Belén Becerril | 31 de diciembre de 2020
Todos perderán, pero los británicos se llevarán la peor parte. El Reino Unido es hoy un país más dividido, con graves tensiones territoriales. La UE, sin embargo, parece salir reforzada del embate. Los veintisiete superan 2020 más unidos.
Han pasado más de cuatro años desde la celebración de aquel referéndum en el que el Reino Unido (RU) decidía poner fin a su pertenencia a la Unión Europea (UE). La negociación del acuerdo, finalmente alcanzado el 24 de diciembre, no ha sido precisamente «una de las más fáciles en la historia de la humanidad», como predecía en 2017 el entonces ministro de Comercio, Liam Fox. Bien al contrario, la negociación ha sido para ambas partes una auténtica pesadilla que ahora toca a su fin.
La firma in extremis del nuevo acuerdo es una gran noticia para los ciudadanos y las empresas, pues permite un tránsito ordenado al nuevo escenario que se inicia el 1 de enero, regulando algunos elementos de la nueva relación.
El nuevo acuerdo es más ambicioso en lo que respecta a la circulación de mercancías que a la prestación de servicios, que cubre muy levemente. Quizás el logro más relevante es que las mercancías podrán circular entre el RU y la UE sin estar sujetas a aranceles ni a cuotas. No obstante, dado que el Reino Unido optó por un Brexit duro, abandonando no solo la Unión Europea sino también el mercado interior y la unión aduanera, habrá necesariamente controles en la frontera y formalidades aduaneras. La circulación de mercancías será más difícil que hasta ahora y, en consecuencia, también más costosa.
A instancias de la Unión Europea, preocupada por la posibilidad de que un Estado tan próximo como el Reino Unido pudiese competir en el mercado europeo rebajando los estándares, el nuevo acuerdo garantiza también unas condiciones de competencia equitativas. Requiere así que las partes mantengan altos niveles de protección en lo relativo al medio ambiente, los derechos laborales o las ayudas de Estado. Se establece también un Consejo de Asociación Conjunto, un nuevo marco en el que ambas partes seguirán negociando regularmente, si bien más lejos de los focos, y unos mecanismos vinculantes para resolver los litigios que sin duda se plantearán.
Resulta difícil repasar las consecuencias que la retirada tendrá para las empresas y ciudadanos británicos sin cierto pesar. Como se ha señalado, el nuevo acuerdo prima el acceso al mercado europeo de las mercancías por encima de los servicios –financieros, audiovisuales, de transportes… -, en los que la economía británica es más competitiva. Sus empresas sufrirán las consecuencias. También sus ciudadanos, pues, tras el 1 de enero, necesitarán visados para estancias superiores a noventa días, perderán el derecho a estudiar, trabajar y residir en los 27 Estados miembros, el reconocimiento automático de sus cualificaciones profesionales –lo que afectará a médicos, enfermeros, arquitectos, veterinarios… -, la gratuidad del roaming, la participación en el programa Erasmus…
El Reino Unido se aleja, voluntariamente, de su primer socio comercial. Se levantarán barreras donde antes no existían. Se requerirán formalidades nuevas. Se limitará el acceso de ciudadanos, bienes y servicios. Todos perderán, pero los británicos se llevarán la peor parte.
La Unión afrontará su futuro sin la valiosa contribución británica, pero también sin el pesado lastre de su euroescepticismo
Por lo demás, está por ver que el Reino Unido, que tanto sacrifica para recuperar su autonomía legislativa, pueda ejercerla plenamente y apartarse de las normas que, en su ausencia, seguirán adoptando las instituciones europeas. Al fin y al cabo, las empresas británicas tendrán que cumplir con ellas si quieren vender en el mercado interior. En la práctica, es más que probable que el alineamiento con las normas europeas continúe. Más aún cuando cualquier divergencia tendría por efecto ensanchar la brecha que separará ahora a Gran Bretaña de Irlanda del Norte pues, en virtud del Acuerdo de Retirada, esta queda de facto en el mercado interior en lo que respecta a las mercancías.
Por último, el coste de esta aventura podría ser aún mayor. El Reino Unido es hoy un país más dividido, con graves tensiones territoriales. El Acuerdo de Retirada obligará a realizar controles en la frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo futuro estará más estrechamente vinculado al de Irlanda. Resulta significativo que el Gobierno irlandés haya anunciado estos días que financiará a los jóvenes norirlandeses para que puedan continuar accediendo a las becas Erasmus. También el futuro de Escocia, donde muchos se oponían a la retirada, primero, y al Brexit duro, después, parece de nuevo en cuestión al plantearse la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia.
La Unión Europea, sin embargo, parece salir reforzada del embate. Los Estados miembros han mantenido la unidad en las negociaciones, al tiempo que adoptaban medidas importantes para superar un año extremadamente difícil: el fondo de recuperación, la emisión de deuda pública por parte de la Comisión, la respuesta coordinada a la pandemia, la aprobación de un reglamento que condiciona los fondos europeos al respeto al Estado de derecho… Los 27 salen de 2020 más unidos. ¿Hubiera sido posible adoptar estas medidas con los británicos? No lo creo. El dividendo Brexit ya se ha puesto de manifiesto. La Unión afrontará su futuro sin la valiosa contribución británica, pero también sin el pesado lastre de su euroescepticismo.
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