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La ministra Celaá está haciendo de las suyas y, con tanto ruido e infoxicación, puede resultar difícil detenerse unos minutos para comprender la profundidad del problema. Por eso es tan importante esta entrevista con Jesús Muñoz de Priego. Es un verdadero experto en educación. No solo por lo que sabe sino por cómo lo explica. El problema que tenemos es complejo, y es muy importante que alguien nos lo cuente sencillo.

Jesús, el de la entrevista, no el de Galilea, es abogado y asesor jurídico de varias congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales. Actualmente hace de portavoz de Más Plurales, y tiene publicados sobre el tema que nos ocupa infinidad de artículos, ponencias y libros.

Pregunta: ¿En qué fase está la Ley Celaá? Todavía tiene que pasar por el Senado, según tengo entendido…

Respuesta: Efectivamente, tras la aprobación del dictamen por el pleno del Congreso debe pasar por el Senado. Allí aún podría haber cambios. Aún hay tramitación parlamentaria y nuestra obligación es agotar todas las posibilidades de retirar o, al menos, hacer algo menos espantosa esta ley. Y no nos cansaremos de intentarlo. Aún hay partido.

P.: ¿La Ley Celaá supone un ataque a la educación concertada? ¿Por qué? ¿En qué artículos se puede ver ese ataque?

R.: La LOMLOE es una ley intervencionista. Su ataque a la libertad de enseñanza, y con ello a la concertada, que no es más que su instrumento para posibilitar la misma, es tal que abre la posibilidad de dejar una concertada subsidiaria de la de titularidad pública, y en algunos territorios más beligerantes incluso quedar como testimonial o hasta desaparecer. Obviamente, no es que obligatoriamente tenga que ser así, pero sí que permite esta deriva. Esta ley nos enfoca hacia la escuela pública única y el monopolio educativo de la Administración.

Un punto clave en esto está en la eliminación de la demanda social (art. 109 de la ley) como criterio a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de la programación de plazas escolares, es decir, a la hora de designar dónde van a estar las vacantes. En la normativa actual vigente, la demanda social no es el único criterio que debe valorar la Administración. Ni siquiera es el más importante. Es uno más entre muchos otros. Pero el Gobierno quiere quitar de la ley cualquier referencia a la misma. El retirar la demanda social como criterio de límite a la discrecionalidad de la Administración permite que la misma haga una planificación unilateral en la que puede decidir dónde estarán las plazas escolares sin valorar en absoluto las peticiones de las familias.

En los centros están los mejores expertos en educación. Dándoles más margen de libertad, con controles de mínimos, se ofrecerían soluciones más diversas y concretas a los problemas reales educativos

Esto puede provocar la disminución de unidades concertadas con demanda social, es decir, pedidas por las familias, en beneficio de unidades o aulas públicas sin demanda. Esta posibilidad no es una extravagancia, una ocurrencia o una exageración por nuestra parte. Es lo que han venido haciendo, de forma continuada, las comunidades autónomas gobernadas tradicionalmente por el PSOE, y últimamente en las gobernadas por PSOE y Unidas Podemos, como Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja en estos últimos años. De hecho, la razón de que la LOMCE incorporara expresamente la referencia a la demanda social, que ahora se quiere quitar, fue frenar precisamente este tipo de actuaciones. Si estos Gobiernos autonómicos han seguido quitando unidades concertadas con demanda social, para obligar a los alumnos a ir a esas aulas públicas que no pedían, cuando la norma expresamente decía que tenían que tener en cuenta la demanda en la programación de plazas escolares, ¿qué cabe pensar que harán ahora cuando la norma elimine esa referencia?

Hasta ahora, ese proceder de eliminación de aulas concertadas con demanda social ha sido frenado por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, que ha devuelto esos conciertos. La LOMLOE pretende dar respaldo jurídico a esa actuación contra la libertad de elección y salvar así esta jurisprudencia.

