Pablo Casado Muriel | 07 de mayo de 2020
En pleno estado de alarma, el Gobierno sigue adelante con una ley de educación que pone en riesgo el futuro de los centros de educación especial.
Las asociaciones temen que los centros de educación especial sigan el mismo camino que el trazado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la educación concertada o la Religión. Su ministra de Educación, Isabel Celaá, niega que se vaya a atentar contra la libertad de poder elegir este tipo de centros o esa asignatura. Sin embargo, la nueva ley de educación, que se sigue tramitando a pesar del estado de alarma, otorga al Ejecutivo la capacidad de dirigir el camino de los alumnos o de convertir en irrelevantes los estudios de Religión.
En el caso de los centros de educación especial, la ley Celaá pretende transformarlos en centros de referencia para que, en un plazo de diez años, se consiga traspasar a la gran mayoría de sus alumnos a los colegios ordinarios. El Ministerio de Educación niega que esto suponga el cierre de los centros, mientras que José María Escudero, presidente de la Plataforma Inclusiva Sí, Especial también, denuncia la ambigüedad de una disposición que tiene como objetivo «el cierre progresivo» de estos colegios.
La situación en la que nos encontramos no ayuda a mejorar la transparencia en el desarrollo de la nueva ley de educación. Como recuerda Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, el estado de alarma «no afecta al funcionamiento de las Cortes» y «permite seguir legislando con normalidad». Al mismo tiempo, reconoce que las distintas asociaciones pueden sentirse molestas al comprobar cómo la crisis del coronavirus ha afectado al funcionamiento del Parlamento y al ritmo de elaboración de una ley tan importante que requiere maduración «mediante la discusión pública, pausada y serena».
Para entender los motivos por los que el Gobierno pretende cerrar progresivamente los colegios de educación especial, hay que poner el foco en la mentalidad de una educación igualitaria e inclusiva que marca el espíritu de la nueva ley Celaá. «Una corriente que cree que la educación tiene que tener un único sistema para todo el alumnado, independientemente de sus necesidades» y que José María Escudero no comparte.
Tampoco apoyan este camino en la Fundación Educatio Servanda. Su presidente, Juan Carlos Corvera, habla de una ley «liberticida» y recuerda que se ayuda más a este tipo de alumnos y a sus familias «atendiéndolos de una manera especial» sin que eso suponga ningún tipo de discriminación.
En un colegio de educación especial una de las partes importantes es la sinergia entre profesionales que trabajan coordinados: logopeda, psicólogo, profesor de aula… José María Escudero, presidente de la Plataforma Inclusiva Sí, Especial también
Existe un consenso absoluto a la hora de reconocer la necesidad de dotar de más recursos a los centros ordinarios para aumentar su capacidad de atender a los alumnos con distintas discapacidades. El plan de diez años del Gobierno plantea esa situación pero, como denuncian desde la Plataforma Inclusiva sí, Especial también, «la memoria económica del proyecto no prevé un aumento del gasto».
Ante esta situación, Juan Carlos Corvera, que también dirige los colegios Juan Pablo II, reconoce que «los centros de educación especial necesitan una gran cantidad de infraestructuras para atender a los alumnos» y, por ese motivo, no cree que los colegios ordinarios puedan alcanzar ese nivel «ni por espacios físicos, ni por preparación del personal, ni por ratio de atención de los profesores con los alumnos».
El grado de atención que necesitan estos niños lo detalla María del Mar Hernández, orientadora en un instituto público de la Comunidad de Madrid: «Además de espacios y materiales específicos, hay que contar con especialistas como profesores de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Técnicos de Integración Social…».
Un ejemplo muy gráfico de José María Escudero puede ayudar a entender el altísimo nivel de dependencia de este tipo de alumnos. Habla de pacientes con parálisis cerebral que requieren, en algunos casos, el acompañamiento constante de un logopeda en el comedor para enseñarles a tragar y no ahogarse con la comida.
Se ayuda más a los niños y a sus familias atendiéndolos de una manera especial y que después se produzca la integración laboralJuan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda
También hay unanimidad entre las distintas asociaciones de padres y profesionales a la hora de reconocer los aspectos positivos para muchos alumnos de permanecer y formarse en los colegios ordinarios. Las cifras reflejan que solo el 17% de los alumnos con alguna discapacidad intelectual acude a los centros de educación especial y lo hace después de un estudio elaborado por expertos y «siempre autorizado por los padres», recuerda María del Mar Hernández.
Es un porcentaje pequeño, pero con esta nueva ley «se cierra uno de los caminos» y la «capacidad de decidir de los padres», señalan desde la Fundación Educatio Servanda. Acudiendo al propio texto que se pide modificar, se pregunta Juan Carlos Corvera por el significado de los casos «muy especiales» a los que hace referencia y que serían los únicos a los que se abrirían las puertas de estos colegios. «Una trampa del lenguaje», concluye.
La adaptación de estos niños a los centros ordinarios no siempre es buena. Pueden darse casos de estrés, ansiedad, depresión… la Plataforma Inclusiva Sí, Especial también pide que el debate no se ponga solo en el aspecto curricular, puesto que un alumno «puede seguir una clase de Inglés o Matemáticas con los apoyos adecuados». Recuerda José María Escudero que el bienestar emocional es fundamental y que se requiere el entorno adecuado para que se puedan desarrollar al máximo las capacidades de estos alumnos.
María del Mar Hernández, que forma a futuros profesores de Educación Secundaria en la Universidad CEU San Pablo, es tajante a la hora de afirmar que «la reducción o eliminación de centros especiales provocaría una peor atención a estos alumnos». Y frente al mantra de la inclusión escolar, aunque sea forzosa, Juan Carlos Corvera señala que es más importante que ese esfuerzo se realice en el ámbito laboral.
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