos: la población de Cataluña, con censo de 2020, es de 7.722.203 habitantes. El censo electoral es de 5.433.979. Los tres partidos independentistas suman exactamente, con el cien por cien de los votos escrutados, 1.360.696 personas, lo que quiere decir que apenas son el 17,6 por ciento de la población y tan solo la cuarta parte del censo electoral catalán. Con estos datos quieren llevar a ese trozo de España a la independencia. Como si la democracia, el imperio de la ley y el respeto a las normas constitucionales se arreglasen lanzando una moneda al aire y según como caiga, nos vamos o nos quedamos.

Me voy a atrever a exponer en voz alta algunas reflexiones que la inmensa mayoría de los analistas contradirán: ahora Sánchez sí tiene un problema, porque en su inmensa debilidad debe hacer frente al problema más serio que padece España y que afecta acualquier presidente del Gobierno de este país, desde que Zapatero enardeciese las ansias independentistas de un sector de Cataluña. Mientras llega el momento de comprobar la verdadera talla de Sánchez como estadista –reconozco que no espero nada de nada del personaje y su corte-, Cataluña seguirá cayendo en picado, aunque las cuentas del Estado le sean muy favorables. Hace tiempo que ha dejado de ser un territorio atractivo y se ha vuelto hostil para todos aquellos que generan riqueza.

Se equivocan quienes tratan de extrapolar los resultados del domingo al resto de España, pues nada tiene que ver con el caótico comportamiento político y electoral de Cataluña. Y es que la democracia es mucho más de lo que se pretende hacer en esa comunidad autónoma.