Agustín Domingo Moratalla | 15 de mayo de 2020
La pandemia de coronavirus ha dejado un insoportable número de muertos en las residencias de ancianos. Esto exige un cambio en el modelo de atención y organización de los centros de mayores.
La pandemia de coronavirus está afectando de manera especial a personas mayores atendidas en residencias. Aunque las cifras pueden variar según las fuentes que aún estamos utilizando, con certeza el número de fallecidos supera los 12.000.
Es un escándalo éticamente preocupante del que aún no conocemos todas sus dimensiones y en el que debemos focalizar las investigaciones para describir, analizar y valorar la gestión de las responsabilidades políticas que se han producido. Una pésima gestión que se ha realizado durante las últimas semanas, desde el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, y que ha sido claramente manifiesta desde el 19 de ese mismo mes, cuando el vicepresidente de Asuntos Sociales asume las competencias en la gestión de las residencias de mayores.
Aunque será difícil imputar responsabilidades penales por los miles de muertes y el claro maltrato institucional que se ha producido, no será difícil demostrar la incapacidad para la gestión, la insensibilidad moral ante la vulnerabilidad de los mayores y el desconocimiento del sistema de cuidado residencial en España. Mientras van apareciendo noticias de las primeras demandas, y a medida que vamos reconstruyendo la historia de muchas residencias, pensemos que en una residencia de Alcoy (Alicante) de 138 residentes, hasta hace pocas horas habían fallecido 75, y en una residencia de Torrent (Valencia) han superado los 22 residentes fallecidos. La tozudez de las cifras de muertos está provocando la aparición de estudios que nos ayuden a reconstruir con mimbres nuevos todo el sistema del cuidado residencial. El más reciente ha sido realizado en la Cátedra Prospect 2030 y ha sido redactado por la profesora Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
El informe describe lo sucedido en términos de tsunami por varias razones:
El número de personas muertas ha sobrepasado los límites asumibles.
Las condiciones que han rodeado las muertes estaban relacionadas con el aislamiento de los mayores, el alejamiento de los familiares y la instalación en entornos desconocidos (UCI) donde no se han facilitado las despedidas.
Se han vulnerado muchos derechos fundamentales, al producirse discriminaciones por edad, sobreprotección y revictimización de diversos colectivos.
Sin precisar toda la casuística posible, el informe se presenta como un conjunto de recomendaciones para reorganizar el cuidado residencial desde un Modelo de atención integral y centrado en la Persona. Este modelo, que en España está siendo desarrollado en varias residencias por la Fundación Pilare, se caracteriza por ir estableciendo cambios para conseguir un ambiente hogareño (frente al modelo institucional clásico de equipamientos impersonales), organizaciones flexibles que giran en torno a la persona (y no en torno a las tareas o los profesionales), organizar a las personas en unidades de convivencia pequeñas dentro de las posibilidades de los centros, trabajar por el fomento de la capacidad de elección y autodeterminación de las personas que allí viven (frente a la imposición de normas y reglas decididas únicamente por los equipos directivos) y la búsqueda de calidad de vida o vida con sentido (frente al cumplimiento de procesos y protocolos estandarizados).
La aplicación progresiva de este modelo exige pasar del modelo actual, que prioriza el cuidado entendido como custodia residencial, a otro como extensión de los cuidados en las propias viviendas. La mayor parte de las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia prefieren vivir en sus casas y seguir participando en la vida de su comunidad. No podemos seguir con el actual modelo de cuidado residencial y deberíamos caminar hacia un modelo de hogares modulados en unidades de convivencia, optando por viviendas comunitarias, apartamentos con servicios compartidos (cohousing), donde sea más fácil personalizar la atención y la integración comunitaria.
No podemos olvidar que la capacidad de la familia para hacer frente a los cuidados que requieren los mayores en situación de vulnerabilidad está debilitada. Sin contar, claro está, con que la mayoría de las personas mayores no aspiran a que su familia las cuide, sino que anhelan que su familia las quiera y les dé apoyo emocional. Prefieren vivir en su domicilio o en un lugar parecido a él y recibir cuidados profesionales integrales de calidad. Y quieren que estos cuidados que reciben no les impidan continuar controlando su vida, sentir que continúa siendo valiosa y que sigue teniendo sentido.
