Antonio Olivié | 12 de mayo de 2021
Tras la dimisión de Angelo Becciu, en la Santa Sede hay un empeño concreto por hacer más difícil que se repitan errores del pasado. Por ello, Se han tomado una serie de medidas que complican la discrecionalidad y el amiguismo.
Roma (Italia) | El pasado mes de abril el Vaticano hizo públicos un par de cambios legales directamente relacionados con el proceso al cardenal Angelo Becciu, que está a la espera de juicio. Son medidas que se suman a la centralización de los fondos que gestionaba la Secretaría de Estado, que desde enero dependen de otro organismo y que están bajo la supervisión de Economía. No basta con juzgar los posibles hechos delictivos, en la Santa Sede hay un empeño concreto por hacer más difícil que se repitan errores del pasado.
La dimisión de Becciu en el pasado mes de septiembre fue sorprendente. De un día para otro, quien había sido sustituto de la Secretaría de Estado y en ese momento era el prefecto para la Causa de los Santos, perdía la confianza del Papa. En un primer momento, el propio cardenal dijo que se le investigaba por malversación de fondos, en relación a dinero que había terminado en manos de sus hermanos. Unos hechos que se sumaban a su responsabilidad en la fallida inversión en un inmueble de Londres, que ha hecho perder al Vaticano decenas de millones.
Pero el caso no se ha quedado ahí. A lo largo de los meses ha aparecido Cecilia Marogna, una mujer sin apenas experiencia, a la que el cardenal otorgó cerca de 500.000 euros para misiones internacionales. Contra ella se dictó una orden de detención, retirada poco después, que le llevó a permanecer en prisión durante unos días de octubre. Ahora está en libertad, a la espera de juicio.
La discrecionalidad con la que se manejaba el dinero de los fieles en la Secretaría de Estado no solo ha hecho abrir un proceso. También ha provocado un cambio normativo para evitar futuros escándalos. Entre las medidas que se ha adoptado desde septiembre, cabe destacar estas cinco:
Desde el pasado 1 de enero, los fondos que manejaba la Secretaría de Estado pasan a depender de la Administración del Patrimonio Apostólico (APSA), bajo el control de la Secretaría para la Economía. De esta forma, inversiones como la que se hizo en el inmueble de Londres en la época de Becciu tendrán un mayor nivel de supervisión. Hay que recordar que el investigado cardenal italiano se negó en su día a que los responsables de Economía analizaran su departamento. Se consideraban fondos reservados.
Hasta la fecha, cuando un cardenal o un obispo era sospechoso de cualquier actividad delictiva en el Vaticano, solo podía ser juzgado por el Papa. El pontífice delegaba su autoridad en tres cardenales y dos jueces, que eran quienes afrontaban el proceso. En ocasiones, con delitos financieros por ejemplo, el tribunal no tenía preparación suficiente. La realidad es que desde el pasado mes de abril, los cardenales y obispos se someterán a la misma autoridad judicial que el resto.
Desde el pasado mes de abril, quienes colaboren con el Vaticano en cuestiones financieras serán investigados con anterioridad. Deberán demostrar que no han sido condenados por delitos graves, tener procesos pendientes, intereses en sociedades contrarias a la Doctrina Social de la Iglesia o mantener inversiones en paraísos fiscales. Algunas de estas características corresponden al perfil de quienes asesoraron al cardenal Becciu para invertir en el inmueble de Londres. ¿Quién fue el responsable del fracaso de esta operación? Es algo que se dilucidará en un próximo proceso.
En Roma, la ciudad en la que está el Vaticano, es normal que se agradezcan gestiones o favores con un regalo. ¿Dónde está el límite entre la demostración de amistad y el tráfico de influencias? Para evitar problemas, en el pasado mes de abril la Santa Sede decidió prohibir los regalos por un importe superior a 40 euros a todos los empleados.
El pasado mes de marzo se hizo público, por primera vez, la repartición de fondos del Óbolo de San Pedro, que permiten cubrir las pérdidas cuando el resultado de un año es negativo. En pleno periodo de crisis, debido sobre todo a los escasos ingresos de los Museos Vaticanos, también se ha hecho público el presupuesto para este año. Es un elemento que ayudará a fiscalizar las cuentas del Vaticano, dejando al descubierto los gastos para la actividad burocrática y los que corresponden a la evangelización.
Además, en el mes de junio, poco antes de que explotara el ‘caso Becciu’, el Vaticano hizo pública una nueva normativa de contratación. El objetivo era favorecer la transparencia, el control y la competencia en todos los procesos de adjudicación.
Nadie garantiza que no haya casos de corrupción en el futuro. Pero está claro que las nuevas normas hacen más difícil la discrecionalidad y el amiguismo. Mientras tanto, aún no hay fecha oficial para la apertura del juicio al cardenal que, por acción u omisión, ha favorecido tantas reformas.
El papa Francisco firmará la encíclica Fratelli tutti en el arranque de un curso marcado por la dimisión del cardenal Becciu, el coronavirus y la necesidad de apostar por «el camino de la solidaridad».
Las cuentas del Vaticano se han visto salpicadas por medias verdades y presuntos escándalos que no son reales. Los números no cuadran, pero es un problema crónico, no de hoy.