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En octubre de 2020, el Comité de Bioética de España emitió un informe en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia. Hablamos con su presidente, Federico de Montalvo, que también es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.

De Montalvo lamenta que en la tramitación de la ley no se haya contado con la opinión de los expertos, pues «se podría haber mejorado la regulación o, al menos, habernos permitido advertir de que puede generar más problemas que beneficios».

«Proclamar un derecho a morir es una contradicción», afirma el profesor propio agregado de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas, donde también dirige el Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE). Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia y autor de numerosas publicaciones, el investigador asegura que «la ley de eutanasia es torpe, intentando resolver un problema va a generar otro mayor».

Pregunta: Nos encontramos a las puertas de la aprobación de la ley de eutanasia en España. ¿Qué opina sobre su legalización? 

Respuesta: Definiría la ley de eutanasia, sobre todo, como algo innecesario, porque existen otras alternativas para resolver aquellos supuestos que son excepcionales.

Pregunta: ¿Qué le parece que se haya hecho caso omiso al informe que emitió el Comité de Bioética sobre la ley de eutanasia?

Respuesta: Más que el Gobierno, ha sido el Congreso de los Diputados, porque la ley se ha tramitado como proposición, no como proyecto. Es una iniciativa que partió de un grupo parlamentario que, curiosamente, era el grupo del Gobierno. No es que sea ilegal o inconstitucional, pero resulta algo extraño. Normalmente, las proposiciones de ley las presenta la oposición. Cuando la mayoría parlamentaria quiere presentar una proposición, lo hace vía proyecto a través del Gobierno.

Es una pena que la propia comisión del Congreso que ha tramitado la proposición de ley no haya llamado a expertos, entre ellos, el Comité de Bioética de España, porque se habría enriquecido el debate. Obviamente, se podría haber mejorado la regulación o, al menos, habernos permitido advertir de que esa regulación puede generar más problemas que beneficios.

P.: ¿Qué contradicciones médicas y éticas presenta la eutanasia?

R.: La contradicción fundamental es que la ley de eutanasia intenta regular una excepción, que además ha de hacerse vía reforma del Código Penal, y para ello trata de reconocer un derecho y una prestación. Ese derecho, ética y legalmente, no solo está mal construido, sino que no se puede construir. No cabe proclamar un derecho a morir como derecho, porque es una contradicción en sí mismo o, al menos, lo es con los argumentos que se utilizan para proclamarlo. Es decir, partimos de que lo único que fundamenta esa ley es la proclamación de un derecho que no cabe proclamar.

Lo único que fundamenta la ley de eutanasia es la proclamación de un derecho que no cabe proclamar

P.: Y en cuanto al ámbito jurídico, ¿es una ley inconstitucional, en la medida en que atenta contra el derecho a la vida?

R.: En principio, la ley debería ser acorde con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con la doctrina española. La doctrina del TEDH sí aborda directamente si cabe reconocer un derecho a morir, al amparo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No así tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, que nunca se ha enfrentado a un caso de eutanasia o, al menos, no lo ha resuelto (se enfrentó a uno, pero no lo resolvió, lo archivó). Se ha enfrentado, eso sí, a algunos casos en los que hay un rechazo al tratamiento y de esos casos sí se puede deducir una doctrina. Y esa doctrina, aunque no es directa sobre la eutanasia sino indirecta, sí permite establecer como hipótesis que la regulación es inconstitucional. O sea, no encajaría ni a nivel europeo (al que nos remite la Constitución en su artículo 10 para interpretar los derechos) ni tampoco en la doctrina previa del Tribunal Constitucional.

P.: ¿Confundimos dignidad con autonomía personal?

R.: Ese es el principal problema. El derecho a morir que proclama la ley como nuevo derecho se trata de fundamentar en la dignidad. Si yo lo fundamento en la dignidad, ¿por qué luego limito a determinados grupos de personas la posibilidad de pedirlo? La dignidad es una condición de todos los seres humanos y, por lo tanto, no solo de los enfermos crónicos graves y de los enfermos terminales. Entonces es una contradicción basar ese derecho en la dignidad, cuando a continuación lo limito.

