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El balance económico que arroja la crisis del coronavirus en España es uno de los peores del mundo. El PIB se hundió casi un 11% en 2020, la mayor recesión de la OCDE, mientras el número de parados reales, incluyendo afectados por ERTE y ceses de actividad, roza los 6 millones, con una tasa de desempleo efectiva próxima al 25%, a la cabeza del ranking internacional. Y, por si fuera poco, la cuentas públicas reflejan uno de los mayores desequilibrios de su historia.

La economía española se irá recuperando conforme la vacunación avance y el turismo vuelva a despegar con fuerza. Podrá tardar más o menos, pero es de esperar que el nivel previo de PIB se vuelva a alcanzar en un plazo de dos años, con la consiguiente reducción del paro, a poco que el Gobierno no torpedee el crecimiento con nuevas recetas erróneas. Esta crisis es muy diferente a la burbuja de 2007 y 2008, caso aparte, sin embargo, es la sostenibilidad de las finanzas públicas.

España padece hoy el mayor nivel de deuda y déficit de su historia reciente. El conjunto de las Administraciones públicas cerró el pasado año con un agujero de 123.000 millones de euros, el 11% del PIB, superando incluso el déficit de 2012 (10,7%), cuando se procedió al rescate de las cajas de ahorros. El gasto aumentó en más de 60.000 millones, hasta rondar los 586.000 (52% del PIB), al tiempo que los ingresos cayeron en 24.000 millones, situándose en un total de 463.000 (41,3%).

Como resultado, la deuda escaló hasta los 1,35 billones de euros, equivalentes al 120% del PIB. En concreto, la deuda aumentó en 157.000 millones y 24,5 puntos del PIB, tras contabilizar el agujero que deja tras de sí la Sareb, el conocido como banco malo, por importe de 35.000 millones extra, a raíz de un cambio contable de Eurostat.

Este crecimiento récord es consecuencia directa de la gestión de la pandemia y, aunque todos los países golpeados por el coronavirus sufren un importante deterioro en sus cuentas, España se sitúa ya entre los Estados con más deuda y déficit de la UE, junto con Grecia, Italia o Portugal. Se trata, además, de la mayor deuda desde hace más de un siglo, tras la guerra de Cuba y Filipinas.

Pero el indicador más preocupante, sin duda, es el déficit primario -descontando el pago de intereses-, ya que se sitúa por encima del 5% del PIB, superando incluso el descuadre de 2009. Este dato es clave, puesto que refleja la capacidad real del Estado para hacer frente a sus pagos a medio y largo plazo. Cuanto mayor sea el déficit primario, mayor riesgo de insolvencia. La OCDE, por ejemplo, recomienda a los Gobiernos mantener un superávit primario del 1% del PIB anual para poder reducir sus deudas y, de este modo, garantizar la sostenibilidad de sus cuentas.

El conjunto de las Administraciones públicas cerró el pasado año con un agujero de 123.000 millones de euros, el 11% del PIB

En una situación como la actual, donde buena parte de la deuda que emite España es comprada directamente por el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno tiene la falsa sensación de que se puede permitir este tipo de excesos, pero este salvavidas no durará eternamente. El manguerazo del BCE llegará a su fin, especialmente si repunta la inflación, y, a partir de ese momento, el coste de la deuda subirá, al tiempo que los inversores comenzarán a castigar a los Gobiernos más manirrotos e irresponsables.

España está en ese grupo y será entonces cuando aflore la dimensión real de la factura. La única forma de evitarlo es mediante la puesta en marcha de ambiciosas reformas estructurales para mejorar la competitividad, la eficiencia de los servicios públicos y el problema estructural de las pensiones sin necesidad de subir impuestos. PSOE y Podemos no tienen ninguna intención de acometer tal reto, sino todo lo contrario. La deuda pública, por tanto, será el germen del que brotará la próxima gran crisis en España.

Imagen destacada: Un ciudadano pasa frente a un local de restauración con carteles de protesta por el cierre de la hostelería por la crisis del coronavirus. | Agencia EFE