Javier Morillas | 07 de octubre de 2020
El inicio del curso escolar y la campaña de recogida agrícola ofrecen un respiro a las contrataciones, pero las cifras del paro indican tendencias negativas en aspectos esenciales para la recuperación.
Con 22 millones de activos y casi 20 millones de ocupados, la producción española alcanzó los 1,244 billones de euros en 2019. Pero la caída posterior amenaza con ser la más fuerte y la recuperación la más tardía de los países desarrollados, en consonancia con la paralización extrema de la actividad productiva ordenada por el Gobierno en marzo, sin parangón con ningún país de nuestro entorno.
En este contexto y recién salidos los datos de empleo, varios aspectos llaman la atención, siempre considerando que por el carácter estacional de la mayor parte de los indicadores, especialmente los del mercado de trabajo, las comparaciones deben ser interanuales. Primero, que los últimos datos de septiembre, con 3.776.485 millones de parados, suponen un incremento del 22% respecto a igual mes de 2019. Y creciendo, concretamente 26.000 desempleados más respecto al mes anterior. Por su parte, la afiliación ha crecido en 84.013 personas respecto a agosto, por lo que tenemos 18,87 millones de «teóricos» cotizantes a la Seguridad Social. Una aparente contradicción, la de más paro y más afiliación, que siempre se produce en septiembre. Y que ofrece un respiro por las recientes contrataciones fruto de la reapertura de colegios y campañas agrícolas de recogida.
El segundo aspecto a resaltar es que se desacelera el número de trabajadores que salen de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. En este sentido, cuando acabe la ficción de estos sabremos si se ha gastado bien el dinero del contribuyente o hubiera sido mejor invertir en ocupaciones y sectores más acordes con las demandas reales de «la gente», aprovechando para modernizar, digitalizar e impulsar cambios en nuestro modelo productivo, susceptibles de reducir la precariedad y la temporalidad laboral del mismo.
De hecho, solo 83.000 personas pasaron del ERTE a su empleo en septiembre en una dramática ralentización que no apunta nada bueno, en la medida en que quedan 728.909 personas en los ERTE, cuya continuidad en su puesto de trabajo es más que preocupante. De hecho, se corresponden con actividades relacionadas con el comercio y la hostelería, minadas no solo por la caída del consumo, sino también por cambios de hábitos ciudadanos que han venido para quedarse, como las ventas y la comercialización por internet, por el uso de plataformas de ingeniería informática, y la simple caída del consumo por limitación de gasto fuera del hogar en bares y restaurantes.
El tercer aspecto reseñable es que los parados de nacionalidad extranjera continúan creciendo en mucha mayor medida. Lo que supone que existen 700.000 parados extranjeros registrados, mayoritariamente no-comunitarios. Ello hace que la tasa de paro EPA de los trabajadores extraeuropeos (al margen, por tanto, Reino Unido, países de la ex-Yugoslavia y Ucrania) alcanza el 30%, frente al 15,33% de los españoles, según los datos del propio INE, creemos que no suficientemente puestos de manifiesto. Mientras que este problema no existe entre los más de 750.000 trabajadores italianos, franceses, británicos y otros, perfectamente integrados en nuestro aparato productivo y cotizantes a la Seguridad Social. Lo que rebela un muy grave problema de cualificación y, por tanto, de adaptación de aquellos inmigrantes extraeuropeos, quizás irresoluble, al mercado de trabajo de un país tecnológicamente alto-medioalto de desarrollo como es el español.
Solo 83.000 personas pasaron del ERTE a su empleo en septiembre en una dramática ralentización que no apunta nada bueno
En este aspecto, el Estado de bienestar va reventando sus costuras, como deduce la propia Comisión Europea en su propuesto Pacto por la Inmigración, y ya tenemos en España un total de casi 3 millones de personas recibiendo los diferentes ingresos públicos en sus distintos segmentos, entre «Prestaciones Contributivas», «Subsidios por Desempleo», «Renta Agraria», «Subsidio Agrario», «Renta Activa de Inserción» y «Programa de Activación para el Empleo», sin tener claros los datos sobre el recién creado Ingreso Mínimo Vital.
De hecho, tradicionalmente, el Paro EPA superaba en varios centenares de miles de parados al paro registrado, tanto que casi llegó a alcanzar el millón de diferencia, especialmente por el alto número de amas de casa y estudiantes que cuando eran entrevistados por el agente censal contestaban estar dispuestos a trabajar un mínimo de horas mensuales a tiempo parcial si se les ofrecía esa posibilidad. Ahora la situación es la inversa. El paro registrado supera ampliamente al paro de la encuesta, lo que hay que achacar a la expectativa de recibir ayudas del welfare, principalmente el Ingreso Mínimo Vital o cualquier otra ayuda. La sorpresa es que ahora, según el Gobierno, para recibir este no será necesario ni estar inscrito como demandante de empleo. Esto abre todavía más la posibilidad del fraude y la picaresca. Máxime cuando, a diferencia de las crisis clásicas anteriores, nadie podrá decir que pasa hambre, dados los mecanismos establecidos a través de las Cáritas parroquiales y las distintas ONG que semanalmente reparten alimentos gratuitos a las personas que lo demandan.
En este contexto, la perspectiva de una subida general de impuestos vía eliminación de exenciones sigue generando incertidumbre y fugas de capitales, que hasta junio ya alcanzaban los 40.000 millones de euros. Un aperitivo de la futura subida impositiva es la anunciada subida del IVA para la educación y la sanidad, tanto concertada como privada o de iniciativa social, hasta ahora exentas. Un ataque en toda regla a la libertad y la colaboración público-privada tan necesaria en estos tiempos de pandemia.
España ha sufrido multitud de quiebras a lo largo de su historia. La situación actual de la deuda pública vuelve a colocar al país en niveles de máximo riesgo.
El sistema está condenado a aplicar recortes, y, cuanto antes se reconozca esta realidad, más tiempo tendrán los trabajadores para planificar convenientemente su futura jubilación.
