José Manuel Muñoz Puigcerver | 09 de mayo de 2019
Revertir la silueta de la pirámide poblacional es la única manera de asegurar la sostenibilidad del sistema.
La Comisión Europea ha dado un importante toque de atención al Gobierno para advertirle de las graves consecuencias derivadas del déficit de 30.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía prevé incurrir durante los próximos tres años. En el documento enviado a Bruselas, el Ejecutivo estima la reducción paulatina del actual déficit del 1,4% del PIB a un 1,2% a finales de este año, un 0,9% en 2020 y un 0,4% en 2021 para, finalmente, corregir el desequilibrio por completo en 2022. Sin embargo, esos 30.000 millones de desfase entre ingresos y gastos pueden llegar a condicionar el cumplimiento del propio Plan de Estabilidad.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que este desajuste va a tener lugar durante un período que, en teoría, coincidirá con una fase alcista del ciclo económico. De hecho, en las últimas previsiones de la Unión Europea, el comisario Pierre Moscovici ha señalado que España crecerá un 2,1% en este 2019 y un 1,9% en 2020 (por encima de la eurozona, con crecimientos estimados del 1,2% y del 1,5%, respectivamente).
Sin embargo, habrá que estar atentos a las posibles correcciones de las que estas cifras puedan ser objeto ya que, como bien es sabido, España reacciona de manera tardía y acusada a los ciclos europeos: en situaciones de bonanza, la economía española suele presentar tasas por encima de la media, mientras que en épocas de desaceleración o de crisis ocurre lo contrario.
La subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% ha sido puesta en duda por las autoridades europeas
Por otro lado, cada vez son más los expertos que claman por reformas estructurales que resuelvan de manera duradera la sostenibilidad del sistema. Si bien es de celebrar el dato que apuntaba el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en referencia a los 2,3 cotizantes por pensionista en abril de este año, en comparación con los 2,26 del mismo mes de 2018, la viabilidad de las pensiones a largo plazo no va a depender de los aumentos o descensos puntuales que pueda experimentar ese ratio.
De hecho, la solvencia del aumento de los ingresos como consecuencia del incremento de las bases de cotización ligadas, a su vez, a la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3%, ha sido puesta en duda por las autoridades europeas, quienes valoran la posibilidad de que dicho aumento sea erosionado por el alza de las pensiones, nuevamente indexadas.
Precisamente, esa variación de la cuantía de las pensiones en función del IPC es uno de los mayores escollos para lograr el equilibrio de las finanzas de la Seguridad Social. Diferentes soluciones han sido propuestas desde las más diversas estancias para paliar el desajuste, desde el simple incremento de las cotizaciones o de los impuestos al aumento de la edad de jubilación condicionada a la evolución de la esperanza de vida. Algunas de esas proposiciones han sido más ingeniosas, como la de vincular la actualización de las pensiones al porcentaje de ingresos que permita financiar los gastos del momento.
España se halla en mínimos históricos en lo que a natalidad se refiere: en el primer semestre de 2018 arrojó un saldo negativo de 46.590 personas
Sin embargo, tal y como comentábamos anteriormente, sería conveniente prestar atención a los factores estructurales y, muy especialmente, a los demográficos para hallar una solución que perdure en el tiempo. La adopción de medidas cortoplacistas (aun pudiendo resultar eficaces) deberá ser, ineludiblemente, reemplazada por la incorporación a la ecuación de ciertas variables que permitan una mayor eficiencia en el largo plazo. No por casualidad, España se halla en mínimos históricos en lo que a natalidad se refiere: sin ir más lejos, en el primer semestre de 2018, se registraron 179.174 nacimientos, la cifra más baja desde 1941 (en plena posguerra), al mismo tiempo que el número de fallecimientos ascendió a 226.384, lo que arroja un saldo negativo de 46.590 personas.
Según Naciones Unidas, en 2050 Europa será el único continente que perderá población y este problema será especialmente acuciante en España, cuya tasa de fertilidad es una de las más bajas del mundo: 1,33 hijos por mujer en edad fértil, se revela un dato bastante lejano de los 2,1 necesarios para mantener el crecimiento vegetativo. Es, por tanto, en este contexto de depresión demográfica (donde tan solo la entrada de inmigrantes ha permitido que España no reduzca su número de habitantes en términos absolutos) en el que resulta imperioso revertir la silueta de la actual pirámide poblacional. Solo así, lograremos olvidarnos de los problemas causados por el déficit de la Seguridad Social de una vez por todas.
