Rafael Ayala | 21 de junio de 2021
La idea de tener una oficina de prospectiva es una buena idea, que solo dependa de la Moncloa no lo es tanto. El plan España Puede no tiene un sistema integral efectivo de evaluación, control y auditoria claramente definido.
Con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia empezó todo. Comandada por Iván Redondo desde la Moncloa, es el buque insignia del pensamiento gubernamental a modo de regreso al futuro sin diagnosticar el presente. La idea de tener una oficina de prospectiva es una buena idea, que solo dependa de la Moncloa no lo es tanto. En todo caso, pensar a medio y largo plazo nos parece clave para no perder las oportunidades como país.
Este año «covidiano» nos ha dejado una sociedad donde la reflexión debería ser un deber. Muchos lo han aprovechado escribiendo libros, ideando papers, haciendo webinars o pódcast… Hemos tenido tiempo para pensar, puesto que la reacción ante la COVID-19 no fue todo lo eficaz que debería haber sido. Y me refiero a todos los Gobiernos y al sector público en general. Al final, la colaboración público-privada está siendo clave en salir de esta pesadilla. Sin ella, las vacunas no estarían consiguiendo revertir la situación y generando esperanza para recuperar el pulso social y económico.
España Puede y España 2050 son dos claros ejemplos de ejercicio prospectivo. Nos jugamos mucho en los próximos años, por eso es fundamental tener unas bases sólidas sobre cómo realizar una gestión pública y avanzada de estos fondos y aquellos anhelos. A ambos les falla establecer una serie de medidas que mejoren la calidad de nuestra democracia de manera casi definitiva. Sin esa estabilidad cualquier medida de futuro puede resultar inservible. Implementar medidas de mejora de nuestra democracia y reformas de nuestro sistema público es imprescindible para aprovechar estos recursos.
Si nos centramos en los Fondos Next Generation EU, no debemos olvidar que el Gobierno debe elaborar un plan nacional estableciendo reformas e inversiones que se llevarán a cabo en el país y presentarlo ante las instituciones europeas. De momento, comenzamos regular, porque es un plan que no ha sido suficientemente participativo y consensuado. Nos llegan rumores de lo que va a hacer tal o cual ministerio, de macroproyectos con una finalidad u otra… Y eso acrecienta que las ideas y los proyectos se están repartiendo entre unos pocos. Vuelve el capitalismo de amiguetes que tanto han pregonado Garicano y compañía, con toda razón.
En cambio, otros países han sometido sus planes a consulta pública. Ahí están los ejemplos de Polonia, República Checa o Irlanda. O a debates parlamentarios más profundos como Croacia. ¿Qué impacto han tenido los trabajos de la Comisión del Congreso de los Diputados para la reconstrucción social y económica entre los meses de mayo y julio de 2020? El plan los menciona, pero realmente no los han tenido en cuenta.
Pero la parte más preocupante es la relativa a que España Puede no tiene un sistema integral efectivo de evaluación, control y auditoria claramente definido. Se menciona constantemente la transparencia por aquí y por allá (en más de 20 páginas), pero a modo de palabra vacía, en muchas ocasiones junto a la manida rendición de cuentas. La una sin medidas expresas y la otra como coletilla complementaria de la primera. Algo vacío, sin traslación práctica y normativa.
Si queremos romper con la opacidad de muchas de nuestras Administraciones y colmar la demanda social de transparencia que esta pandemia nos ha traído, el Gobierno debería haber impulsado un marco especifico de transparencia activa (lo que mostramos) y de derecho de acceso a la información (lo que debemos contestar si nos preguntan) en todo lo relativo a los fondos europeos gestionados, ya sea en exclusiva por los poderes públicos o en colaboración con el sector privado.
Otra de las carencias mas relevantes del plan es la ausencia de un auténtico sistema de evaluación de las políticas y los programas incluidos. Con diez referencias en el documento no se establece un sistema continuo de evaluación que permita corregir errores o mejorar la eficiencia. De esta forma, no hay posibilidad de reacción frente a alguna incidencia, primándose la burocracia de papeles frente a la eficacia en los resultados. Se pierde una oportunidad de haber contado con la experiencia de organismos como la AIREF frente a una comisión técnica al uso.
Al final, el Plan de Recuperación pierde su fuerza como proyecto integrador nacional. Por ser una herramienta de progreso para la ciudadanía es fundamental y estamos a tiempo de involucrar a la sociedad civil y al sector privado con talento para que contribuyan al desarrollo y la ejecución del plan. De esta forma, seremos capaces entre todos de poder diseñar y ejecutar los mejores proyectos, siendo además un ejercicio de consenso de los partidos. Qué mejor forma de consolidar nuestro sistema constitucional que compartir este gran reto. Lamentablemente, la Moncloa actual es un barranco por donde muchos quieren tirarse sin pensar en 2021 o en 2050.
Los asesores se han hecho fuertes en la política española. Y si hay alguno que sobresale es Iván Redondo. Del PP en Badalona y en Mérida, a la Moncloa con el PSOE de Sánchez, agitando los sentimientos para conseguir los objetivos, que se resumen en uno: llegar al poder para mantenerse al precio que sea necesario.
El Gobierno acumula culpas en cuanto a incumplimientos de sus propias previsiones en las cuentas públicas.
