Hilda García | 19 de octubre de 2020
El catedrático de Genética analiza el informe emitido por el Comité de Bioética, del que es vocal. «Es una falta de sensibilidad y ética proponer la eutanasia cuando tantas personas han fallecido por la pandemia sin acompañamiento familiar ni apoyo espiritual», afirma.
Una eutanasia exprés y a domicilio. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias propone una nueva «prestación de ayuda a morir», más accesible y que se pueda aplicar no solo a los enfermos terminales, sino también a personas con «padecimiento crónico».
Nicolás Jouve, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá y expresidente de la Sociedad Española de Genética, se pronuncia sobre la eutanasia y el suicidio asistido. El académico de honor de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal ofrece su visión del «Informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación». Un documento elaborado por expertos cuyo contenido el Ejecutivo parece ignorar.
Pregunta: ¿En qué han consistido los últimos trabajos del Comité de Bioética con respecto a la eutanasia?
Respuesta: En primer lugar, deseo agradecerles esta entrevista sobre el importante debate actual de la eutanasia y señalar que trataré de responder de forma objetiva a las preguntas sobre el trabajo del comité, sin arrogarme la representatividad del mismo, como un vocal más del CBE. Este comité no ha dejado de trabajar, a pesar de las circunstancias de los últimos meses. Sus últimas sesiones se han tenido que llevar a cabo de forma virtual. La última a la que asistió la casi totalidad de sus miembros tuvo lugar el 4 de marzo, a raíz de la cual todos los asistentes salimos infectados por el SARS-CoV-2, hoy afortunadamente todos recuperados. Tras aquella reunión, se han celebrado varias sesiones virtuales y se han emitido cuatro informes. La última, en la que se votó el informe sobre la eutanasia, la celebramos el 4 de octubre, con parte de los miembros presentes y el resto de forma virtual.
Pregunta: ¿Qué razones impulsaron al comité a elaborar el informe sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus?
Respuesta: Se trataba de dar respuesta a una petición de la Dirección General de Políticas de Discapacidad acerca de las implicaciones éticas que para las personas con discapacidad pueden tener unas recomendaciones que había publicado el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Tanto esta sociedad como otras de diferentes especialidades médicas estaban emitiendo recomendaciones muy dispares, por lo que el comité recomendó al ministerio sacar unas directrices comunes de actuación, con criterios uniformes basados en aspectos bioéticos, teniendo en cuenta el valor ontológico de la dignidad humana. Y que para el triaje y la priorización se atendieran los casos de forma individual, atendiendo a los principios de igualdad y justicia, y eludiendo criterios de interés colectivo o de utilidad social, siempre ambiguos y relativos.
La expresión ‘muerte digna’ es un eufemismo, pues es contradictorio el hecho de la muerte con el concepto de dignidad
Pregunta: El hecho de que el documento se haya aprobado por unanimidad es muy significativo. ¿Resultó fácil lograr este consenso? ¿Por qué no hubo fisuras?
Respuesta: No hubo dudas. Desde el principio se adoptó la toma en consideración de todas las opiniones. Pronto se manifestó una sintonía en el juicio a la inoportunidad de la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, de escasa demanda social, y dado que en la práctica están resueltos los casos que van surgiendo con las leyes actualmente vigentes, sin que de hecho se impongan graves sanciones. Por el contrario, desde el principio hubo coincidencia en que lo urgente es regular de forma adecuada los cuidados paliativos. La unanimidad se fue fraguando en las sucesivas reuniones, en las que todos aportamos diferentes puntos de vista y tuvimos la oportunidad de participar en el esquema y en los contenidos en los diversos aspectos médicos, jurídicos y sociales que de forma integral se compendian en el informe.
P.: ¿Qué es la muerte digna y por qué la dignidad humana es incompatible con la eutanasia?
R.: La idea de que el hombre tiene el «derecho a morir con dignidad» ha dominado el debate bioético contemporáneo relacionado con el final de la vida humana. La mayoría de los que abogan por el derecho a una «muerte digna» entienden que este incluye el derecho a disponer de la propia vida mediante la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, basándose para ello en el respeto a la libertad individual o autonomía del paciente.
La dignidad es inherente a toda persona a lo largo de su vida, independientemente de sus condiciones concretas. La dignidad la tienen todas las personas mientras dura su vida por el mero hecho de ser seres humanos, desde la concepción a la muerte. No es algo que se mide y se otorga o se deniega en función de la expectativa de vida o de criterios arbitrarios. La expresión ‘muerte digna’ es un eufemismo, pues es contradictorio el hecho de la muerte con el concepto de dignidad. La muerte es un hecho natural que ha de suceder siempre y, solo cuando sucede, cesa la dignidad. Toda persona viva, con independencia de su edad, condiciones físicas o mentales, o cualquier otra consideración, tiene dignidad. Es la base de los derechos humanos fundamentales y está estrechamente vinculada a la radical igualdad de todos los hombres, como se consagra en todas las declaraciones de los organismos internacionales y en el Código Deontológico de la Organización Médica Colegial española. Acabar con la vida de una persona, aunque se pretenda hacer por razones compasivas, y aunque fuese a petición del enfermo, es un atentado a su dignidad, especialmente cuando existen modos de paliar el sufrimiento.
