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Se ha propuesto suspender la protección de la propiedad intelectual en todo lo referente a la COVID. ¿Resolverá esto el problema que impide atajar la pandemia, es decir, la escasez de vacunas para la población de los países en vías de desarrollo? Esta escasez es una injusticia que supone el retraso en la inmunización de los desfavorecidos, si bien es cierto que son normalmente poblaciones más jóvenes y, por tanto, la pandemia es algo menos devastadora. Además, sirve de poco haber parado al virus en parte del mundo si la transmisión sigue en otras zonas, con la consiguiente evolución del patógeno por mutación, que podría hacerlo resistente a las vacunas administradas.

Todos de acuerdo, de entrada, en que por justicia, humanidad y necesidad global, las vacunas deben llegar a todo el mundo. Pero ¿es la suspensión de las patentes la solución?

Esta suspensión tiene su origen en una petición de la India (que tan solo ha aprobado una de las cuatro vacunas que se administran en España, la de AstraZeneca), a la que se sumaron mas de 100 países en vías de desarrollo, y que fue rechazada por la Unión Europea y otros países desarrollados. La cuestión se ha vuelto a poner de enorme actualidad cuando la Administración Biden, sorprendentemente, anunció su apoyo a la solicitud, después de una presión muy intensa de los lobbies demócratas y progresistas del Congreso americano.

Los solicitantes entienden que las vacunas no llegan porque los medios destinados a la producción no son suficientes y que la fabricación debe deslocalizarse hacia otras zonas del mundo. Para ello, esas fábricas deben contar con la tecnología, el know-how y los permisos de fabricación de forma gratuita. Así pues, no solamente se pretende suspender la aplicación de las patentes, sino obligar a dejar sin efecto los copyright, la protección de las marcas y los procedimientos no publicados (secretos industriales). Todo ello justificado por la excepcionalidad de la situación pandémica.

Para ser efectiva, la transferencia gratuita de todo el conocimiento debe ir acompañada del acceso eficiente al mercado de materias primas necesarias para la fabricación, y se deben resolver los problemas logísticos, muy importantes en países menos desarrollados, tanto para la recepción de materiales, la puesta en marcha de las fábricas, como para la posterior distribución de las vacunas. Se ha dicho que con esto se va a mejorar el desarrollo de estos países, pero no es descabellado recordar que se trata de resolver puntualmente una situación excepcional y no de hacer planes extendidos en el tiempo.

Ocho argumentos contra la liberación de patentes

La oposición a esta iniciativa está siendo muy importante, no solamente en los países europeos sino también por parte de las compañías farmacéuticas y de muchos grupos que opinan que la medida no solucionará nada, e incluso podría empeorar las cosas, además de no ser justa ni inteligente de cara al futuro. Se trata de que las vacunas lleguen a la gente, sí, pero para eso existen otras alternativas que, en opinión de muchos, pueden ser más eficaces, aunque quizá menos populistas. Los argumentos son los siguientes:

1.- Si no se produce más no es por falta de voluntad sino porque no se ha desarrollado completamente la investigación e innovación necesaria para aumentar la escala productiva, en especial de las vacunas más novedosas. No es una cuestión cuantitativa, de número o tamaño de fábricas, sino de perfeccionar los procedimientos que permitan manejar cantidades superiores.

2.- Como consecuencia de lo anterior, se va llegando a modelos de fabricación cada vez más complejos y sofisticados que contienen más y más metodología científica novedosa y cualificada. Por ello, se argumenta que el incremento de la producción debe hacerse con acuerdos entre las compañías propietarias de las vacunas y otras compañías farmacéuticas punteras, capaces de fabricarlas. Esta es una vía que está ya abierta y que, dado que está tutelada por los propios inventores originales, funciona bien.

3.- Si el aumento en la capacidad de fabricación ocurre en los países desarrollados, se aseguran los aspectos logísticos, así como la coordinación en el suministro de materias primas y una mejor distribución de las vacunas.

4.- Es muy importante distinguir entre las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y las clásicas (Johnson, AstraZeneca, Sinovac…). Las primeras precisan una tecnología mucho más sofisticada, en especial por lo referente a la conservación en frío, claramente fuera del alcance de numerosos países y fábricas. Buena parte de esa tecnología no está en las patentes sino que es parte del secreto industrial de estas compañías. Si se las obliga a cederlo gratuitamente, se puede poner en peligro todo su futuro, y no solamente lo que se refiere a estos productos concretos. Además, las patentes de las vacunas, en realidad, son familias de patentes que protegen los distintos elementos que constituyen la vacuna y distintos aspectos de la síntesis y la producción. Algunos elementos se utilizan en otras vacunas en desarrollo y quedarían desprotegidos. Es comprensible que las compañías opongan mucha resistencia.

5.- Si se intenta que esta producción se deslocalice, puede llegar a ocurrir que se cometan errores de producción y que se consuman recursos inútilmente, lo que podría llegar a ser contraproducente. Recuérdese el caso de la fábrica americana (una subcontrata de Johnson) que tuvo que ser cerrada, desechando millones de dosis ya fabricadas, porque no se habían respetado los rigurosos procedimientos GMP (Good manufacturing practices).

6.- Las vacunas de vector viral, como la de AstraZeneca o Johnson, al ser más clásicas sí podrían ser fabricadas con garantías en más puntos del mundo. Aun así, en todos los casos, si algo sale mal y aparecen efectos no deseados en los ciudadanos vacunados, ¿de quién será la culpa? ¿Cómo saber hasta qué punto el problema se debe a un una mala praxis en la fabricación y no a problemas de diseño de la vacuna o de mala trasferencia de la información?

7.- Lo que se intenta suspender es el acuerdo denominado TRIPS (aspectos relativos al comercio de los derechos de propiedad intelectual), pero este acuerdo internacional ya prevé situaciones excepcionales. Los Gobiernos pueden forzar a las compañías a ponerse de acuerdo para que fábricas locales produzcan medicamentos o vacunas imprescindibles para una situación excepcional. Por tanto, se duda de la necesidad de adoptar una medida tan insólita y no permanecer bajo el paraguas de los acuerdos internacionales de comercio.

8.- Hemos comentado otras veces que el sector público ya no tiene capacidad para desarrollar fármacos ni vacunas. Solo las grandes multinacionales farmacéuticas disponen de los medios necesarios para abordar una investigación que cuesta miles de millones de euros. Pero si abrimos la puerta a la inseguridad jurídica en el proceso, los recelos a la hora de lanzarse a investigar en el caso de necesidad mundial aumentarán.

En definitiva, se pretende adoptar una medida extrema y sin precedentes muy vistosa y popular a primera vista. Sin embargo, es dudosamente eficiente y necesaria y podría poner en peligro a las compañías que mejor han trabajado para sacarnos de esta pandemia, además de dar un mensaje muy turbio para el futuro del descubrimiento de fármacos y vacunas.