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Tres han sido los errores que, como mínimo, ha cometido el Gobierno a la hora de afrontar la crisis económica derivada del coronavirus. El primero y más importante ha consistido en no frenar los contagios, a diferencia de lo que han hecho otros países, especialmente los asiáticos, donde las infecciones se han mantenido bajo control. El retraso a la hora de adoptar medidas, así como la negligente gestión evidenciada desde el estallido de la crisis, hace ahora un año, se acabaron traduciendo en confinamientos y duras restricciones a fin de evitar el colapso sanitario, con el consiguiente parón de la actividad empresarial.

El segundo gran error fue no articular los mecanismos de liquidez necesarios para evitar que un cierre temporal de establecimientos se acabe convirtiendo en permanente, siendo España el país del euro que menos ayudas ha concedido al sector empresarial, con apenas el 1,3% del PIB en 2020, frente a la media comunitaria del 4%, según el Banco Central Europeo (BCE). Y el tercero, que bien podría suponer la puntilla para muchos autónomos y empresas, ha sido disparar los impuestos en el peor momento posible. A las fuertes subidas fiscales aprobadas en los presupuestos de 2021, se suma ahora un cambio en el régimen especial de autónomos (Reta), por el cual este colectivo, que hasta ahora elegía libremente su base de cotización, pasará a pagar en función de sus ingresos.

El objetivo que persigue el Gobierno es recaudar hasta un 50% más, entre 5.000 y 6.000 millones de euros extra al año, para seguir parcheando el insostenible sistema público de pensiones. Aunque todavía se desconocen los detalles del nuevo sistema, la Seguridad Social estudia establecer hasta 13 tramos de bases de cotización en las que pasarían a encuadrarse estos trabajadores en función de los rendimientos netos obtenidos durante el ejercicio previo. Posteriormente, se verificarían los ingresos reales obtenidos y, al igual que sucede con la declaración de la renta, el Ejecutivo devolvería de oficio lo que se hubiera cotizado de más o bien exigiría lo pagado de menos.

Es pronto para saber con precisión el hachazo fiscal que supondrá esta modificación, pero lo que sí está claro es que muchos autónomos sufrirán una subida sustancial de sus cotizaciones. Según los últimos datos publicados por Hacienda, hoy por hoy, el 45% de los autónomos personas físicas registran unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. En concreto, 1,04 millones de autónomos ganan menos de 13.300 euros al año, de modo que, posiblemente, podrían beneficiarse de una reducción de sus cargas sociales, cuya cuota mensual mínima es de 286 euros al mes.

Autónomos en la cuerda floja

Sin embargo, los cerca de 1,3 millones de trabajadores restantes pasarían a pagar más. Y a estos hay que sumar a mayores algo más de un millón de autónomos societarios, de los que buena parte también vería sus cuotas incrementadas. De este modo, si bien el 30% experimentaría una rebaja, dos de cada tres autónomos podrían afrontar una nueva subida de cuotas, que, de media, podría rondar el 50%. Dicho aumento, siendo per se negativo, resultaría letal en un contexto como el actual, donde multitud de empresas y autónomos luchan por sobrevivir.

La pandemia ha tenido un impacto colosal sobre este colectivo. En la actualidad, más de 500.000 autónomos mantienen su actividad parada, pero lo más preocupante es que 300.000 prevén cerrar sus negocios de forma definitiva este año, según el X Barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Cerca de un millón ha sufrido pérdidas superiores a 30.000 euros durante la crisis y otros dos millones han visto caer su facturación en 15.000 euros o más. Si a esta debacle se añade un nuevo aumento de las cotizaciones sociales a partir de 2022, el Gobierno condenará al cierre a miles de autónomos que, pese a las ingentes dificultades experimentadas hasta el momento, aún tienen posibilidades de salir adelante.

Imagen destacada: Cartel de «cerrado» en un local de Córdoba. | Agencia EFE