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De buena noticia económica cabe calificar la salida de Pablo Iglesias de la Vicepresidencia segunda del Gobierno. La imagen exterior de España mejora con la caída del Ejecutivo de quien en Bruselas consideran una especie de último Yanis Varufakis griego venido a menos. Antes de conocer la legislación electoral de la Comunidad de Madrid, estuvo manifestando no poder dimitir por estar negociando una mejor ley de vivienda que, para las provincias de alquileres más altos, pretende basarse en un llamado sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler. Un índice que fija para una zona un valor promedio en euros que, simplemente, se multiplica por la superficie construida. Sin valorar que pueden existir hasta casi 20 determinantes –con oscilaciones hasta del 50% del alquiler mensual- difíciles de ser recogidos estadísticamente.

Así, además de la ubicación, orientación, distribución, tamaño, altura, influye que la vivienda sea interior/exterior, con más/menos luz natural, con/sin ascensor, trastero, portero/horas de vigilancia, terraza, patio; estado, antigüedad, reformado o no y calidades; sistema de calefacción, y si es central/individual…; costes de comunidad, vacío/amueblado y eventual calidad del mobiliario; tipo de zonas comunes, con/sin piscina, áreas verdes, deportivas; con/sin plaza de garaje, por zonas de difícil/fácil aparcamiento. Y, por supuesto, la poca/mucha financiación y necesidad que tenga de alquilar el propietario, o de enlazar o no un inquilino con otro para no perder mensualidades.

Y es que el mercado del alquiler es coyuntural, cambiante, autorregulable dependiendo de una eficiente acción conjunta público-privada y del volumen de oferta pública. Más intervención, con sus injusticias, generará deterioro del parque, inseguridad jurídica y más economía sumergida. Por si fuera poco, el referido índice se basa en datos de fuentes tributarias obsoletas de 2018.

El conocido experto inmobiliario y económetra Iglesias Turrión tiene trabajo. Pero, al final, tuvo que abandonar el Gobierno, no sin antes haber conseguido la oportuna financiación para el rescate de la empresa hispano-venezolana Plus Ultra, con cargo al Fondo de Solvencia gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI. Y es que las empresas españolas tienen hasta el 31 de diciembre para acudir a los 10.000 millones de euros del referido fondo. Y casualidad que, en los 8 meses de vida de este, apenas ha otorgado 648 millones de euros en ayudas, cuando tiene solicitudes pendientes de casi 2.000 millones, la mayoría de empresas turísticas y tradicionalmente solventes, tipo Hotusa, Room Mate, Abades, Halcón-Barceló, Globalia-Avoris (recién atendida) y similares. Y cuando solo se habían aprobado 3 rescates de empresas: Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra, esta última envuelta y enmascarada en el ámbito «turístico» (sic).

Un claro botón de muestra de por qué el Gobierno sigue sin querer constituir una comisión mixta independiente que analice la correcta asignación de los fondos europeos. Que evite las ayudas de carácter clientelar, o a empresas inviables o sin efectos de arrastre y modernización de la economía española. Porque Plus Ultra es una minicompañía en pérdidas desde hace años, ya antes de la pandemia, que opera con apenas 4 cuatrimotores antiguos supercontaminantes, pertenecientes al entramado internacional, familiar y empresarial chavista. Una financiación que ha sido denunciada por el propio sector aéreo como una ayuda política más que financiera, negando su «carácter estratégico».

Una ayuda de 53 millones carente de toda racionalidad económica, cuando miles de empresas españolas altamente evaluables, viables y de gran valor añadido para nuestro aparato productivo se debaten entre la vida y la muerte, sin recursos posibles. Algo que esperamos sea denunciado formalmente por alguno de nuestros eurodiputados ante el Parlamento y la Comisión Europea, incluso ante el propio Tribunal de Justicia de la UE. Cuando ahora Iglesias, tras devolver un nuevo favor al entramado personal del presidente Nicolás Maduro, se descuelga en Madrid a la desesperada. Antes de terminar como un juguete roto más de Pedro Sánchez, sabedor de que las encuestas sobre su partido y su propia persona le daban la peor de las valoraciones.

Imagen destacada: El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. | congreso.es