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Rodrigo Alonso ha sido elegido para ponerse al frente de Solidaridad, el sindicato impulsado por Vox que se define como «nacional» y que tiene como objetivo «defender a los trabajadores de España». Alonso asume la labor de secretario general de Solidaridad y la compaginará con sus funciones como diputado por Vox en el Parlamento de Andalucía.

Pregunta: Ha pasado medio mes desde que Solidaridad se presentó oficialmente. ¿Cuál está siendo la respuesta?

Respuesta: Desde que se anunció que se iba a impulsar el nuevo sindicato, empezamos a recibir muchas solicitudes de información de cómo iba a ser, cuáles eran los objetivos, cuál era el proyecto. Y desde el día 14, que se presentó el sindicato, estamos recibiendo cantidades ingentes de solicitudes que procuramos contestar en un plazo máximo de dos días, porque se nos presentan situaciones de verdadero drama por parte de los trabajadores ante esta situación de incertidumbre que se nos avecina. Intentamos dar soporte en asesoría jurídica y legal incluso si no se está afiliado al sindicato, porque entendemos que este sindicato es una herramienta al servicio de los trabajadores, los parados, los pensionistas, también los estudiantes… Estamos haciendo una labor «solidaria» de prestar ese asesoramiento sin estar afiliado al sindicato.

Pregunta: Han arrancado con 12 propuestas y algunas de ellas, como la subida del salario mínimo, han sorprendido por acercarse a postulados económicos de Podemos. ¿Cómo se explica esto a alguien que considere que Solidaridad es un sindicato de derechas?

Respuesta: La verdad es que no sé si somos un sindicato de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo, lo que tengo claro es que Solidaridad es un sindicato nacional cuyo objetivo es la defensa de los trabajadores de España. La ideología en la que nos encasillen dependerá de la interpretación de cada uno.

Cuando se aprueba la subida del Salario Mínimo Interprofesional, se vende como la panacea de la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores, pero hay que hacerse la pregunta sobre quién es el que verdaderamente gana con esta subida, y la respuesta es el Estado. Los trabajadores que cobraban por debajo no cobran 1.108 euros netos, cobran 1.015 euros. Están perdiendo 93 euros, que gana el Estado. A la pequeña empresa le cuesta un poco más el trabajador porque paga al Estado y el trabajador también paga más. Nosotros defendemos que, aun considerando que este SMI sea el idóneo, debería cobrarse de forma neta, es decir, que esos 1.108 euros vayan al bolsillo del trabajador. Y si hablamos de subir ese salario nos planteamos lo mismo: que el Estado cobre menos y que el beneficiario neto sea el trabajador. Eso se aleja un poco de los postulados del PSOE y Podemos.

Gobierno, patronal y sindicatos escenifican una negociación, pero lo cierto es que el pacto ya está preestablecido

P.: ¿Es posible dejar de lado las ideologías y las inquinas políticas en favor de los trabajadores en un momento como este? ¿Se podrían alcanzar grandes acuerdos?

R.: Uno de los problemas que tenemos en una situación tan dramática como esta es el de un Gobierno que está llevando a cabo una agenda y una imposición ideológica. Si el Gobierno deja al margen esa agenda, nuestras propuestas estarán muy cercanas, pero si el Gobierno sigue por esa línea ideológica nos tendrá enfrente.

Por ejemplo, no cabe hablar de una Agenda 2030, que impone un ecologismo con objetivos marcados por Bruselas. Se da la paradoja de que, mientras en España se cierran centrales térmicas para cumplir con esos objetivos, esas mismas plantas se instalan en Marruecos, un país que utiliza mano de obra prácticamente esclava, y contaminan el doble porque los niveles de exigencia de allí son menores.

P.: Otra de las primeras medidas con las que se presenta Solidaridad es la de poner fin a los tratados comerciales con países que violan los derechos de los trabajadores. Hablaba usted de Marruecos y yo le pregunto si la economía española puede sobrevivir a la ruptura con potencias como China, a la que también se acusa de llevar a cabo esas prácticas.

R.: Todo depende de la reindustrialización de la economía. De nada sirve deslocalizar las empresas españolas para irse a esos países que utilizan mano de obra esclava y seguir comprando el producto porque, además de condenar al paro a nuestros trabajadores, condenar a nuestros jóvenes al paro, también es una agravante a un tejido productivo que no puede competir y que sufre la competencia desleal.

Otro ejemplo: el coste de producción de un kilo de tomates en Marruecos es catorce veces inferior que el de El Ejido, Níjar o cualquier otro sitio. La competencia desleal es abrumadora y eso condena el modelo agrícola familiar.

P.: Muchas de las medidas que estamos comentando requieren una fuerte inversión del Estado. ¿Cuál es la posición de Solidaridad ante los impuestos?

R.: Entendemos que afrontar una reindustrialización o pagar la nómina a los trabajadores requiere un gasto. El dinero público es el que es, pero en la manera de gastarlo es donde está el secreto. Si hacemos un uso eficaz de esa caja, tendremos capacidad de reindustrializar o de pagar las nóminas en una situación extraordinaria.

Pero España ha llegado a esta situación con un déficit y una deuda pública gigantescos. Con un país saneado, y ante una situación sobrevenida, el Estado debería ser el garante de sus ciudadanos y apostar por el gasto público, pero España no tiene la capacidad de absorber el nuevo gasto ni de financiar esta situación por las malas políticas que se vienen implantando.