A ello se suma que en el mismo art. 109 de la LOMLOE se hace referencia al incremento de unidades públicas en todos los niveles educativos, a discreción por parte de la Administración, es decir, porque sí, sin vincularlo a que existan necesidades de escolarización en la zona (falten plazas escolares) o a que haya demanda social (las familias lo pidan). Ese incremento de nuevas unidades públicas, no necesarias ni pedidas, provocará la eliminación de más unidades concertadas con demanda.

Luego no es que esas Administraciones vayan a atacar ahora a la concertada, es que van a seguir haciéndolo, pero ahora con una ley favorable que los alienta y los respalda a hacerlo.

Me sorprende cuando la ministra y su entorno dicen que la demanda social favorece a la concertada, porque es reconocer que las familias piden concertada y que ellos no están dispuestos a permitirlo. La demanda social favorece a los centros queridos por los padres y perjudica a los no elegidos, con independencia de quién sea su titular.

P.: ¿La Ley Celaá supone una amenaza para la educación especial? ¿Por qué? ¿En qué artículos se puede ver esa amenaza?

R.: Supone una amenaza porque no garantiza la pervivencia de esos centros. La opción por la inclusión, en teoría y en general es buena, pero hay supuestos donde la inclusión simplemente no es posible o no es positiva para alumnos con determinadas circunstancias. Y no son pocos estos casos.

La aplicación de la LOMLOE puede llevar a vaciar de alumnos, y con ello de recursos, a los centros de educación especial específica.

La regulación que afecta está fundamentalmente en la Disposición Adicional Cuarta de la ley, pero a mí me resulta especialmente significativo cómo queda el art. 74.2, que acaba diciendo: «Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo». Lo que quiere decir que las familias solo serán escuchadas cuando opten por la inclusión en un centro ordinario.

Me sorprende que el contraargumento de la ministra y su entorno sea el «negacionismo» de «lo hemos cambiado todo», «para que todo siga igual», o el cuestionar la comprensión lectora de quienes mostramos desacuerdo con su ley. Si eso fuera así, bastaría con cambiar el tenor del artículo para evitar ambigüedades (que no las hay, porque el artículo es claro). Ahora no solo nos cambian la norma, sino que no dan la cara defendiendo su postura y encima pretenden tomarnos por tontos, diciendo que no lo habremos entendido bien…

Tres millones de alumnos eligen Religión voluntariamente. Los únicos que se quejan son quienes quieren imponer un modelo laicista en la escuela

P.: Se va a implementar la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. ¿Es parecida a Educación para la Ciudadanía? ¿Por qué? ¿Tiene algún peligro?

R.: Una asignatura de ética sobre valores consensuados por la sociedad o previamente elegidos por los padres o sobre el marco de convivencia del que nos hemos dotado y que está en la Constitución no solo no es mala, sino que entra de lleno en los fines de la educación, que es el pleno desarrollo de la personalidad del individuo, como dice el art. 27.2 CE. Esto mismo es lo que justifica que exista una asignatura de Religión, de verdad, y no la pantomima en que quieren dejarla.

El problema es que quien pretende implantar esta asignatura es el mismo que ya puso Educación para la Ciudadanía, que fue una materia con denuncias de adoctrinamiento en valores no consensuados. Con este precedente, es más que legítimo que salten todas las alarmas.

P.: La asignatura de Religión no cuenta para currículo y no tendrá alternativa. A efectos prácticos, aunque no se elimine, ¿qué implican estos cambios?

R.: En la práctica supondrá que queda al margen del sistema educativo, porque no tiene los requisitos de cualquier asignatura. Se pondrá a primera o última hora, y la opción será Religión o entrar después al colegio, o salir antes de clase.

Lo absurdo es que generan un problema donde no lo hay. Tres millones de alumnos eligen Religión voluntariamente. Los únicos que se quejan son quienes quieren imponer un modelo laicista en la escuela, es decir, quienes hacen opción por excluir el elemento de la trascendencia. Eso no es una falta de opción sobre el hecho religioso, como dicen, ni una postura neutral, sino una opción de lo más explícita por la exclusión. Esta postura no responde bien a la libertad de elección de formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, ni de libertad religiosa. Tampoco es la respuesta a nuestra opción constitucional por un Estado (que no sociedad) aconfesional (que no laicista) donde expresamente se reconoce la singularidad del hecho religioso y el principio de cooperación.

