Javier Pérez Castells | 09 de abril de 2020
Aunque la salud de los enfermos con coronavirus es prioritaria, no podemos desestimar los problemas de pacientes con diferentes patologías, y mucho menos terminar con la dignidad y los derechos del individuo, en nombre del interés colectivo.
Vamos mejor, no cabe duda. Por las cifras oficiales de nuevos contagiados y, sobre todo, por lo que nos llega de muchos hospitales. Empiezan a tener camas libres. El número de curados sube a una velocidad que comienza a ser muy similar a la del número de nuevos ingresos. En IFEMA han curado a más del 58% de los 2.400 ingresados. Sin embargo, las UCI siguen hasta arriba, y lo seguirán estando unos días.
La estancia media en UCI es de 3 o 4 semanas y están llegando ahora enfermos que se infectaron hace quizá 20 días. Aunque en IFEMA se han creado camas de UCI de forma brillante, no es fácil ampliar la capacidad. En un contexto de falta de medios y en el que todo para todos ya no es posible, los profesionales tienen que tomar difíciles decisiones sobre a quién dedicar los recursos existentes. Por eso me fijé en el informe del Comité Nacional de Bioética sobre el coronavirus, del que se pueden extraer muchas enseñanzas interesantísimas para ahora y para el futuro.
Varios grupos de trabajo, que no vamos a citar, recomendaron criterios de trazo grueso, como el de la edad o el de la existencia de discapacidad o deterioro cognitivo a la hora de decidir quién no recibe atención intensiva, llegándose a proponer negar la ventilación mecánica a estos pacientes, incluso habiendo disponibilidad. Cuidado con terminar con la dignidad y con los derechos del individuo en nombre del interés colectivo.
Es muy peligroso simplificar y se cae en un concepto de utilidad social que deriva en dar valor distinto a unas vidas y a otras. Porque, tal y como está descrito, parece que los derechos individuales se pueden subordinar al objetivo de una agregación colectiva. Como si la pérdida de salud de un individuo se pudiera justificar por la que ganan otros. Como si se tratara de la operación matemática.
De ninguna forma se puede negar asistencia sanitaria por el criterio de edad, si hay recursos. Y ese criterio no puede ser el único en el caso de que falten. Respecto a discapacitados, debemos recordar que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad proclama que tienen los mismos derechos a la protección que cualquier persona. Romper con la equidad de las personas discapacitadas frente a las no discapacitadas a la hora de recibir atención médica abriría una puerta que nos daría lugar a una pendiente de muy difícil control, donde las vidas humanas tendrían distinto valor en función de cuestiones como la inteligencia, la formación, etc.
Estamos hablando de limitar los derechos a la protección de la salud, conculcando el artículo 43 de la Constitución. El marco general para la toma de decisiones debe estar determinado por una autoridad pública, al afectar a una alta disposición legal. Es la autoridad quien debe producir un marco de normas y recomendaciones que quiten estrés al personal sanitario, además de ayudarlo y protegerlo en sus decisiones.
¿Qué recomienda el panel a la hora de proceder con un ingreso en un contexto de falta de recursos? Lo primero que tiene que pensar un profesional sanitario es en cómo actuaría con ese paciente si no estuviéramos en una situación de excepcionalidad; cuál sería su decisión abstrayéndose del contexto. Solo habría dilema si la actuación que tomaríamos fuera de la situación excepcional no pueda tomarse por escasez de recursos. Ante la falta de recursos, las decisiones se deben de tomar de forma individualizada, nunca dar normas generales como el límite de edad. A pesar de la presión, la deliberación, en la medida de lo posible, debe estar apoyada por informes de la comisión de deontología.
Es decir, que aunque haya protocolos de priorización, eso no debe evitar la deliberación individualizada. Se señala que, aunque la salud de los enfermos con coronavirus es prioritaria, no podemos desestimar los problemas de enfermos con diferentes patologías, a los que tienen el mismo deber de atender. La adopción de un criterio de asignación puede basarse en la capacidad de recuperación del paciente, pero esto no puede desembocar en prejuicios hacia personas mayores o discapacitadas. Sería terrible discriminar a colectivos que son especialmente vulnerables ante la enfermedad. Se sugiere, en definitiva, utilizar tres criterios: el de utilidad social bien entendida, la equidad y la protección de los vulnerables.
Dos colectivos deben ser priorizados, no obstante lo señalado anteriormente: los menores y las personas esenciales para manejar el brote, incluyendo a todos los sanitarios. Los menores en esto son una excepción, porque la prioridad de atención a niños y adolescentes es algo recogido por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños.
Respecto al personal sanitario, hay que priorizarlo siempre, porque asume una tasa de riesgo y una carga mucho mayor que el resto de ciudadanos, precisamente para dar respuesta al problema de la pandemia, y eso tiene que ser compensado con la prioridad en su cuidado. Pero, además, hay una primera obligación ética importante para las autoridades sanitarias, que es que los sanitarios dispongan de material adecuado de protección y trabajen en condiciones de seguridad. Y que sea además equitativo para todos los lugares de España. Dado que esto se ha cumplido muy deficientemente, todavía con más razón debe priorizarse su cuidado en caso de contagio.
La epidemia puede ser una oportunidad para avanzar y para mejorar como sociedad, al menos en dos cosas: restablecer un criterio de valor social hacia determinadas profesiones y darse cuenta de que, al frente de un país, y con independencia de las ideologías, hace falta poner a gente capaz, formada, con criterio para saber lo que es importante. En este momento, en el que todos salimos a los balcones aplaudir por las tardes y que valoramos enormemente a sanitarios, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y otros colectivos clave, debemos grabar en nuestra memoria estas imágenes para que no se nos olviden cuando termine la pandemia. Para que entendamos qué profesiones tiene que gozar de prestigio, buenos sueldos y ser las más atractivas para lo mejor de nuestra juventud.
Y respecto a los gobernantes, el problema no es equivocarse, tomar decisiones erróneas, pasar cosas por alto. El problema en un mundo complejo es saber lo que es importante y lo que es urgente. El tiempo y el esfuerzo son limitados y, si se usan en cuestiones menores, una alerta de la OMS puede pasar inadvertida o no valorarse suficientemente. La talla intelectual, la altura de miras y la capacidad de desentrañar la realidad con equidad y justicia son imprescindibles en un gobernante.
Las próximas semanas serán terribles en España, pero la pandemia de coronavirus podría ser algo más corta de lo que dicen los científicos más pesimistas.
Se trata de un virus aviar que produce síntomas respiratorios parecidos al catarro, que pueden desembocar en neumonía, y que ya ha alcanzado una tasa de mortalidad cercana al 2%.