Asumir un derecho a morir es asumir un criterio subjetivo de la libertad personal, que niega la existencia de valores objetivos universales
P.: ¿Por qué morir no es un derecho?
R.: Como explicamos en el informe con razonamientos jurídicos y éticos, el derecho a vivir es un derecho positivo, que no admite su contenido negativo, precisamente por basarse en la dignidad de toda persona humana. Asumir un derecho a morir es asumir un criterio subjetivo de la libertad personal, que niega la existencia de valores objetivos universales, en virtud de los cuales la vida se considera un bien subjetivo. Esto no se corresponde con el valor superior de la dignidad que a toda persona, sean cuales sean sus circunstancias, se le ha de reconocer.
P.: ¿Cómo se puede armonizar la compasión hacia el que sufre con la protección de la vida?
R.: Conectar con quien sufre y comprender su sufrimiento es un sentimiento respetable y genuinamente humano, pero convertir la compasión en el principal determinante ético o legal resulta peligroso, en la medida en que puede conducir a los peores excesos a través de un vínculo demasiado intenso. El sentimiento de compasión debe conjugarse de manera equilibrada con otros principios y criterios. En primer lugar, con la protección de la vida y la no maleficencia, pero en cualquier caso sometido a otras manifestaciones específicamente humanas, como son la racionalidad, la responsabilidad, la prudencia, el deber de no abandono y la solidaridad. Hay que hacer todo lo posible por quien sufre, procurándole todo lo necesario desde las perspectivas física, psíquica y espiritual.
Estamos ante una sociedad enferma que parece carecer de los valores y la sensibilidad necesarios para reconocer su agradecimiento hacia las personas que han contribuido con lo mejor de sus vidas al bien común
P.: ¿Por qué la eutanasia y el auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización?
Paradójicamente, se señala que la eutanasia es una necesidad social y que además es progresista, como si el progreso tuviese algo que ver con la eliminación de la vida. El progresismo supone la atención especial a los más vulnerables y necesitados, que es justamente lo contrario a acabar con la vida.
P.: ¿Qué consecuencias tendría el hecho de que la eutanasia fuera considerada un derecho subjetivo y una prestación social?
R.: En primer lugar, aceptar que hay vidas que no merecen la pena seguir viviendo, y considerar justificada y comprensible la eliminación de personas en las que concurren determinadas circunstancias de dolor, postración o inhabilidad, supondría la derogación del artículo 10 de nuestra Constitución, que ampara la dignidad de la persona y su igualdad esencial como fundamento del orden político y de la paz social. Al margen de otras consideraciones morales, lo que se solicita con la petición de legalizar la eutanasia es que se atienda una petición de muerte del enfermo, o sea, que se acepte el derecho a ser matado por otro. Esto supone cargar a los médicos del Sistema Público de Salud con el encargo de producir la muerte de quien la solicitara, lo que va en contra de su deontología profesional. El error nuclear de este planteamiento es la confusión entre un pretendido derecho a morir y el derecho a ser matado. El Sistema Público de Salud está para atender las necesidades de salud y, en primer lugar, paliar el sufrimiento y proporcionar los tratamientos posibles para curar, no para acabar con la vida de los enfermos. Para un médico, el enemigo a batir es la enfermedad, no el enfermo.
Se han propuesto criterios de triaje y prioridad en la atención por razones de edad, condición física y posibilidades de curación, contradiciendo la máxima de que la Sanidad Pública es de todos y para todos
P.: El Comité de Bioética propone la sedación paliativa como alternativa a la eutanasia. ¿En qué consiste?
R.: Cuando se considera que ya no se puede hacer nada por salvar la vida de un enfermo, no se trata de aplicar medidas extraordinarias que no beneficiarían al paciente (obstinación terapéutica), sino de paliar su sufrimiento y acompañarlo hasta el momento final. Con la sedación paliativa se busca conseguir, con la dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra, ni física, ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudieran acortarle la vida. Se trata de que el paciente muera por el curso de su propia enfermedad, no por un efecto farmacológico dirigido a acabar con la vida, como sería el caso de la eutanasia. Lo que distingue la sedación paliativa de la eutanasia es la intención con la que se administran los fármacos. Lo que se busca con el tratamiento paliativo es realmente permitir morir y asumir el curso natural de la enfermedad con el menor sufrimiento posible.
P.: ¿Cree que en España los cuidados paliativos tienen el tratamiento que merecen?
