Ana Samboal | 03 de julio de 2019
El Banco de España advierte de la subida del precio de las hipotecas tras la intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez, todavía en funciones, ha encontrado en su camino un hueso más duro que roer que cualquier partido de oposición: el Banco de España. En Cibeles, donde, a tenor de sus informes, se trasluce la impresión de que quieren recuperar para la institución el prestigio perdido con la catastrófica gestión de la crisis de las cajas de ahorro que hizo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya no se muerden la lengua a la hora de valorar las políticas públicas que impactan en la economía. Sus modelos matemáticos les indican que la subida superior al 20% del salario mínimo en un solo año redundarán en una menor creación de empleo y, a pesar de los desmentidos del Gobierno o las críticas de los sindicatos, mantienen su tesis.
Han hecho lo propio al analizar el mercado de la vivienda: la decisión del presidente de trasladar la carga del impuesto de Actos Jurídicos Documentados del beneficiario, el ciudadano que contrata un préstamo, al prestatario, la entidad financiera, ha generado un elevado coste para el comprador, que se ve obligado a pagar un tipo de interés mucho más alto del que rige en otros mercados europeos. Aunque el Banco de España no entra en una valoración política, la conclusión es obvia. Al intervenir en el mercado, Pedro Sánchez ha provocado una subida del precio de las hipotecas de tres décimas.
Si hay una lección que el presidente Sánchez puede extraer de la gestión de Rodríguez Zapatero es que las soluciones sencillas no existen
El que haga la cuenta mes a mes o de toda la vida útil del préstamo comprobará que sale por un pico. Pero esa decisión, que tan rentable mediáticamente le resultó a Moncloa, puede acabar pasándole factura a poco que el mercado se estreche. Y ha comenzado a hacerlo. Si hay una lección que el presidente puede extraer de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero es que las soluciones sencillas no existen. Su predecesor, cuando empezó a repuntar el paro, decidió gastar todo el excedente presupuestario en el tristemente célebre Plan E, que ni generó empleo ni riqueza.
Cuando se presentó la crisis financiera, no tenía fondos para sostener el sistema. Ese fue el principio de su fin. Sánchez no tiene dinero para gastar con tanta alegría como su predecesor, pero sí dispone del Boletín Oficial del Estado para agradar. Y es lo que hizo al revocar alegremente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.
El mercado de la vivienda siempre ha funcionado razonablemente bien en España. Los altos precios que han llegado a alcanzar los inmuebles obedecían a restricciones de oferta, todas ellas de origen político, y a la especulación. Pero nunca llegaron impactar en las hipotecas. La amplia red de la que dispone la banca minorista y la fuerte competencia en ese segmento de negocio en el sector financiero han favorecido siempre al consumidor, que ha podido contratar productos muy competitivos.
La prueba es la amplísima red de viviendas en propiedad que existe en España. Por tanto, tocar cualquier pieza, por pequeña que fuera, obligaba a estudiar y analizar detenidamente con todos los implicados las consecuencias. Sin embargo, la premura con la que el Gobierno actuó, en caliente, menos de veinticuatro horas después de que conociéramos el fallo del Supremo, evidencia que no se hizo.
La consecuencia era obvia de antemano. Si las entidades financieras apenas gozan de margen de maniobra en una economía de tipos de interés oficiales nulos y con el euríbor negativo, cualquier elevación de costes tenía que trasladarse necesariamente de forma más o menos inmediata al consumidor, el último beneficiario, tal y como lo señalaron los jueces. No fue automática porque la fuerte competitividad del sector obligaba a ir con cuidado, ajustando al máximo cada movimiento, pero era un hecho que se produciría. La subida de la hipoteca es la consecuencia directa de aquella decisión de Sánchez, pero ahora ya no es un problema en Moncloa, porque no ocupa las portadas de los informativos de televisión.
La realidad es que, por pura conveniencia política, se ha encarecido el acceso a un bien que el propio Gobierno reconoce como un derecho básico: la vivienda. Y lo que este hecho demuestra, como ha puesto en evidencia el Banco de España en su análisis económico, es que el populismo no es inocuo. En la economía, sus efectos se pueden observar en cifras, negro sobre blanco, con bastante más facilidad que en otras esperas de la vida pública. Puede resultar rentable al que lo aplica a corto plazo, pero a largo genera un indudable coste que pagan, en primer término, los más directamente afectados y, a la postre, el inductor. Que le pregunten a Zapatero…
Animar a que empresas y familias se endeuden por encima de sus posibilidades es justo lo que aconteció durante la burbuja crediticia de la pasada década.