Si el derecho se basa en la dignidad, se la tengo que reconocer a todos los individuos. Además, también parte del error de interpretar la dignidad exclusivamente como autonomía personal, sin darse cuenta de que ‘dignidad’ puede ser algo más, fundamentalmente protección frente a la vulnerabilidad.

La eutanasia parte del error de interpretar la dignidad como autonomía personal, cuando ‘dignidad’ es protección frente a la vulnerabilidad

P.: Si la muerte es el final del sufrimiento, ¿no sería más ético reconocer el derecho a no sufrir, en lugar del derecho a morir?

R.: Sí. En el informe del Comité de Bioética precisamente está recogido que el ciudadano tiene -además, reconocido por el Tribunal Constitucional en su doctrina- derecho a no sufrir. Ese derecho no estaría amparado en el derecho a la vida, sino en el derecho a la integridad física o psíquica. Dicho derecho supone que el Estado y los terceros tienen el deber de evitar, en la medida de lo posible y de acuerdo con la ciencia actual, que una persona sufra y, por tanto, que se vea afectado este derecho, que se recoge en el artículo 15 de la Constitución pero que no es el derecho a la vida. Son dos derechos distintos.

P.: ¿La ley de eutanasia deja la vida de los ciudadanos en manos del Estado?

R.: Yo no creo que esta ley se haga para matar a nadie. Por muy errónea que me parezca la decisión de tramitar y aprobar una ley de estas características, nunca diría que el Estado lo hace con la pretensión de acabar con la vida de nadie. Es verdad que lo que hay es un riesgo. Al final, resulta un tanto paradójico que, si uno de los principales deberes del Estado es proteger la vida de los ciudadanos, acabe transfiriéndose al Estado la facultad de terminar con la vida.

Es verdad que se trata de una decisión que, en principio, tiene que ser voluntaria, lo que pasa es que la propia ley abre fisuras a la voluntariedad y permite, por ejemplo, acordar el acto eutanásico sin un consentimiento presente, es decir, con un consentimiento prospectivo, que sería el testamento vital, o incluso en el caso un sujeto sin capacidad de obrar. Entonces existe el riesgo de que el Estado se convierta en una especie de artífice o árbitro de la vida de los ciudadanos. No es que se haga con esa intención, pero es una ley que puede llevar a esa pendiente resbaladiza.

Si uno de los principales deberes del Estado es proteger la vida de los ciudadanos, es paradójico que se le transfiera la facultad de terminar con ella

P.: ¿Una pendiente resbaladiza como la de Bélgica y Holanda?

R.: El gran problema de Países Bajos es que la información es muy contradictoria. Yo he leído de todo y hay informes que dicen una cosa, otros que dicen otra… El informe para mí más neutro y que mejor lo analiza lo elaboró hace dos años, dos años y medio, el Comité de Bioética de Suecia. En ese documento sí se indica que en el modelo holandés, de Países Bajos, hay una pendiente resbaladiza. Pero, cuando sobre un hecho que tendría que ser fácilmente comprobable hay informaciones tan contradictorias, lo que falta es transparencia. Y si falta transparencia, algo está ocurriendo.

En España, por ejemplo, tenemos una transparencia absoluta en cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes, cuántos trasplantes se hacen y en qué condiciones. Todos los años se publican los datos. Nuestra política de donación de órganos es transparente. Imagínate que no lo fuera, que cada año hubiera contradicciones entre los tipos de donación que ha habido, los tipos de trasplante, los órganos… que no tuviéramos ninguna información. Sospecharíamos que el sistema oculta algo. Trasladado eso a los datos sobre la práctica de la eutanasia en Países Bajos, lo que se deduce es que hay una contradicción evidente, no hay datos claros. A mí me preocupa cuando en algo tan sensible falta transparencia.

P.: Usted ha mostrado su temor a que la eutanasia se convierta en un negocio. Explíquenos a qué se refiere.

