Daniel Berzosa | 11 de marzo de 2021
Los tres grandes grupos políticos europeos (populares, socialistas y liberales) han votado a favor de retirar la inmunidad de Carles Puigdemont y Cía. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos?
La retirada de la inmunidad parlamentaria a los ciudadanos españoles Carles Puigdemont, Antonio Comín y Clara Ponsatí, huidos de la justicia española, es un gran triunfo de la Política, entendida a estas alturas de la Historia dentro del único esquema realista y probado de aspiración al disfrute de los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Se contiene en el Estado constitucional, que se basa simultánea e inescindiblemente en la Democracia y el Derecho. Es el caso de la España de la Constitución de 1978 y de los valores en los que se funda la Unión Europea.
Escribo la palabra Política con mayúsculas a propósito, pues deseo subrayar el concepto como es debido, a partir del término empleado por Aristóteles, «Πολιτεία» («Politeia») o gobierno del espacio de lo público («lo concerniente al Estado»); donde convergen el Estado y los ciudadanos; y, también, a partir del término latino «politicus», que proviene a su vez del griego «πολιτικός» («politikós»), que significa a la par «de los ciudadanos» y «del Estado», como consecuencia de que la raíz «πόλις» («pólis») vale por «ciudad» y por «Estado», única unidad estatal existente en la Grecia clásica.
Porque no debe confundirse a los verdaderos «politikoí», esto es, a los ciudadanos que se ocupan de los asuntos públicos en bien de la comunidad nacional, con los que, ocupando los puestos de dirección de tales responsabilidades, trabajan por sus intereses personales y privados, que igual pueden ser solo los de su partido o grupo de presión. Es decir, los «ἰδιωτικός» («idiotikós») o «ἰδιώτες» («idiotes»). Un término que haría sucesivamente referencia a «ciudadanos privados», «incultos» o «ignorantes», hasta alcanzar el peyorativo significado que comporta la palabra «idiota».
Y ese gran triunfo de la Política se ha verificado sin sorpresas ni sobresaltos en esa singular institución parlamentaria que es el Parlamento Europeo. ¡Qué alegría y qué gran lección! Debería serlo sin duda para los demócratas españoles y del resto de la Unión Europea. Los tres grandes grupos políticos europeos (populares, socialistas y liberales) han votado a favor de retirar la inmunidad de Puigdemont y Cía. Expresado en números, se trata de una cifra que supera la mayoría reforzada de tres quintos, propia de la reforma constitucional (432 eurodiputados de 705 o el 61% de la cámara).
La inmunidad parlamentaria, sea en el ámbito nacional o, como ahora sucede, en el ámbito del Parlamento Europeo, implica dos cosas. Primera; un diputado no puede ser detenido, salvo en caso de flagrante delito. Segunda; tampoco puede ser procesado sin que la cámara a la que pertenece conceda su autorización. Por tanto, la retirada de la inmunidad parlamentaria significa que, a partir de este momento, se podrían activar las euroórdenes emitidas en el pasado contra Puigdemont y Cía.
En modo alguno significa que haya una entrega inmediata. Lo que sí puede suceder de inmediato es que se volviesen a cursar las citadas euroórdenes que pesan sobre los fugados y que, de nuevo, las autoridades judiciales belgas procediesen a examinarlas a su peculiar modo, es decir, causando el mayor daño posible a España, a su democracia y a la Unión Europea. Sin embargo, ya sabemos que esto tampoco va a ocurrir de forma inmediata. El magistrado del Tribunal Supremo instructor de la causa, don Pablo Llarena, ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie previamente sobre el alcance concreto de la regulación de la euroorden, para saber exactamente qué se puede obtener y qué no con ella de forma automática, esto es, para evitar que los tribunales de justicia del país donde esté el reclamado destruyan el principio de confianza en los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea, en que aquella se basa.
No. El mandato de un miembro del Parlamento Europeo se corresponde con la legislación nacional del Estado donde ha sido elegido y, por tanto, para suspender o retirar la condición de diputado corresponde examinar el derecho nacional del que proviene ese europarlamentario. El hecho de que se retire la inmunidad de un diputado y se abra la posibilidad de actuar judicialmente contra él no equivale a un «veredicto de culpabilidad». Pueden seguir y seguirán siendo diputados hasta que, conforme con la regulación nacional, se pueda o deba retirar dicha condición.
En efecto, Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden recurrir la decisión adoptada por el Parlamento Europeo ante el Tribunal General de la Unión Europea.
—Nadie dijo que fuera fácil—, dijo Sísifo a Prometeo.
—Lo sé —replicó el titán—, pero nada bajo el sol es eterno. Y, cuando menos lo esperas, aparece un Heracles.
Para el imaginario independentista, habría tres presidentes: Puigdemont, Torra y Aragonés. Tres que serían uno, el «legítimo»; pero esta poco santa trinidad solo sería comprensible para los creyentes del lazo amarillo.
La confianza recíproca entre distintos sistemas judiciales que sostiene la «euroorden» ha desaparecido después de que la justicia de Bélgica entre a examinar el derecho procesal español en el caso del procés.