La economía del resentimiento y los orientadores
Javier Morillas | 18 de enero de 2021
Necesitamos que surjan auténticos Centros de Empleo de barrio, competitivos, privados, interesados en casar ofertas y demandas de trabajo.
Podríamos definir la economía del resentimiento como aquella que lleva a cabo un Gobierno que, en vez de centrarse en acometer reformas propias, pretende desmontar las ajenas sin valorar objetivamente los positivos efectos de estas en el bienestar ciudadano. Es el caso de los permanentes ataques del Gobierno a la Comunidad de Madrid, asociando su subida generalizada de impuestos a una pretendida «armonización fiscal» que cubra la mala gestión de sus socios de la Generalitat, que pretendían convertirse en el Luxemburgo levantino. Sus 18 impuestos frente a la simplicidad fiscal de Madrid, con solo 3 impuestos propios, se traduce ya en un PIB per cápita madrileño de 35.900 euros, frente a 31.100 de Cataluña, sustituyéndola como locomotora y primera región española en PIB con sus 240.000 millones de euros.
Así, con unas cuentas equilibradas, un consistente control del gasto y una continua rebaja impositiva ha conseguido una recaudación por IRPF, Patrimonio, Transmisiones y Capital de 12.077 millones de euros. Aporta el 70% de las contribuciones al Fondo de Solidaridad nacional. Y contribuye a la caja estatal con 23.000 millones más que la Generalitat desde 2010. La cual, con otrora grandes ingresos presupuestarios, ingresa 11.752 millones. En déficit creciente. Con su despilfarro identitario y autofijándose los sueldos más altos de la Administración española, aporta solo el 24% al referido fondo.
Los últimos datos oficiales sobre inversión empresarial sitúan a Madrid como líder en el ranking de las comunidades autónomas, donde las empresas más han aumentado capital, con 6.053 millones de euros entre enero y octubre de este año, duplicando casi los 3.443 millones de ampliaciones de capital en Cataluña durante el mismo periodo. Madrid lideró también la creación de empleo en España con 138.900 nuevos puestos de trabajo, el 34,5% de todo el empleo creado en España en el último ejercicio, 51.900 empleos por encima de los 87.000 empleos nuevos que se apunta Cataluña. El plus de capitalidad ayuda, pero existe desde 1561. También la renta portuaria y de situación de Barcelona respecto al resto de Europa, cuyo potencial se dilapida diariamente como centro de distribución y redistribución de bienes y servicios en el Mediterráneo. Solo de enero a noviembre, 433 empresas catalanas más se han instalado en Madrid.
El retorno de los «orientadores»
En la misma línea, desde el Gobierno central, el Ministerio de Trabajo se apresta a crear la figura del «Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo», cuyo objetivo teórico «es diseñar y evaluar programas de orientación, así como promover actuaciones de desarrollo y mejora de las actuaciones de orientación personalizada». Es decir, lo mismo de siempre. Y casi con la misma literatura pasada de siempre. Incluso amenazan con poner en marcha antes de fin de año «20 centros y 10 planes de trabajo». Mientras que para 2021 hay ya presupuestados 551 millones de euros, dentro de las políticas activas de empleo. Aunque la figura del «orientador» se incluyó en el ordenamiento laboral de 2008, desapareció en 2012 por su nulo resultado. Años después, la ministra Magdalena Valerio los resucitó contratando 3.000 «orientadores», igualmente ineficientes. Ahora se pretende crear una «red estable» que el Ministerio de Trabajo negocia con los de Hacienda y Función Pública.
La realidad es que para pagar subsidios y prestaciones por desempleo no se necesita una costosa macroestructura con 52 direcciones provinciales y más de 700 inmuebles repartidos por toda España, para apenas conseguir un 2% de intermediación. Lo que necesitamos es que surjan auténticos Centros de Empleo de barrio, competitivos, privados, interesados en casar ofertas y demandas de empleo. De la misma forma que la capilaridad de las entidades inmobiliarias privadas lo hace en el mercado de la vivienda, dando transparencia, y casando localmente las ofertas y demandas de alquileres y compraventas. Sin coste público.
Imagen destacada: La ministra de Empleo, Yolanda Díaz. | mites.gob.es
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