Manuel Llamas | 08 de agosto de 2019
Las medidas que proyecta Pedro Sánchez de cara a la siguiente legislatura se traducirían en más déficit y mayor deuda pública.
España afronta la desaceleración con buena parte de los deberes sin hacer.
El país se verá afectado por la atonía que padece la economía europea.
España se asoma a un nuevo cambio de ciclo tras un lustro de fuerte crecimiento económico. El principal problema, sin embargo, es que el país, debido a la grave irresponsabilidad política de los grandes partidos, afronta este escenario de desaceleración con buena parte de los deberes sin hacer y, lo que es aún peor, bajo la firme amenaza de poner en marcha un conjunto de medidas profundamente contraproducentes y dañinas para la marcha de la economía en caso de que, finalmente, fructifique un acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos a la vuelta del verano.
En el último año, son numerosos los indicadores que venían avanzando un menor crecimiento del PIB en comparación con los ejercicios previos. España salió de la recesión a finales de 2013 y, tras un 2014 en el que registró un avance del 1,4% interanual, el PIB aumentó posteriormente a un ritmo del 3% o más durante tres años consecutivos para, luego, minorar la marcha hasta el 2,6% en 2018.
Este frenazo continuará en 2019 e incluso se acelerará. Prueba de ello es que la economía nacional apenas creció un 0,5% en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el primero, siendo este el peor dato desde los inicios de la recuperación.
La caída del consumo y, sobre todo, de la inversión empresarial explican, en gran medida, la peor evolución del PIB. Además, el Instituto Nacional de Estadística también certifica una menor creación de empleo y un preocupante estancamiento de la productividad, lo cual imposibilita una mejora sostenible de los salarios a medio plazo.
El menor impulso de la demanda interna no se está viendo compensado por el sector exterior y todo apunta a que esta tendencia decreciente se mantendrá en los próximos trimestres, a la vista de los últimos indicadores adelantados que maneja el Ministerio de Economía, ya que tanto las ventas como el consumo de electricidad, la matriculación de coches o la confianza del consumidor siguen experimentando un preocupante deterioro.
Asimismo, cabe recordar que España se verá afectada, de una u otra forma, por la atonía que, una vez más, padece la economía europea. El PIB de la zona euro tan solo avanzó un 0,2% en el segundo trimestre, la mitad que en el primero, al tiempo que su tasa interanual bajó al 1,1%, su menor registro desde finales de 2013.
Alemania está al borde de la recesión, Francia continúa estancada e Italia amenaza con convertirse en la nueva Grecia dada su desnortada deriva política y presupuestaria. Tanto es así que la actividad industrial de la zona euro cayó a 46,5 puntos en julio, su peor lectura desde diciembre de 2012, en plena crisis del euro, debido al fuerte descenso que han sufrido los pedidos como consecuencia de la tensión comercial a nivel global y las dificultades de la industria automovilística. Una marca inferior a 50 significa que el sector industrial está en recesión.
Nada de esto resultaría especialmente alarmante en caso de contar con un Gobierno decidido a aprobar las reformas estructurales que, desde hace años, precisa el país para impulsar la productividad y equilibrar las cuentas públicas mediante una profunda liberalización de la economía y un ambicioso plan de ajuste fiscal, pero la situación que presenta hoy España, por desgracia, se aleja mucho de semejante escenario.
El PSOE de Pedro Sánchez insiste en la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos para poder conformar Gobierno de aquí al mes de septiembre y, si bien descarta una coalición con el partido que lidera Pablo Iglesias, está dispuesto a firmar un amplio programa con medidas concretas de cara a la siguiente legislatura.
Dicho pacto podría incluir la derogación, parcial o total, de la reforma laboral, junto a otra desorbitada subida del salario mínimo, un histórico incremento de los impuestos, un encarecimiento de la energía, fuertes restricciones al mercado del alquiler y un aumento de gasto que, sin duda, se acabaría traduciendo en más déficit y deuda pública. Es decir, justo lo contrario de lo que necesita el país para sortear las nuevas turbulencias que se vislumbran en el horizonte.
No, el mayor riesgo de España no es la desaceleración, mayor o menor, del PIB, sino la ceguera de la izquierda a la hora de afrontar estas nuevas dificultades. Portugal no cosecha el aplauso de los inversores por el hecho de estar gobernada por los socialistas, sino por aplicar las recetas adecuadas para crecer de forma sólida y sostenible en el tiempo. Lo importante aquí es el cómo, no el quién.
La Alta Velocidad es un gastadero sin control cuyo objetivo consiste en la compra de votos haciendo un uso irresponsable del dinero del contribuyente.
Sánchez y Zapatero siguen el mismo patrón. Si el Gobierno dispara el déficit, intensifica el intervencionismo y sube los impuestos, se creará el caldo de cultivo para una nueva crisis.