Sánchez e Iglesias asestan un golpe de 1.000 euros anuales a las familias españolas
Manuel Llamas | 26 de octubre de 2020
El Gobierno ultima una subida generalizada de impuestos que afectará de pleno a los hogares en un momento de máxima incertidumbre económica.
España, a diferencia de las grandes potencias de la Unión Europea y de la inmensa mayoría de países ricos, no solo no bajará los impuestos a familias y empresas para tratar de superar la crisis del coronavirus, sino que los aumentará de forma muy sustancial, lo cual acabará lastrando el crecimiento y el empleo.
Aunque el Gobierno todavía no ha desvelado en detalle la batería de subidas fiscales que pretende incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el plan que acaba de enviar a Bruselas avanza, en gran medida, el nuevo golpe que, de uno u otro modo, asestará al conjunto de los españoles.
Según las previsiones elaboradas por el Ministerio de Hacienda, las Administraciones Públicas recaudarán un total de 493.000 millones de euros en 2021, casi 33.000 millones más que en 2020, lo que supone un aumento del 7,3% interanual. Una parte de esta estimación se sustenta sobre el fuerte rebote que, en teoría, experimentará el PIB el próximo año, superior al 7%, y otra sobre las nuevas subidas de impuestos que aprobará el Gobierno, cuyo impacto inicial calcula en cerca de 7.000 millones de euros, tal y como refleja el siguiente cuadro.
Fuente: Ministerio de HaciendaAquí se incluyen, entre otras medidas, las nuevas tasas sobre servicios digitales y financieros, con las que prevén recaudar más de 1.800 millones, pero también el nuevo impuesto a los envases de plástico o la subida del IVA al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas.
Además, el Gobierno baraja subir el IVA a la educación y sanidad privadas, junto a otros sectores como la hostelería, el transporte, la jardinería o los libros y la prensa. También aumentará la tributación del diésel y la llamada «fiscalidad verde», mientras que en el ámbito de la imposición directa se estudia la posibilidad de elevar el IRPF a las rentas altas, al tiempo que se eliminan algunas deducciones, como las aportaciones a planes de pensiones, y se suben las cotizaciones sociales a los autónomos, a la espera de alguna que otra sorpresa.
Esos casi 7.000 millones de recaudación extra que generarán estos impuestos se sitúan por encima de los 6.300 millones de alza de IRPF e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2011, hasta entonces una de las mayores subidas fiscales de la historia.
El coste para las familias
Pero la factura final para familias y empresas, por desgracia, no se queda aquí. Una forma alternativa de aproximarse al coste real que tendrá para el contribuyente esta particular senda consiste en aplicar el denominado principio de la equivalencia ricardiana, según el cual, en última instancia, da igual financiar el gasto mediante impuestos presentes o futuros (deuda pública). En el caso español, aumentar la deuda neta en 1.000 millones se acaba traduciendo en una subida fiscal de 150 a corto plazo, según el think tank Civismo.
Bajo este supuesto, y dado que el déficit público en 2020 oscilará entre los 125.000 y los 150.000 millones de euros, la carga tributaria crecerá entre 19.000 y 23.000 millones de euros extra. Esto arroja un coste adicional de hasta 500 euros al año por cada español y algo más de 1.200 euros por hogar. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias restará de media un mes de sueldo a las familias españolas el próximo año.
Imagen destacada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. | congreso.es
Clientelismo, el plan económico de Sánchez e Iglesias para perpetuarse en el poder
Las consecuencias más visibles del pacto entre PSOE y Podemos serán un sustancial deterioro institucional y el frenazo de la economía.
La hecatombe turística anticipa la dureza de la crisis
La actividad turística se desplomará un 65% en 2020, con unas pérdidas totales próximas a 100.000 millones de euros. Baleares y Cataluña serán las comunidades más perjudicadas.