R.: El problema es que puede haber una gran objeción. De hecho, si usamos como ejemplo el tema del aborto, aunque es bien distinto por el número de casos que se producen anualmente y por el perfil, prácticamente todos los médicos y hospitales son objetores. Hay muy pocos hospitales públicos, por no decir ninguno, que practiquen abortos en España. Se ha derivado todo a lo privado. Yo no digo que lo que se hace en lo privado sea peor que lo público, pero es verdad que en determinados ámbitos a lo mejor puede haber menos controles. Eso puede hacer que en lo privado se acabe desarrollando un servicio que se convierta en un negocio. Es verdad que la ley establece cortapisas a esto, porque la petición tiene que ser por una persona española, pero sabemos que hay cosas que empiezan a rodar poco a poco… Y, al final, como nadie quiere pararse a pensar cómo se está haciendo, España puede convertirse en un país de turismo eutanásico.

De hecho, uno de los principales fallos de la ley es que no recoge algo a lo que la Unión Europea nos obliga a muchos Estados -y que la ley española tiene incorporado desde hace seis años-, que es establecer un mecanismo de evaluación de cómo se va aplicando la ley. Las leyes que se aprueban ahora tienen que ser evaluadas previamente, es lo que se llama la ‘memoria de impacto’. Esta ley, al tramitarse como proposición, no tiene esa memoria de impacto que sí tendría si se hubiera hecho como proyecto. Por lo tanto, no sabemos realmente el impacto que va a tener. Pero es que tampoco establece ningún mecanismo para evaluarlo a posteriori, es decir, para ver cómo se va aplicando la ley y qué problemas tiene. O sea, que esa ley va a empezar a circular sin que nadie realmente al final se entere de cómo va andando y eso puede generar un turismo eutanásico, una aplicación en casos discutibles y crear una cultura donde determinadas personas, presten su consentimiento o no, se presuma que preferirían morir. Ese es el gran problema de la ley, nace sin garantías suficientes.

La ley de eutanasia no encaja ni a nivel europeo ni en la doctrina del Tribunal Constitucional

P.: ¿La solución médica de los cuidados paliativos debe prevalecer sobre la jurídica de la eutanasia?

R.: El hecho de que para atender tan solo determinados casos se reconozca un derecho puede generar problemas para las personas vulnerables. Y no solo es un problema de esos casos, es un problema de toda la sociedad. Y habría que buscar un mecanismo intermedio para resolver esta situación, que no tendría que ser jurídico sino médico. Interpretando bien los cuidados paliativos en un sentido amplio, no para enfermos terminales, sino en general para el sufrimiento, se podrían resolver prácticamente todas las peticiones.

En el propio informe del Comité de Bioética se explica. Hay instituciones de prestigio y con bagaje y conocimiento en el manejo de enfermos en situación muy comprometida, como es la Orden de San Juan de Dios, que desarrolla un protocolo de sedación paliativa, de cuidados paliativos en sufrimiento existencial refractario. Lo importante es cuál es el fin del acto médico. Si el fin es paliar el dolor y para combatir el sufrimiento en determinados momentos se puede producir un acortamiento de la vida, esa es una decisión ética y legalmente admisible. Incluso yo diría que es exigible. El paciente tiene derecho a no sufrir y, si para no sufrir puede determinar que el tratamiento que se le dé acorte su vida, de eso nadie está en contra. Se trata de la sedación paliativa, que se practica en los hospitales que tienen posibilidades para ello – porque no hay un acceso universal- y en los que tienen gente preparada. Hace falta reconocer la especialidad y formar a los profesionales en un ámbito tan importante.

P.: Usted está participando en la estrategia nacional de vacunación contra la COVID-19, que ha comenzado por la población más vulnerable. ¿Se habría seguido el mismo criterio si se hubiera aprobado ya la ley de eutanasia?

R.: Absolutamente, yo creo que es independiente. Dos representantes del Comité de Bioética estamos tomando parte en la estrategia de vacunación, somos expertos del mundo del derecho y la bioética. Propusimos al ministerio y al resto de expertos: epidemiólogos, médicos, vacunólogos… que había que proteger a aquellos que tienen riesgo de morir y ni el ministerio ni nadie lo pusieron en duda. Por tanto, con la ley o sin ella se habría aplicado la misma medida.

