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Una gran amiga gallega con mando en plaza empleó la frase que da título a estas líneas. Una trangallada es algo desordenado, mal organizado, mal hecho. O sea lo que nos ofrece cada día el Gobierno. Lo último -ya será lo penúltimo porque el tiempo corre- es que el todopoderoso ministro Félix Bolaños se cargó la división de poderes diciendo algo tan chocante como que «los jueces no pueden elegir a los jueces igual que los políticos no eligen a los políticos». ¿Y quién le eligió a él? Pedro Sánchez, un político. ¿Y quién eligió a Sánchez? El Congreso de los Diputados integrado por políticos. Y este Félix Bolaños pasa por ser el listo de la película. A lo mejor él se lo cree; también se lo creyó Iván Redondo y ya anticipé en un Ojo avizor cómo acabaría: despeñado no junto a Sánchez, como él deseaba y proclamó, sino por Sánchez.

Si hay una reforma necesaria, y no es ni mucho menos la única, es la de la Justicia.  En 1981 la primera ley del Poder Judicial incluía que los jueces eligieran a 12 de los 20 vocales de su órgano de gobierno. En 1985 el Gobierno de Felipe González modificó este sistema para que el Parlamento, o sea los partidos, asumiesen los nombramientos por consenso. Alfonso Guerra pronunció una frase que se hizo célebre: «Montesquieu ha muerto». En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, aprobó otra reforma que no modificó el sistema de elección de vocales. Un error. Ahora Pablo Casado asume la despolitización dando su papel a los jueces en la línea marcada por la Unión Europea. No hay democracia real sin división de poderes.  Y Bolaños que relea la Constitución.

Otra trangallada que está pasando de puntillas es la decisión del PSOE de quitarse la careta. La Ponencia Marco de su 40 Congreso en el próximo octubre supone abismales distancias entre el PSOE de Felipe González, tras el Congreso Extraordinario de 1979 que dejaba en la cuneta al marxismo y a eventuales amistades peligrosas, y el Partido Sanchista, en definitiva un partido nuevo que conserva las viejas siglas. Dedicaré atención singular a este salto en el vacío; adelanto alguna anotación como aperitivo.

La Ponencia pone distancia con «la vieja socialdemocracia en declive», rechaza ser un partido de gobierno dedicado más a la gestión que a las reformas, critica las alianzas con partidos de centro-derecha porque minimizan la intervención del Estado, relajan la progresividad fiscal, y privatizan todo lo posible la gestión de lo público. También acusa al  capitalismo del «estancamiento de renta y riqueza de trabajadores y clases medias» y se declara «alternativa a un sistema destinado a crear desigualdades crecientes». O sea: este nuevo PSOE no es una alternativa de gobierno, es una alternativa de sistema. Del sistema de la Constitución.

La Ponencia defiende «los pilares básicos que han servido de base al socialismo para la acción de Gobierno desde 2018». Ojo: no antes. Sobre la experiencia de la pandemia se apuntan ciertas curiosidades. Por ejemplo, la necesidad de «un Estado más sólido» (en su lectura: todo el poder para el Gobierno), ataca la privatización de hospitales (sin embargo, miembros del Gobierno -me niego a escribir  miembras- tienen sus hijos y cuidan sus enfermedades en hospitales privados) y denomina «espíritu federal» a la colaboración durante la pandemia entre Gobierno central y Autonomías, colaboración que se produjo cuando Sánchez decidió apartarse para eludir sus responsabilidades. Ese espíritu no impidió que Sánchez se apuntase los triunfos ajenos.

Me pregunto: ¿A qué PSOE votaron sus electores? ¿Al PSOE radical de un Sánchez sin careta, fundado en 2018? ¿Al PSOE socialdemócrata, centrado, de Felipe González? Sánchez incumplió sus promesas, entre ellas la básica: que no pactaría con Podemos para que los españoles pudiésemos dormir tranquilos. Antes de 24 horas había pactado un Gobierno con un vicepresidente y varios ministros comunistas, rara avis en la UE. ¿Cuántos ciudadanos que votaron socialista se sentirán engañados?

Bastante tiene Dolores Delgado con tentarse la ropa ante la decisión del Tribunal Supremo que valorará si su nombramiento fue legal

No sé si los votantes burlados rectificarán o serán como aquel taxista que durante toda una carrera criticó crudamente a Zapatero en vísperas de unas elecciones, sin comentario alguno de nosotros, sus viajeros, y cuando llegamos al destino y le deseé que no ganase Zapatero, me contestó que él estaba en contra del candidato pero votaba al PSOE porque su abuelo luchó con la República; en el taxi iba un primo mío holandés que, en su perfecto español, le dijo que no lo entendía, que en su país no se votaba por los abuelos sino según gestionase cada primer ministro. Mi padre era de derechas y un tío mío fue oficial del Ejército Popular de la República. ¿Qué tendría que votar yo? ¿En una elección a un partido y en la siguiente a su contrario por recuerdo familiar? Qué disparate. Acaso por eso la ministra Isabel Celaá decidió que el nivel de exigencia escolar quedase bajo mínimos y el ministro Manuel Castells destierra la memoria porque existe internet. Mejor la ignorancia borreguil. Menuda trangallada.

Otra trangallada. Se han sucedido los barullos dentro del Gobierno. Saltándose los términos del pacto de coalición, al tiempo en el Gobierno y en la oposición, Podemos presentó una iniciativa parlamentaria pidiendo la creación de una empresa nacional de electricidad. Ese invento no arreglaría nada y su práctica tardaría años. El diputado podemita Juan Antonio López de Uralde se las vio y se las deseó en una televisión para hablar de los pantanos y su historia sin citar al general Primo de Rivera, que los inició, y a Franco que los multiplicó. En el seno de Podemos también hubo controversia. La vicepresidenta Yolanda Díaz discrepó en el tono con el diputado de su grupo Jaume Asens en el nuevo capítulo del culebrón del Rey padre por la nueva presión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que trata de que los españoles nos distraigamos y no pensemos en el Gobierno. Se filtró una petición de aclaraciones a Suiza, quedó maltrecha, una vez más, la presunción de inocencia, y la Fiscalía aclaró en una Nota que no había pruebas y era un trámite necesario. Pero el daño buscado ya estaba hecho.

Bastante tiene Dolores Delgado con tentarse la ropa ante la decisión del Tribunal Supremo que valorará si su nombramiento fue legal tras los recursos presentados que  defienden que Delgado no cumple los requisitos de imparcialidad por proceder directamente del Gobierno y de las listas del PSOE y por no ser jurista de reconocido prestigio. En 2019 un periodista preguntó a Sanchez cómo pensaba cumplir cierta promesa electoral que implicaba a la Fiscalía y contestó con la pregunta: «¿La Fiscalía de quién depende?» El periodista, sorprendido, respondió «del Gobierno». Y Sánchez  subrayó: «Pues ya está». Esa opinión causó malestar en los fiscales que mostraron su «sorpresa y estupefacción». Pero es lo que piensa Sánchez. Ante el espejo repetirá, como según dicen  proclamó el Rey Sol: «L’ Etat c’est moi». Y va camino de hacerlo realidad si no se pone coto al creciente tsunami de su ego. Esa es la gran trangallada.

Imagen destacada: Pedro Sánchez en un acto con empresarios y sindicatos a principios de septiembre. | Agencia EFE