Este modelo está muy lejos del actual, en el que faltan plazas en cualquiera de sus fórmulas administrativas: privada, concertada o totalmente pública. La pandemia ha pillado a cientos de centros en una situación de precariedad administrativa endémica por algunas razones bien conocidas en el sector:
Pliegos de contratación con tarifas a la baja donde la Administración paga tarde y mal. Resulta imposible el mantenimiento de modelos residenciales familiares en detrimento de modelos residenciales institucionales que acaban siendo propiedad de grandes empresas y fondos de inversión. Por solo poner un ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay entidades del sector de mayores, menores y diversidad funcional que llevan sin cobrar más de un año.
Precariedad laboral de unos profesionales que tienen inferiores salarios y menos consideración social. Incluso los centros que tienen mejor dotación en servicios médicos o de enfermería no han tenido acceso a material sanitario u hospitalario para la administración intravenosa o aerosolterapia. Menos aún han tenido acceso a equipos de protección individual. Numerosos profesionales de la enfermería y medicina han dejado el sector residencial para pasar al sector hospitalario, debilitando los equipos profesionales.
Sector feminizado y excesivamente mercantilizado en la oferta de servicios especializados que vayan más allá del cuidado residencial. Las plantillas están sobrecargadas, mal pagadas y con escasa formación. La formación de gerocultores está centrada en la higiene y la alimentación, no en la especialización para un cuidado sociosanitario integral. Apenas hay reciclaje y formación continua. En esta situación, amparándose en el art. 53.1f de la ley 19/2015 de Procedimiento Administrativo Común, muchos centros solicitaron orientación y asesoramiento sobre la aplicación de la normativa e instrucciones recibidas y aún siguen esperando respuesta.
El informe es un aldabonazo a toda la sociedad, que en estos días está viendo cómo desaparece toda una generación de mayores sin el mínimo remordimiento por parte de las autoridades políticas, sin el debido luto o sin reconocimiento político. Las medidas adoptadas han sito tímidas, insuficientes y han llegado con retraso.
Han faltado medios, directrices, claridad y protocolos. Incluso se ha producido la curiosa situación de que los residentes han sido sometidos a un doble confinamiento. Al cerrarse y evitar visitas, los mayores han sido aislados del exterior. Muchos de ellos fueron aislados en el propio interior de la residencia, en sus propias habitaciones, atendidos profesionalmente sin las suficientes medidas de diagnóstico y protección. Con ello se han incrementado la vulnerabilidad, el deterioro, la dependencia y el abandono emocional.
El documento indica que algunos centros actuaron con precaución y prudencia, poniendo en práctica medidas de prevención y comprando materiales que luego han escaseado. Estas iniciativas no obedecían a directrices de unas Administraciones que, varios meses antes, no vieron con buenos ojos estas prácticas. Son las que han salvado la vida a cientos de mayores, cuyos gerentes se han peleado heroicamente estas semanas con la Administración sanitaria para que también los ancianos pudieran ser hospitalizados.
Aunque las altas tasas de mortalidad se atribuyan al alto porcentaje de enfermedades crónicas y a la mayor vulnerabilidad de la población, hay pruebas evidentes de que numerosas personas han sido desatendidas y abandonadas. En concreto, aquellos que tenían elevado grado de dependencia física, una alta prevalencia en el deterioro cognitivo y demencia o una elevada comorbilidad.
Por último, sería importante evitar la estigmatización del cuidado residencial que se está produciendo en las prácticas políticas e informativas. Cualquier estrategia de reconstrucción económica y cultural debería pasar por esta arteria central de la política social. El cuidado residencial cumple una función cultural, social y económica imprescindible. Sus profesionales requieren un mayor reconocimiento del que, hasta ahora, les hemos dado. Para ello, además de la transparencia en la información y la asunción política de las responsabilidades, la opinión pública debería exigir que se corrija el actual modelo de cuidado residencial y que promoviéramos un modelo centrado en la persona.
El Gobierno se empeña en posponer los homenajes y el luto oficial por los fallecidos en esta pandemia de coronavirus. Los muertos no encajan en su narrativa.
Millones de familias, sin distinción de clase o pertenencia política, han sentido la necesidad de proteger a los mayores, de tomar medidas excepcionales y paliar su debilidad.
