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Tras una década de sometimiento a un estricto rigor fiscal por parte de las instituciones europeas, la Comisión solicitaba, el pasado 5 de junio, el cierre del procedimiento por déficit excesivo a España, tras finalizar el último ejercicio con un déficit público por debajo del 3%.

Los factores que explican este hecho son múltiples, aunque uno de los que ha influido de manera más decisiva ha sido el superávit fiscal experimentado por las Administraciones locales que, en el año 2018, ascendió hasta los 6.000 millones de euros como consecuencia, principalmente, de la llamada regla de gasto.

En 2013, el Ministerio de Hacienda, que entonces encabezaba Cristóbal Montoro, introdujo esta regla como parte de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas y, básicamente, consistía en el impedimento, por parte de los ayuntamientos, de incrementar el gasto público por encima del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía nacional.

#FEMP #CNAL
La nueva regla de gasto empieza a estudiarse en septiembre.
Política Territorial trabajará Ley de Contratos para subsanar problemas que genera en pequeños y medianos Ayuntamientos.
Hacienda revisará liquidación IVA 2017, que ha generado 700 M€ pérdidas #EELL. pic.twitter.com/NxEeKEktLF

— FEMP (@fempcomunica) August 23, 2018

Esta regla, muy polémica ya desde sus orígenes, vuelve ahora a ser objeto de una controversia derivada de las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que afirmaba haber llegado a un acuerdo con la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, para “flexibilizar” dicha regla. A pesar de ello, cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez se halla, aún, en funciones, y que una medida de dicho calibre debería ser implementada por el próximo Ejecutivo.

A pesar del notable éxito cosechado por la aplicación de la regla de gasto en términos puramente presupuestarios ya que, como contrafactual, parece bastante evidente que, de no existir, el superávit de los ayuntamientos habría sido menor o, incluso, inexistente y sustituido por un mayor déficit, lo cierto es que, desde el punto de vista de la gestión política, ha supuesto un verdadero dolor de cabeza para consistorios de todo signo.

Especialmente dolorosa resultaba su puesta en práctica en aquellas Administraciones que arrojaban un saldo presupuestario positivo y se veían imposibilitadas de realizar una inversión social mayor ya que, para esos casos, estaba previsto destinar dicho superávit a la amortización de la deuda. Por este motivo, el mero hecho de que la flexibilización (que no modificación) de la regla se halle en la agenda y de que se haya alcanzado algún tipo de acuerdo, aunque no sea en firme, ya es motivo de celebración para la FEMP.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es partidaria de modificar o actualizar la regla, sobre todo dotándola de mayor claridad, aunque en ningún caso de flexibilizarla para que los ayuntamientos continúen sujetos a severos límites de gasto. El ministerio, por tanto, deberá desempeñar su papel de mediador entre los diferentes actores y ser capaz de consensuar una solución que satisfaga a todas las partes.

Las entidades locales podrán usar el superávit para mejorar los servicios públicosAbel Caballero, presidente de FEMP

De hecho, tal y como se ha indicado, la regla de gasto ha cumplido una función trascendental en la consecución del objetivo de déficit establecido por la Unión Europea. Sin embargo, no se debe olvidar que se trata de una política fiscal de carácter procíclico, instaurada en un momento de grave recesión económica en el que las políticas restrictivas no contribuían, precisamente, a remontar la situación en el corto plazo.

Este hecho nos debería hacer pensar en la importancia capital de la realización de un buen diagnóstico para ejecutar las políticas económicas más pertinentes: la situación actual de la economía española no es la misma que en 2013 y las circunstancias presentes, así como los futuros desafíos a los que habrá de hacer frente, deberían anticiparnos la implementación de políticas anticíclicas a fin de que la próxima y eventual crisis no nos agarre tan desprevenidos.

Un contexto de incertidumbre

Las guerras comerciales, el brexit, la previsible subida de tipos de interés en la eurozona durante el primer semestre de 2020, las consecuencias del fin del programa de compra de activos por parte del BCE… Los retos que nuestra economía habrá de encarar próximamente son de suficiente calado como para que seamos capaces de aplicar los incentivos necesarios. Y si a la ecuación le añadimos que la inflación actual es del 1,2% y que, por tanto, se halla muy por debajo del objetivo del 2% establecido por la autoridad monetaria europea, nos encontramos con un margen más que suficiente para la aplicación de determinadas políticas de estímulos.

En este nuevo escenario, un empleo excesivamente rígido de la regla de gasto correría el riesgo de convertirse en una losa demasiado pesada, en lugar de mantenerse como un instrumento útil para la ejecución de políticas económicas exitosas.

Imagen destacada: María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, en la tribuna del Congreso. | congreso.es