¿Cómo podemos sacar el dinero? Otro ejemplo: la macrocausa de los ERE en Andalucía destapó una prevaricación y una malversación de 680 millones de euros, un dinero que salió de las subvenciones para la formación de los parados. Si descontamos los casos de corrupción, las subvenciones que no tienen un interés general definido, como son las de la ideología de género o la ecoideologia; si además descontamos todos los chiringuitos montados para que los partidos y sindicatos crezcan… pues probablemente tendríamos mucho más dinero para sanidad, educación, para reindustrializar o para garantizar que a aquellos a quienes se prohíbe trabajar en una situación sobrevenida como la que hemos vivido se les pueda pagar el 100% de su nómina.

P.: Estamos hablando de una serie de medidas que requieren sentarse con el Gobierno, la patronal, otros sindicatos. ¿Se marcan en Solidaridad un calendario con objetivos que demuestren una influencia real en las negociaciones? ¿Esperan ser recibidos?

R.: Tenemos claro que probablemente no nos reciban, porque los que forman parte de esa escena son siempre los mismos y entrar nosotros en esas mesas de negociación es romper con el buenismo que se ha venido viendo hasta ahora. Gobierno, patronal y sindicatos escenifican una negociación, pero lo cierto es que el pacto ya está preestablecido. Nosotros queremos romper con eso, tenemos claro que no se van a sentar a negociar con nosotros al menos en el corto plazo, pero creo que tenemos algo de lo que ellos carecen y es fundamental en nuestro proyecto: el respaldo de los trabajadores. Nosotros nos queremos reunir con ellos. Nosotros tenemos muy claro que queremos sentarnos con los currantes, los parados, los jubilados… porque de esas reuniones sacaremos problemas reales y podremos poner sobre la mesa soluciones reales.

Nosotros estamos a favor de la inmigración legal, porque la ilegal indica, en su propio nombre, lo que es

P.: Solidaridad toma su nombre e incluso la tipografía del famoso sindicato polaco que se enfrentó al régimen comunista en los años 80. ¿Por qué ese nombre?

R.: Realmente el nombre de Solidaridad es por lo que significa la palabra, pero debo reconocer que para nosotros es un orgullo que nos comparen con el Solidaridad polaco por el coraje que tuvieron en aquella época tan difícil. Desde un punto de vista del proyecto, creo que nos unen muchas cosas y, cuarenta años después, hay inquietudes que siguen encima de la mesa y nosotros somos un sindicato patriótico y un sindicato anticomunista.

P.: Hay quien puede decir que el concepto de solidaridad casa poco con algunas de sus propuestas en materia de inmigración.

R.: Nosotros estamos a favor de la inmigración legal, porque la inmigración ilegal en su propio nombre indica lo que es. ¿Qué puede hacer un inmigrante ilegal en España? Nada. ¿Cómo se gana la vida? Puede encontrar algún mal empresario que lo contrate en B y que le pague un salario de miseria. Eso puede llevar a que se produzcan necesidades de miseria que hagan que estos inmigrantes roben o delincan, generando inseguridad y enfrentamientos en los barrios, sobre todo cuando la afiliación cultural es tan distinta.

Desde el sindicato tenemos claro que habiendo en España un paro estructural del 14%, descontando la pandemia, algo está fallando en el mercado laboral para no absorberlo y convertirlo en empleo. Si el mercado laboral no es capaz de absorber su propia población activa y se encuentra ante la necesidad de mano de obra extranjera, deberá hacerse de forma legal, ordenada, con un convenio bilateral con el país de origen, en el que se garantice al trabajador una condición y un salario dignos. Y entendemos que la prioridad debería ser con países de culturas afines a la nuestra por su capacidad de integración.

Somos solidarios con nuestra patria, somos solidarios con los que vienen porque queremos unas condiciones dignas para ellos y somos solidarios con los inmigrantes que ya no tienen empleo y que tampoco tienen los medios para marcharse a su país. Entiendo que si han estado prestando su trabajo a nuestro país y no tienen cómo irse al suyo se les facilite la repatriación y si se les debe algo que se les pague. Esto sí es ser solidario, aunque no venda y no le interese a quienes venden lo contrario.

P.: Hemos estado hablando con usted como secretario general de Solidaridad, permítame que le haga una última pregunta como parlamentario de Vox en Andalucía. Su partido ha presentado una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y hay quien considera que acabará beneficiando al propio presidente. ¿Cómo responde a eso?

R.: Creemos que el PSOE puede salir beneficiado si todas las fuerzas políticas que están de acuerdo con esta moción se ponen de perfil. El Partido Popular dice que la moción refuerza a Sánchez y demuestran una vez más su carencia de firmeza y valentía. Precisamente ellos, a propósito de las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre el rey Felipe VI, piden su reprobación y nosotros, siguiendo su mismo argumento, podríamos decir que no cuentan con los apoyos suficientes para la reprobación y preguntarles si pretenden reforzar a Iglesias. Hay que ser valientes y el PP hace tiempo que dejó de serlo. Mariano Rajoy tuvo en sus manos, cuando tenía 186 escaños, acabar con la mal llamada ideología de género, con la mal llamada memoria histórica… Prometió acabar con todo eso y luego no hizo nada. De aquellos polvos estos lodos y por eso entendemos que, si esta moción no tiene todo el apoyo necesario en el arco parlamentario, al menos sí tiene el apoyo de la calle.

Imagen destacada: Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, durante el acto de presentación del sindicato.