R.: Son claramente deficientes, como lo demuestra el hecho de la elevada proporción de enfermos terminales que no reciben cuidados paliativos. Se estima que cada año mueren en España cerca de 80.000 pacientes sin recibir un tratamiento que atenúe el sufrimiento. Es preciso, además, regular la formación de los profesionales de la salud por parte del Ministerio de Sanidad y de Educación, tanto en el pregrado como el posgrado universitario, haciendo cumplir las exigencias del espacio educativo común de Bolonia de implantar la asignatura de Cuidados Paliativos, que debería de ser troncal y obligatoria, en las facultades de Medicina y Enfermería.
El Sistema Público de Salud está para paliar el sufrimiento y curar, no para acabar con la vida de los enfermos. Para un médico, el enemigo a batir es la enfermedad, no el enfermo
P.: ¿Cómo ha influido la crisis del coronavirus en el tema de la eutanasia?
R.: A la vista de los hechos de quienes proponen esta ley, en nada. Sorprende la frialdad de seguir adelante con una ley que propone la muerte como remedio, cuando vemos que mueren tantas personas como consecuencia de una atención sanitaria insuficiente. Por un lado, la atención preferente a los enfermos de COVID-19 ha motivado que se dejara a un lado a muchos pacientes graves por la falta de disponibilidad de recursos, camas y unidades UCI en las primeras fases de la pandemia. De otro lado, se han propuesto criterios de triaje y prioridad en la atención por razones de edad, condición física y posibilidades de curación, contradiciendo la máxima de que la Sanidad Pública es de todos y para todos. Es una falta de sensibilidad y ética proponer la eutanasia y el suicidio asistido al tiempo que hemos sufrido el espectáculo tan poco humanitario de la falta de acompañamiento familiar y de apoyo espiritual a tantas personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia, tan especialmente necesarios en el momento final de la vida.
P.: ¿Qué piensa de una sociedad que pretender saldar con la eutanasia la enorme deuda contraída con sus mayores?
R.: Es una perversidad demostrativa de que estamos ante una sociedad enferma, que parece carecer de los valores y la sensibilidad necesarios para reconocer su agradecimiento hacia las personas que, lejos de ser una carga, se merecen el máximo respeto por haber contribuido con lo mejor de sus vidas al bien común. Si, como hemos dicho, hay un déficit en cuidados paliativos, lo que necesita esta sociedad es solucionar esto para cuidar en las mejores condiciones la trayectoria final de la vida de los mayores y enfermos terminales, y no legislar para facilitar su eliminación en aras de una dudosa muerte por compasión.
Acabar con la vida de una persona, aunque sea por razones compasivas y a petición del enfermo, es un atentado a su dignidad, en especial cuando existen modos de paliar el sufrimiento
P.: ¿Cómo podemos pasar de una sociedad de la muerte a una sociedad del cuidado?
R.: Legislando para solucionar los déficits que tiene la sociedad. Si mueren tantas personas con sufrimiento, lo que hay que hacer es aumentar las necesidades de personal sanitario y de medios para cubrir esas necesidades y cuidar adecuadamente a quienes sufren. El enfermo terminal no desea morir, sino que le solucionen el sufrimiento. Por ello, lo que urge en nuestra sociedad es promover al máximo los cuidados paliativos para atender a las personas en el trance final de la vida, en su triple faceta; física, psíquica y espiritual.
P.: ¿Cree que el informe del Comité de Bioética será tomado en consideración?
R.: No sé el uso que se hará de este informe a los efectos del trámite de la ley, aunque creo que es un deber moral objetivo el tenerlo en cuenta, como afortunadamente se han tenido en cuenta otros anteriores. Los informes que elabora el comité tienen una doble finalidad. Por un lado, tratan de orientar a las autoridades en la adopción de medidas de carácter social que requieren un análisis ético de acuerdo con su responsabilidad de gobernar. En segundo lugar, se presentan a la sociedad con fines igualmente orientativos y de formación, con el objetivo de dar a conocer a todos los aspectos racionales de los problemas sobre los que tratan. Esa es la misión del CBE, en el que, de forma totalmente desinteresada y al margen de ideologías políticas, concurren profesionales cualificados, médicos, científicos, juristas y expertos en ética social por el bien de nuestra sociedad.
Urge en nuestra sociedad promover al máximo los cuidados paliativos para atender a las personas en el trance final de la vida, en su triple faceta; física, psíquica y espiritual
Pincha aquí para leer el informe completo del Comité de Bioética.
El jefe de Sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón aporta argumentos bioéticos y científicos que evidencian que la legalización de la eutanasia que pretende el Gobierno es inaceptable.
Toda sociedad envejecida debe decidir si invierte en atención a los ancianos o si impulsa la eutanasia. Nuestro Gobierno social-comunista parece haber decidido que lo progresista es lo segundo.
