Manuel Llamas | 21 de junio de 2019
El agujero de la Seguridad Social es permanente, pues el problema es demográfico. Los españoles se ven obligados a pagar más para cobrar menos.
La quiebra de la Seguridad Social no es de ahora, sino de siempre. El Tribunal de Cuentas acaba de alertar en un informe que el sistema público de pensiones registró un patrimonio neto negativo de 13.720 millones de euros en 2017, enfatizando así, una vez más, la delicada situación que atraviesa el actual modelo de reparto. Sin embargo, esta cifra tan solo refleja una parte muy marginal del agujero total que padece la Seguridad Social. Las pensiones públicas sufren un déficit estructural desde el año 2012, momento a partir del cual la recaudación derivada de las cotizaciones sociales no alcanza para cubrir el pago de las prestaciones contributivas.
El sistema cerró el pasado año con un descuadre próximo a los 19.000 millones de euros, acumulando así unos números rojos de más de 100.000 millones desde el cierre de 2011, equivalente a unos 10.650 euros por pensionista. Como consecuencia, las pensiones se han tenido que sufragar vía deuda durante este período. Primero, recurriendo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”, cuya cuantía se ha desplomado desde los 66.000 millones de euros, que llegó a gestionar en 2011, a menos de 5.000 millones que registrará este mismo ejercicio. Y, segundo, mediante los recurrentes préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social, cuya factura superará los 40.000 millones de euros a finales de 2019.
Dado que pagar parte de las pensiones a cargo de la deuda pública resulta muy arriesgado e insostenible a largo plazo, la cuestión radica en saber cómo cerrar el citado déficit para asegurar la solvencia del modelo vigente. Y la respuesta, por desgracia, no es otra que vía impuestos, por un lado, y nuevos recortes en las prestaciones, por otro, de modo que tanto los contribuyentes como los pensionistas, presentes y futuros, acabarán cargando con el coste de mantener este sistema.
Tanto los contribuyentes como los pensionistas, presentes y futuros, acabarán cargando con el coste de mantener este sistema
Nada nuevo bajo el sol. En realidad, esto mismo es lo que viene pasando desde hace décadas, ya que la quiebra de la Seguridad Social es permanente. Que el sistema esté quebrado no significa que el Estado vaya a dejar de pagar a los pensionistas de un día para otro, sino que, de forma soterrada y torticera, incumplirá de nuevo las promesas que hizo en su día a los cotizantes. En este particular ámbito, la suspensión de pagos no implica necesariamente dejar de pagar, sino modificar de forma unilateral y coactiva las condiciones inherentes a los compromisos adoptados por la clase política.
Así, desde los años 80, se fueron ampliando de forma progresiva tanto los años de cotización obligatoria como el período de referencia para calcular la pensión o la edad legal de jubilación, entre otros factores clave para determinar el importe y duración de las pensiones. Antes de 1985, apenas bastaban 10 años de cotización para cobrar el 100% de la prestación al cumplir los 65 años, al tiempo que la cuantía a percibir se calculaba sobre la base de los dos últimos años de sueldo y las cotizaciones servían para cubrir el gasto sanitario. Hoy, sin embargo, se requieren 37 años de cotización para percibir el 100%, la edad de jubilación se ha elevado a los 67 años y la pensión se calcula sobre los últimos 25 años cotizados, sin contar, además, que la Sanidad pública se financia ahora vía impuestos (IRPF, IVA…) y no cotizaciones. De este modo, los españoles se ven obligados a pagar más para, en última instancia, cobrar menos.
Tarde o temprano se acabarán realizando nuevos ajustes para tratar de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, ya que el problema estructural es demográfico
Esta misma senda es la que impuso el PSOE con su reforma de 2011, cuando elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, ampliando la base de cotización de los 15 a los últimos 25 años de vida laboral y fijando en 37 años cotizados el mínimo para cobrar el 100%; y la que también estableció el PP con su reforma de 2013, cuando desvinculó la revalorización de las pensiones del IPC y ligó el importe de la prestación inicial a la evolución de la esperanza de vida. Aunque parte de estos últimos cambios han sido suspendidos temporalmente por el Gobierno, tarde o temprano se acabarán realizando nuevos ajustes para tratar de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, ya que el problema estructural es demográfico.
La clave es que la ratio entre ocupados y pensionistas descenderá, sí o sí, debido a la ausencia de relevo generacional. Si con cerca de 10 millones de pensionistas y 19 millones de cotizantes el sistema está en déficit, imagínense lo que sucederá en 2050, cuando el número de cotizantes y receptores casi se iguale. Como resultado, en caso de mantenerse el actual modelo de reparto, la pensión inicial, que hoy equivale al 80% del último sueldo, bajará hasta el 50% o menos, mientras que los trabajadores pagarán más impuestos y cotizaciones para cubrir dichas prestaciones. Los políticos lo negarán, como siempre han hecho, pero la realidad es la que es. La quiebra de la Seguridad Social la pagaremos todos.
Revertir la silueta de la pirámide poblacional es la única manera de asegurar la sostenibilidad del sistema.
