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Quizás algunos ya no se acuerden de aquellos aciagos días en los que la prima de riesgo era tema de conversación habitual en las comidas familiares de los domingos y el café matinal de los bares, pero esa pesadilla no se ha esfumado, sino que permanece latente a la espera de una nueva tormenta con la que resurgir. Fue en 2011 y, especialmente, en 2012 cuando este concepto irrumpió con fuerza en los hogares de España.

La prima de riesgo, que no es otra cosa que el diferencial entre la rentabilidad del bono español y el alemán a diez años, alcanzó entonces cifras récord, llegando a superar los 700 puntos básicos, evidenciando con ello la situación de creciente insolvencia que padecía el Estado. Aunque la deuda pública se suele interpretar como una inversión de bajo riesgo, lo cierto es que los Gobiernos suelen quebrar de forma más habitual de lo que muchos piensan, ya sea vía impago o inflación. Tan solo la intervención inesperada del Banco Central Europeo en el verano de 2012 logró aplacar el pánico de los inversores, tras prometer que compraría toda la deuda que fuese necesaria para salvar, entre otros, a España y, de este modo, evitar la temida ruptura del euro.

El juego suicida orquestado desde Moncloa parte del supuesto de que España es «demasiado grande para dejarla caer»

Hoy, la situación económica y financiera es muy diferente, sin duda, pero el riesgo a medio y largo plazo es similar. El mundo se enfrenta a la mayor crisis fiscal de la historia reciente, con un déficit descomunal, que bien podría superar el 10% del PIB global, con lo que los Estados, ya de por sí endeudados, tendrán que salir al mercado para obtener financiación por valor de billones de euros. Semejante demanda elevará la presión para discriminar entre los Estados verdaderamente sólidos y los que, por distintas razones, no son de fiar, exigiendo, por ello, tipos de interés más altos para poder prestarles dinero.

España, por desgracia, se encuentra en este último grupo. Y las razones son, básicamente, tres. En primer lugar, la crisis económica. España sufrirá una de las mayores recesiones del mundo en 2020, con una caída del PIB próxima, posiblemente, al 14%, y con una de las tasas de paro más altas, cercana al 20%, sin que haya visos de una recuperación firme en los próximos ejercicios. En segundo término, su histórico desequilibrio fiscal. El déficit público se situará muy por encima del 12% del PIB este año y difícilmente bajará del 8% el siguiente, registrando así uno de los agujeros más grandes de la Unión Europea.

Aunque lo más grave no son estos números, ya de por sí preocupantes, sino la estrategia del Gobierno. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias quieren evitar los recortes de gasto público a toda costa, a sabiendas de que cualquier ajuste podría costarles el cargo, tal y como en su día le sucedió al también socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el motivo por el que acaban de aprobar un aumento histórico del techo de gasto para 2021, de casi el 54%, hasta rozar los 196.000 millones de euros, con la excusa del coronavirus. ¿Era imprescindible semejante dispendio para cubrir las necesidades derivadas de la crisis? No desde el punto de vista presupuestario, pero sí a nivel político.

PSOE y Podemos pretenden gastar cuanto más mejor por puro electoralismo, para intentar mantenerse a flote en medio de la mayor crisis sanitaria y económica que ha sufrido España, pero siendo conscientes, además, de que tan solo poseen una baza ante Bruselas, la del «too big to fail». El juego suicida orquestado desde Moncloa parte del supuesto de que España es «demasiado grande para dejarla caer», de modo que poco o nada importa disparar el déficit o la deuda hasta niveles insostenibles, más bien al contrario. Cuanto más grande se haga el problema, más difícil será para la Unión Europea esquivar el rescate indiscriminado e incondicional de España bajo la amenaza directa de romper el euro. El plan de Sánchez e Iglesias, por tanto, sigue la desastrosa estela que inició Grecia en 2010.

Imagen destacada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Consejo Europeo celebrado los primeros días de octubre en Bruselas. | Pool Moncloa-Fernando Calvo