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Pekín asienta su presencia ilícita en una red de islas artificiales construidas en el Mar de la China Meridional, de acuerdo con su «Estrategia de la Línea de los 9 Puntos», para apropiarse de las aguas territoriales de varias naciones de la ASEAN. Unas reclamaciones inválidas según la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Concretamente en las Spratly, que cuentan con grandes reservas petrolíferas y son disputadas por Filipinas y varios países del Sudeste Asiático, ya se han construido pistas de aterrizaje. Además, se sospecha que Pekín tiene la intención de levantar otras instalaciones militares en el Atolón de Scarbourough –también llamado el Bajo de Masinloc- que, aunque estuviera en aguas filipinas desde tiempos de España, fue ocupado a la fuerza por China en 2012. Y lleva casi diez años expulsando pescadores filipinos del Atolón, siendo su objetivo controlar los recursos de la Zona Económica Especial que rodea dichas islas.

Algo similar ocurre en aguas de Vietnam, en torno a las Islas Paracelso, invadidas por China en 1972, y el atolón Vanguard Bank, con frecuentes expulsiones violentas de pescadores vietnamitas por sus guardacostas y, cuando la empresa española Repsol inició prospecciones petrolíferas alrededor del Vanguard, a instancias de Hanoi, tuvieron que ser canceladas (2018) ante las presiones de Pekín.

¿Cuál es la estrategia del presidente filipino Rodrigo Duterte, ante la intrusión? En principio, parece un intento de beneficiarse tanto de China como de EEUU, al estilo tailandés, acercándose, en cada momento, al sol que más calienta. Sin embargo, existen dudas de su coherencia, tanto si es muestra de debilidad, como si es por carecer de la información adecuada. En 2016, Duterte anunció que Filipinas se va a «separar de los EEUU» para «depender» de China, durante «un largo periodo de tiempo», en contraste con la postura combativa hasta entonces, lógica tras la ocupación del Scarborough. Este posicionamiento coincidía con la salida de EEUU del Acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica, que ralentizó el crecimiento del libre comercio entre EEUU, Filipinas y una variedad de naciones amigas a ambos lados del Pacífico. Además, EEUU estaba destinando escasos recursos para impulsar la construcción de infraestructuras en Asia.

Ante el repliegue estratégico norteamericano, Duterte quiere beneficiarse de los ingentes préstamos chinos de la Ruta de la Seda, para construir puertos, carreteras y telecomunicaciones, olvidándose de la invasión del Atolón e intentando congraciarse con el gigante asiático para centrarse en problemas domésticos, como es el del terrorismo islámico, y su sangrienta guerra contra el separatismo y las drogas, con miles de muertos. Sin embargo, desde la apertura de Duterte a Pekín solo habría obtenido ayudas al desarrollo en torno a 500 millones de dólares. Además, sólo el 10% de sus exportaciones iban a China (2017), mientras más de un 43% iban a EEUU y sus aliados, Japón y Singapur. Duterte, también mostró su rechazo a los lazos históricos con España criticando el cristianismo, y con el control norteamericano desde 1898.

La contrapartida de Duterte a Biden

Sin embargo, la pandemia de Wuhan, el apoyo popular mayoritario a la alianza con EE.UU. y el posicionamiento cada vez más agresivo de Pekín en el contencioso marítimo, explican el reciente acercamiento, natural, de Manila a Washington. Especialmente, tras la nueva ley de enero de 2021, que permite a los guardacostas chinos abrir fuego para proteger los islotes ocupados en territorio filipino. En noviembre pasado, Washington ofrece armamento de precisión para la defensa filipina. Y, en diciembre, Manila cancela el importantísimo macro proyecto de 9.000 millones de dólares del Aeropuerto de Sangley, otorgado a una de las empresas chinas en la lista negra de Washington, la CCCC, participantes en las construcciones de las islas artificiales para Pekín. Sangley solo sería uno de los múltiples proyectos, nunca materializados, del programa «Build, Build, Build» de Duterte, pero obstaculizados por la altísima corrupción y burocracia filipinas.

Finalmente, el reciente 11 de febrero Washington reafirmó su compromiso con Filipinas para defender su territorio de agresiones extranjeras, apelando al Tratado de Defensa Mutua de 1951. Ahora, el único escollo sería la pretensión del presidente Duterte de obtener más contrapartidas pidiendo a Biden un enorme aumento, hasta los 14.000 millones, de ayuda al desarrollo permitiendo a EE.UU. utilizar sus instalaciones militares en Filipinas, justificándolo como la mejor localización frente al contencioso en el Mar de China.

Imagen destacada: Varios manifestantes sostienen un cartel criticando al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a los Estados Unidos y a China, durante un mitin en Manila (Filipinas).