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Despropósito. El plan del Gobierno para tratar de paliar las graves dificultades económicas que atraviesan empresas y autónomos desde hace un año, tras el estallido de la crisis del coronavirus, difícilmente se puede calificar de otro modo. Por un lado, porque el plan de 11.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez para conceder ayudas directas y reestructurar deudas llega tarde y mal. Y, por otro, porque, a la vista de las actuaciones realizadas, el fondo de rescate que maneja la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) amenaza con convertirse en un sumidero de dinero público y en un peligroso nido de corruptelas.

Las ayudas directas deberían haberse articulado en marzo de 2020, cuando, debido al confinamiento general decretado por el Estado, se cerró la mitad de la economía española para contener el avance de la pandemia. Sánchez anunció entonces la movilización de 200.000 millones de euros, casi el 20% del PIB, para afrontar el impacto económico y social del coronavirus. Pero, a diferencia de otros países, esa promesa quedó reducida a una mera soflama electoralista. Prueba de ello es que España es el país del euro que menos recursos ha destinado a apoyar a las empresas afectadas, con apenas el 1,3% del PIB en medidas discrecionales, frente a la media del 4%.

Ese retraso, junto con las duras restricciones aplicadas, ya se ha traducido y se seguirá traduciendo en quiebras y destrucción de empleo. El Banco de España estima que, en la actualidad, el 18% de las empresas se encuentra en situación de insolvencia, dado que su deuda neta supera en más de 12 veces sus beneficios esperados para los dos próximos años. Y de estas, la mitad, el 9% del total, acabará cerrando de forma definitiva. El golpe que ha recibido la economía española, donde el turismo y la hostelería -dos de los ámbitos más afectados por la crisis- representan un peso importante del PIB, es de tal calibre que parte de la estructura productiva está condenada a desaparecer o reconvertirse.

Y, por si fuera poco, además de tarde, el plan de ayudas del Gobierno llega mal, puesto que nada garantiza el cobro de las subvenciones antes del verano, al tiempo que excluye determinadas actividades de forma arbitraria, acrecentando con ello la incertidumbre e indignación de numerosos sectores.

Más grave aún resulta el mecanismo que han ideado PSOE y Podemos para salvar de la bancarrota a determinadas «compañías estratégicas». La idea en cuestión, aprobada a mediados del pasado año, consiste en nacionalizar empresas, parcial o totalmente, mediante la entrada de la SEPI en su capital haciendo uso del dinero de los contribuyentes. Los problemas aquí son dos, básicamente. En primer lugar, que nada garantiza la supervivencia de la empresa en cuestión, con el consiguiente quebranto para el erario público. Y, en segundo lugar, que abre las puertas de par en par a la compraventa de favores políticos bajo turbios y opacos intereses.

Empresas zombi

Fruto de este nuevo fondo de reptiles es el bochornoso rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada al chavismo venezolano, con una inyección de 53 millones de euros, pero también la asistencia a compañías de dudosa viabilidad, tales como Duro Felguera o Air Europa, con un coste cercano a los 600 millones de euros. Y eso sin contar la factura que podría suponer la inyección que baraja solicitar Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures, por importe de otros 300 millones, a fin de garantizar su solvencia.

En definitiva, las ayudas anunciadas no servirán de mucho, mientras que el Gobierno aprovecha la pandemia para resucitar el ya extinto Instituto Nacional de Industria (INI), un ruinoso organismo estatal puesto en marcha en los tiempos de Franco para mantener en pie cientos de empresas zombis a costa del dinero de los contribuyentes.

Y la gran paradoja es que, pese a que Sánchez pretende erigirse en el salvador de empresas y autónomos, su actual ruina es consecuencia directa de la desastrosa gestión que ha desempeñado el Gobierno a nivel sanitario y económico. No por casualidad, España, con una caída del 11% del PIB, ha sufrido la mayor recesión del mundo rico en 2020.

Imagen destacada: Cierre de un bar el Lleida. | Agencia EFE