P.: Buena parte de las modificaciones sobre la LOE tienen que ver con la «perspectiva de género» («alumnas», «profesoras», «niñas»…). En esta ley, ¿cuánto hay de ideología y cuánto de solucionar los problemas reales que tenemos en España con la educación?

R.: Esta es una ley eminentemente ideológica. De hecho, la mayor parte de la polémica que ha suscitado es ideológica y no estrictamente educativa.

La ley confunde el diagnóstico de los problemas del sistema educativo, que no es la concertada, la diferenciada, la asignatura de Religión, la especial… y con ello equivoca las respuestas.

Esta ley no afronta la crisis educativa, con el fracaso escolar, el abandono temprano, su escasa puntuación en conocimientos de los alumnos en valoraciones internacionales… Simplemente la oculta, promocionando alumnos sin adquirir los conocimientos y las competencias, o titulándolos con suspensos.

P.: ¿Cuáles son los problemas a los que de verdad tendríamos que hacer frente en materia de educación?

R.: En la última legislatura del PP, cuando se hizo una subcomisión en el Congreso para intentar modificar la LOMCE con un pacto de Estado por la educación, se permitió la participación de más de ochenta entidades y personas de reconocido prestigio en el mundo educativo. El diagnóstico de la problemática fue bastante compartido y se corresponde con lo que decíamos antes.

En lugar de igualar permitiendo que todos puedan elegir el que consideren el mejor centro según sus características y sus opciones, igualan eliminando la posibilidad de elegir

P.: ¿Podríamos considerar que la ley da más autonomía a los centros? ¿Por qué?

R.: Esta ley es intervencionista y de hecho su aplicación estricta en todas las comunidades autónomas nos encaminaría a un modelo de escuela pública única, como modelo excluyente. Así que no favorece para nada la autonomía de los centros. Incluso en los pocos aspectos que prevé que pueda darse alguna autonomía, lo limita al control previo y estricto de las comunidades autónomas.

Para mí eso es un enorme error. En los centros están los mejores expertos en educación. Dándoles más margen de libertad, con controles de mínimos, se ofrecerían soluciones más diversas y concretas a los problemas reales educativos. Pero los Gobiernos intervencionistas se creen en posesión de la verdad. Si en una pandemia sanitaria no llegaron a crear el famoso comité de expertos, ¿lo van a hacer en educación?

P.: Las escuelas católicas, dentro de las concertadas, ¿están todavía más discriminadas? ¿Por qué? ¿En qué puntos de la ley lo observamos?

R.: La pregunta sería más bien si el ataque a la concertada es tan beligerante porque una gran parte de la misma es católica. Pero no tengo respuesta a eso. Solo sensaciones, atisbos… Lo dejo a la valoración personal de cada uno.

P.: ¿Qué dice la ley sobre las escuelas diferenciadas? ¿Se verán obligadas a convertirse en privadas?

R.: Sí, las escuelas diferenciadas quedan apartadas del régimen de concierto. Se quedarán, en su caso, como privadas, y no podrán acceder a ellas quienes no tengan recursos económicos.

Y encima lo justifican en que son segregadoras (término nada aséptico), teoría que ha sido rechazada de pleno por nuestro Tribunal Constitucional.

Estamos en un periodo en que nos vamos acostumbrando a que este Gobierno ataque un día la libertad de expresión, otro la de prensa, otro la de libertad…

P.: ¿La ley es más laxa con los suspensos de los alumnos? ¿Por qué? ¿Eso es un problema?

R.: Es el concepto mal entendido de igualdad de esta izquierda, de este igualitarismo. En lugar de aspirar a que todos titulen porque se han puesto los medios para igualar las oportunidades y provocar el esfuerzo y alcanzar los objetivos, se iguala por abajo, titulando a todo el mundo. Con eso desincentivas el esfuerzo y devalúas los títulos.

