Antonio Olivié | 20 de agosto de 2019
El 22 de agosto es el día elegido para rendir homenaje a las víctimas de persecución religiosa tras el acuerdo de Naciones Unidas.
Este Día Internacional ha sido promovido también por Gobiernos de mayoría islámica.
Hace falta una percepción pública del odio contra la fe para poder actuar políticamente.
Roma (Italia) | En los últimos meses, en Pakistán, había cerca de 40 personas en el corredor de la muerte por delito de ‘Blasfemia’, reconocido en la legislación nacional. Es el mismo motivo que llevó a una joven cristiana, Asia Bibi, a pasar 9 años encarcelada por el simple hecho de ser denunciada por unos vecinos de haber hablado mal del Islam, sin ningún tipo de prueba documental.
La situación de Pakistán no es única. Y uno de los grandes problemas es que apenas se habla de la persecución religiosa en los grandes medios informativos. Por ello, el acuerdo de las Naciones Unidas del pasado mes de mayo fue histórico, al dedicar un Día Internacional, el 22 de agosto, a las Víctimas de la Violencia por Motivos Religiosos. La iniciativa corrió a cargo de Polonia, con un Gobierno al que habrá que reconocer su acierto al poner sobre la mesa una situación que otros prefieren ignorar.
Que el argumento esté en los foros internacionales, que se discuta a nivel político hace que se reconozca el problema
A juicio del ministro de Exteriores Polaco, Jacek Czaputowicz, “cualquier tipo de violencia contra personas por el hecho de pertenecer a una minoría religiosa es inaceptable”. Algo que, a la hora de presentar la propuesta, compartieron también los representantes de Brasil, Canadá, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria, Pakistán y Estados Unidos.
El hecho de que este Día Internacional haya sido promovido también por Gobiernos de mayoría islámica tiene importancia. El propio ministro de Exteriores polaco recordaba que esta jornada quería recordar a las víctimas de los recientes ataques a una mezquita en Australia y a dos iglesias católicas de Sri Lanka, el peor crimen por motivos religiosos de los últimos años.
La declaración de la ONU pone de manifiesto una nueva sensibilidad ante este grave problema. Desde hace un par de años, Estados Unidos cuenta con un departamento dedicado a la libertad religiosa; Gran Bretaña también lo ha incluido como uno de los elementos básicos de su diplomacia y, de hecho, aseguran que fuera de la Unión Europea podrán defenderlo con más fuerza.
Solo reconociendo la intensidad de la persecución religiosa en todo el mundo, que afecta especialmente a las minorías cristianas, se pueden aportar soluciones
El empeño de estas grandes potencias sigue la estela de una política que comenzó Hungría, creando un Departamento por los Cristianos Perseguidos, con un departamento propio dentro del Gobierno.
Este pasado mes de julio, cientos de líderes religiosos y supervivientes de persecución por motivos religiosos se dieron cita en Washington para dar a conocer la situación en que viven. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino en un foro en el que se pretendía “homenajear y reconocer” a quienes han sufrido persecución religiosa.
Es evidente que este tipo de encuentros o el hecho de dedicar un Día Mundial no van a cambiar radicalmente la situación de quienes son perseguidos por su religión. Pero el hecho de que el argumento esté en los foros internacionales, que se discuta a nivel político hace que se reconozca el problema. Y hasta ahora, en muchos casos, lo grave es que apenas se advertía el alcance de esta injusticia.
Solo reconociendo la intensidad de la persecución religiosa en todo el mundo, que afecta especialmente a las minorías cristianas, se pueden aportar soluciones. Hace falta que haya una percepción pública del odio contra la fe para poder actuar políticamente.
