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Considero cada vez más importante que en la difusión de las estadísticas oficiales del mercado de trabajo aparezcan mensualmente, y muy diferenciados, el total de empleos creados por el Estado y los creados por la iniciativa privada y la sociedad civil, como ocurre en Estados Unidos y otros países desarrollados.

Porque España va a ser el país de la Unión Europea que más empleo público creará en 2021, según los últimos presupuestos generales del Estado (PGE). Dicho empleo aquí comprende no solo a los «funcionarios», como personas que han adquirido su puesto de trabajo «por mérito y capacidad» en una oposición abierta y limitada en número; están también los «interinos», que conviven con los anteriores sin haber obtenido plaza, pero ocupando temporalmente una en la que muchos quedan enquistados durante años por razones varias; y junto a ellos están también las aleatorias «contrataciones laborales» y de «eventuales», muchas veces politizadas.

Es en estos dos colectivos donde más ha crecido el empleo público. Y, en todo caso, no es fruto de la COVID, que demandaría mayor número de profesores o sanitarios. Es una tendencia. La EPA del I trimestre de 2020, cuando apenas la pandemia había impactado dos semanas, ya mostraba crecimientos más rápidos del número de empleados en el sector público que en el privado. Un diferencial que se ha consolidado al analizar las Encuestas de Población Activa, EPA, del II y III trimestres. Y en 2021 seguirá creciendo a pesar del alto paro, incrementándose el gasto estatal con desembolsos corrientes centrados en el rédito electoral sin priorizar la inversión productiva. Y quedando claro que los grandes esfuerzos ante la crisis los están asumiendo autónomos y empresas privadas.

Así, el volumen de empleo público ha venido experimentando un claro incremento desde los 2.519. 383 de 2017. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas daba, en enero de 2020, un total de 2,6 millones, tras la sobrecontratación producida durante la actual Presidencia Sánchez, incluso superando y deshaciendo con creces anteriores reducciones de plazas por mejoras de eficiencia y jubilación. A todo ello habría que añadir el empleo y la múltiple contratación llevada a cabo en las instituciones, fundaciones, y empresas públicas y parapúblicas, con lo que saldrían los 3,2 millones de empleados públicos que muestra la reciente EPA. Superando en cuantía a los 2,3 millones de Alemania y ligeramente los de Italia, con 83 y 60 millones de habitantes, respectivamente.

Además, hoy ante una crisis económica histórica y según los PGE, todos se beneficiarán de una subida salarial del 0,9%, muy superior al actual IPC negativo; algo anómalo en una economía hiperendeudada y de baja productividad; lo que debiera corregirse por solidaridad con los 3,7 millones de parados, más los otros 2,4 millones de «paro oculto» por los ERTE, el subempleo y quienes no han pasado todavía por las oficinas del SEPE. Aunque cabrían excepciones focalizadas en sanidad o fuerzas de seguridad, como en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Polonia, incluso dando ejemplo el propio Gobierno y altos cargos con donaciones anti-COVID de sus sueldos, como en Austria o Bulgaria. Pero no ha bastado la crítica del Banco de España. Ni el aviso de Bruselas por encabezar el déficit en la UE con un -12,2%, caer el PIB un 12,4%, y endeudarse en 2 años hasta un previsto 123%.

Efecto expulsión

Y es que el empleo público tiene características singulares en una economía. Por un lado, sus integrantes tienen garantizado el empleo con independencia de la fase del ciclo en que esté la economía del país. Por otro, suponen un suelo claro ante eventuales caídas de la demanda durante las fases bajistas del ciclo, estabilizando un cierto nivel de consumo. Asimismo, en compensación a su garantizada estabilidad laboral, tampoco tienen unos grandes sueldos, lo que alimenta un saludable flujo laboral público-privado.

Pero, si sumamos a los 3,2 millones señalados, los 8,8 millones de pensionistas, más los 2 millones de beneficiarios de prestaciones (también creciendo), obtenemos 500.000 personas más recibiendo sueldos o transferencias del Estado. O sea, 14 millones de dependientes del Estado mantenidos por solo 13,5 millones de asalariados del sector privado, también según la última EPA. La carga de la pólvora del rey puede acabar lastrando la fuerza de la sociedad civil. Se llama «efecto expulsión».