Este concepto de igualdad también se pone de manifiesto con la libertad de enseñanza y elección. En lugar de igualar permitiendo que todos puedan elegir el que consideren el mejor centro según sus características y sus opciones, igualan eliminando la posibilidad de elegir. Todos serán iguales, porque no podrá elegir ninguno.

P.: La ley pone más restricciones a los colegios concertados para cobrar cuotas que los ayuden a sostenerse. ¿Su financiación hasta ahora era deficiente? ¿Por qué? ¿Qué pasará a partir de ahora si todavía hay más restricciones?

R.: No es cierto que esta ley cambie en cuanto a financiación. Se pretende desviar la atención y, de camino, difamar a la concertada. En este tema hay mucha desinformación, pero también hay mezclas interesadas e intereses espurios.

Los centros concertados son sostenidos con fondos públicos y, por tanto, gratuitos en cuanto a la prestación del servicio educativo básico. No puede haber ninguna cuota por ello.

Pero eso no obsta a la existencia de cuotas por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares o servicios complementarios. En cualquier caso, esas actividades y servicios son voluntarios, y las cuotas, que solo pagan quienes reciben el servicio, son previamente autorizadas por el consejo escolar o por la propia Administración. También están los donativos, que son aportaciones de mera liberalidad que hacen los padres porque quieren. El Gobierno no podría, aunque quisiera, eliminar este acto de libertad.

Con frecuencia se mezclan conceptos interesadamente. El otro día escuché hablar sobre un informe hecho ex profeso sobre el tema de cuotas en concertados y ponían un ejemplo de un padre al que obligaban a pagar cuota por dejar a su hijo en el centro una hora antes del comienzo de las clases. Es evidente que estaban hablando de un servicio complementario de aula matinal, y que se le cobra porque la Administración no asume económicamente eso, al centro le cuesta un dinero cubrir ese servicio y tiene que repercutirlo entre quienes lo utilizan. Pero en el medio no se distinguía que eso era un servicio complementario y no la actividad educativa, y que además es voluntario. Recuerdo que el medio decía que no era voluntario… ¡Porque a esa familia le hacía falta y le resultaba necesario por sus horarios laborales!

En un debate en otro medio con una representante de la CEAPA, la misma me dijo que yo hablaba de voluntariedad, pero que muchas de esas cuotas se cobraban por actividades dentro del horario lectivo. ¡Desconocía que todas las actividades escolares complementarias son dentro del horario lectivo! (como, por ejemplo, las excursiones). ¡Es una de las características que las distingue de las extraescolares! También desconocía, o decía desconocer, que el centro está obligado a ofrecer una alternativa para quien no quiera o no pueda coger la actividad complementaria escolar.

Lo cierto es que se mezcla el desconocimiento con la mala fe. Pero la LOMLOE no modifica nada de eso. Nada. Todo sigue igual.

Una cosa serán las sensaciones o los prejuicios que quieran alentar, pero lo cierto, los hechos son que no hay comisiones de conciliación por incumplimiento de conciertos por cobro de cuotas ilegales, ni procedimientos judiciales.

P.: ¿Cuál es para usted la mayor amenaza que plantea esta ley?

R.: El ataque a la libertad. Estamos en un periodo en que nos vamos acostumbrando a que este Gobierno ataque un día la libertad de expresión, otro la de prensa, otro la de libertad… me preocupa mucho esta deriva.

La educación plural de hoy es la base de la sociedad democrática del mañana. Pero esto también se cumple al contrario. A una educación monista o uniforme le corresponde una sociedad monocorde. A más intervencionismo, menos libertad, y a menos libertad, menos democracia. Esta regla no falla nunca.

Imagen destacada: Jesús Muñoz de Priego, junto a uno de sus libros sobre la libertad de enseñanza. | jesusmunozdepriego.wordpress.com