Javier Morillas | 23 de agosto de 2021
Los datos de crecimiento de empleo público por parte de la Generalitat se han incrementado en términos interanuales en 12.000 personas, lo que supone un abuso con el fin de crear una base clientelar y dependiente.
Nunca llegué a coincidir como profesor de economía en la Universidad de Berkeley con Andreu Mas-Colell durante los años setenta, a cuyo Faculty Club me incorporé, muy posteriormente, en los noventa. Pero desde hace bastantes años tengo dicho que si en España sometieran a votación entre cien catedráticos de economía cualesquiera, alguien para el Nobel saldría Mas-Colell. Quizás también con mi voto.
Otra cosa son sus andanzas políticas. Porque, como él sabe, si en nuestra recordada California –de EEUU desde 1850- alguno de sus responsables del Estado, subvirtiera el orden constitucional de 1787 y desviara fondos públicos para financiar procesos independentistas en el extranjero, tendría consecuencias penales y patrimoniales. Ahora, por su responsabilidad como Consejero de Economía de la Generalitat durante el periodo 2010-2016 de la que salió huyendo escandalizado por lo que se preparaba, el Tribunal de Cuentas tiene facultad para acusarle. E imponerle sanciones económicas que podrían exceder el patrimonio neto de los acusados. Como toda apelación llevaría tiempo, él tendría entretanto que presentar una garantía financiera por el monto correspondiente viéndose arruinado y sus bienes embargados. Ahora me dicen mis colegas va mendigando firmas por el Campanile y otros campus americanos. Le deseo lo mejor. Pero le pasa por confraternizar con quienes, 1.500 años después de la constitución de un Regnum Hispaniae, como ente politico unitario en la península ibérica, pretenden “separarlo” en vez de reforzarlo. Algunos californianos son ‘independentistas’. Los de aquí simplemente ‘separatistas’. Tiene matiz.
Del incremento interanual total de 248.000 empleos, se ha semiocultado el hecho de que 141.000 se corresponden con el aumento de contratados en la Administración
Y además abusando del empleo público para crear su base clientelar y dependiente. Concretamente los datos de crecimiento de empleo público por parte de la Generalitat se han incrementado en términos interanuales en 12.000 personas. Con el agravante de que los secesionistas se autoasignan los mayores sueldos de todo el Estado, alineados con los 153.205´50 euros anuales de su president (los expresident el 80%…). Lo que contribuye a explicar las pugnas entre ERC y JxC por parasitar la mayor cuota posible de tan rico panal clientelar.
Así tenemos unos datos del mercado laboral que siguen, tanto en Cataluña como en el resto de España con su apariencia engañosa. Bajo el amable incremento interanual total de 248.000 empleos, se ha semiocultado el hecho de que 141.000 se corresponden con el aumento de contratados en la Administración. Es decir, para un inicio del siempre favorable julio –en verano- la creación de empleo por la sociedad civil ha sido de apenas 107.000 empleos, o sea el realizado por el sufrido contribuyente. Y ello tras un gasto público superior al 51% del PIB en 2020, récord en la UE, superior al privado. Que debiera servir para prestar más atención, diferenciar y atender al alto y creciente porcentaje de empleo público que presenta la economía española: 21´1% del total de la población ocupada. Con otras Comunidades que llegan al 31% como Extremadura, o al 29% en Asturias. En todo caso, y en conjunto, pero muy especialmente en Cataluña, lo que no bajan son los impuestos, la economía sumergida, la inmigración ilegal, y los perceptores de prestaciones, subsidios y rentas varias, que ya alcanzan los 2.070.000, importando más de 28.000 millones de euros. A llamar la atención sobre este tipo de cuestiones tendría que estar Mas-Colell, aunque entendemos que ahora le preocupe su futuro penal y el de su propio patrimonio.
El Banco de España reconoce que la subida del salario mínimo interprofesional ocasionó una destrucción de entre 90.000 y 170.000 puestos de trabajo. Por increíble que parezca, la izquierda española sigue sin entender que la retribución no se puede decretar por ley.
La deuda pública de Cataluña supera los 78.000 millones de euros, equivalente al 36% de su PIB y al 26% de toda la deuda autonómica.