Gonzalo Sanz-Magallón | 16 de julio de 2019
Los conciertos facilitan el acceso a una enseñanza de calidad a familias de bajo nivel socioeconómico y favorecen el principio de igualdad de oportunidades educativas.
La instauración de un sistema de conciertos educativos en 1985, auspiciada por el ministro José María Maravall, respondía en parte a la necesidad de escolarizar a una creciente población infantil y contener el gasto público. Treinta y cuatro años después de aquel hito, el sistema de conciertos educativos ha demostrado una gran capacidad para contribuir no solo al ahorro de gasto público, sino también a la consecución de mayores niveles de libertad, equidad y eficiencia en el sistema educativo.
Efectivamente, el sistema de conciertos, aun con sus limitaciones debido a la imposición de contenidos y materias por parte del poder político, ha permitido a millones de familias acceder a una educación gratuita acorde con sus convicciones morales, religiosas, pedagógicas y filosóficas, derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. En los últimos años, la cuota de alumnos no universitarios en centros privados y concertados fluctúa en torno al 28% del total, lo que explica el buen nivel que ostenta España en el Ranking de Libertad Educativa elaborado por OIDEL, alcanzando una décima posición en 2018.
El régimen de conciertos ha contribuido de manera decisiva a los objetivos de libertad, equidad y eficiencia del sector educativo español
Además, los conciertos han facilitado el acceso a una enseñanza de calidad a familias de bajo nivel socioeconómico, favoreciendo el principio de igualdad de oportunidades educativas. Así, los trabajos de investigación realizados desvelan un mayor porcentaje de estudiantes “resilientes” ‑alumnos que proviniendo de colectivos desfavorecidos obtienen buenos resultados académicos‑ en los centros concertados. El mejor clima escolar, los mayores niveles de disciplina en el aula y la existencia de un profesorado más motivado explican, entre otros factores, la superioridad de los centros concertados en este ámbito.
Otro logro indiscutible es la contribución de los centros concertados a la mejora de la eficiencia del sistema educativo, entendida como la comparación ente los recursos empleados y la calidad del servicio generado, la cual puede estimarse a través de la comparativa de resultados de los alumnos en pruebas de conocimientos.
Aunque algunos estudios han atribuido tradicionalmente la superioridad de resultados de los centros concertados al mayor estrato socioeconómico y cultural de las familias de sus alumnos, los últimos trabajos publicados en revistas científicas sí identifican un rendimiento superior de los centros concertados en pruebas de matemáticas, lectura y ciencias. Además, otros aspectos que evidencian un mejor desempeño global de los centros concertados son la superior formación en idiomas extranjeros, así como la satisfacción y los motivos de elección del centro manifestados por los padres en la Encuesta General de Diagnóstico.
Con respecto al volumen de recursos que absorben los centros concertados, es bien conocido el importante ahorro que genera a la Administración pública, cifrado en unos de 5.300 millones de euros al año según CECE. El coste medio por alumno es casi un 50% inferior que en la red pública: 2.867 euros en la concertada, frente a 5.169 euros en la enseñanza pública.
Los trabajos realizados en el marco del proyecto ELEDUCA de la Universidad CEU San Pablo atribuyen esta diferencia a dos factores. En primer lugar, la productividad de los profesores y el personal de apoyo y directivo de los centros concertados es superior debido a la diferente regulación a la que están sometidos. Así, en el caso del numero de horas de docencia a la semana, en los centros concertados es aproximadamente un 35% superior en comparación con los centros públicos.
Y, en segundo lugar, en la gestión económica los centros concertados tienden a ser más sensibles al precio y poner mayor énfasis en localizar a proveedores más competitivos. En este sentido, el sector público suele presentar niveles elevados de “ineficiencia-x”, que implica una conveniencia de los empleados y directivos de mantener un cierto margen de ineficiencia y asumir sobrecostes, ante la escasez de incentivos y la falta de presión competitiva. Resulta ilustrativo, en este sentido, que la utilización de aparatos para mejorar la eficiencia energética, como termostatos y lámparas de bajo consumo, es de casi el doble en los centros no estatales en comparación con los públicos, según los datos del Observatorio del Centro Educativo Español.
En conclusión, el régimen de conciertos ha contribuido de manera decisiva a los objetivos de libertad, equidad y eficiencia del sector educativo español, y ahora toca abordar la mejora del mismo, eliminando la infradotación que padecen buena parte de los centros, y otorgarles más libertad para diseñar y desarrollar proyectos educativos innovadores y diferenciados.
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