La ley es torpe, en el sentido de que intentando resolver un problema va a generar un problema mayor y no va a resolver el primero. Pero no se puede ver en la ley la pretensión de acabar con la vida, no es el fin en sí. Yo hubiera actuado igual si la ley hubiera entrado en vigor antes del comienzo de la estrategia de vacunación, hubiera propuesto exactamente lo mismo. Y en el entorno en el que vengo trabajando, que ya nos conocemos, somos un grupo importante que llevamos casi cinco meses trabajando, creo que se habría dicho lo mismo. De hecho, las personas que murieron por el colapso de las UCI y las unidades de soporte vital en marzo-abril no fue por una cuestión relacionada con la eutanasia. El problema es que el sistema se colapsó y se adoptaron inicialmente unas propuestas demasiado utilitaristas. Eso sin ley. Con ley, no creo que hubiera cambiado nada.

La eutanasia es una decisión más barata. El peligro es justificarla por un beneficio social y económico

P: ¿Cómo va a influir el futuro pospandemia en la aplicación de la eutanasia? 

R.: A mí me preocupa el futuro de una ley con estas características, sin dejar de preocuparme el contexto que va a generar la pandemia, que va a ser de gran empobrecimiento y de dificultades para la sostenibilidad del sistema de salud. Todos sabemos que la eutanasia es una decisión más barata. No es que alguien lo haga con esa intención, nunca lo creería, pero es verdad que uno se puede dejar deslizar por una pendiente donde se acaben justificando algunos casos que, si no se buscara un beneficio económico directo, serían discutibles. Es decir, que al final la eutanasia quede justificada por que se consiga un beneficio social y económico. No es que haya intención de hacer las cosas mal, es que sin intención a veces las cosas ocurren.

P.: ¿Qué le parece que la ley de eutanasia se haya planteado en un momento como este, en el que tanta población vulnerable está siendo víctima de la pandemia?

R.: La necesidad que pretendían atender las personas que la han propuesto sigue, porque continúa habiendo pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con cánceres terminales… Pero es verdad que, en un momento donde prácticamente todos los días nos anuncian medio millar de muertes, hablar de un derecho a morir cuando todos están pensando en vivir, al menos estéticamente, queda un poco feo. A mí me parece un tanto insólita la tramitación de la ley en este momento. No porque no se pueda hacer o porque la necesidad que pretenden defender los que la promueven haya decaído, sino porque el contexto es raro.

Este tema lo estuvimos discutiendo mucho en el comité para decidir cómo queríamos reproducirlo. El documento fue unánime, fuimos modificando un poco el lenguaje. Al final, quedó en el informe un mensaje contundente, pero sin querer tampoco ni escandalizar ni faltar al respeto a las instituciones. Lo que dijimos es que nos parecía poco estético en un momento en el que se están muriendo tantas personas y en el que la palabra parece que es ‘vivir’, no ‘morir’.

Es poco estético tramitar la ley de eutanasia en un momento en el que la palabra es ‘vivir’, no ‘morir’

P.: ¿Cómo prevé el futuro de la eutanasia en un país tan envejecido como España?

R.: Mal. Ojalá no hubiera pendiente resbaladiza, ojalá fueran casos muy concretos. Casi todos los países que se han planteado este tema normalmente no han desarrollado el modelo de eutanasia, sino de auxilio al suicidio, y España es un país complicado. Lo que me importa no son solo las presuntas garantías en la toma de decisiones y en la práctica de la eutanasia, sino que también me interesan las garantías en la evaluación de cómo se está aplicando a posteriori. No existen esos mecanismos de garantía, no se ha debatido que se incorporen ni se nos ha pedido a nadie que opinemos ni que propongamos mejoras. La ley en sí es un error. Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero nada bueno parece que nos augura esto cuando se ha tramitado cerrando las puertas y dejando fuera de la sala a muchas personas que podrían decir cosas interesantes, sin querer siquiera escucharlas.

P.: ¿Qué mensaje quiere dirigir a la sociedad?

R.: Desde las instituciones es bueno lanzar mensajes que no sean excesivamente radicales, porque hay cosas que se hacen sin querer hacerlas mal, pero que se puede prever que acabarán mal. Hay que buscar un punto de encuentro, aunque ahora ya es difícil. Ha habido posturas muy enfrentadas y a veces cuando se habla de cosas como estas se pueden alcanzar acuerdos. Parece que llegamos todos tarde y es una pena.

Imagen destacada: Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.