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El 24 de septiembre de 2019, un padre de 16 años asesinó a su hijo recién nacido lanzándolo al río Besós, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tras entregárselo la madre, también de 16 años, nada más parirlo en secreto en la habitación de un hostal de esa localidad. Según confesión de la progenitora, creyó que el padre lo había sacado de la estancia para darlo en adopción.

Cuando estaba en el tercer mes de embarazo, la madre solicitó ayuda para abortar a los servicios sociales, quienes le informaron que, en virtud de la ley vigente, necesitaba el permiso de sus progenitores o tutores y le recomendaron dirigirse a un centro médico y explicar su situación. La menor dijo que sus padres estaban fuera, nunca acudió a un hospital y gestó a su hijo en secreto hasta que salió de cuentas, empezaron las contracciones y alquilaron el cuarto para parir sin más ayuda que la del padre biológico.

Estos días y recordando tan atroz crimen, se propaga una campaña mediática, quizás impulsada por círculos proabortistas de la coalición comunista Unidas Podemos, para abrir camino en el propósito de la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil, de modificar de nuevo la ley y que las menores de entre 16 y 17 años no tengan que pedir permiso a sus progenitores para abortar, como estableció el Parlamento en septiembre de 2015 por la mayoría absoluta del PP, que reformó la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el PSOE en 2010. Será suficiente, por tanto y de nuevo, con la decisión de la embarazada.

La madre de los tres hijos del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión, el frasecitas, entiende que este cambio debe ser el primer paso para modificar leyes que afectan a los menores de 18 años y rematar la faena rebajando hasta los 16 la edad con derecho al sufragio universal, ya que considera que esa franja entre los 16 y los 18 es un buen caladero de votos.

Los argumentos en circulación para cancelar el permiso para abortar de los representantes legales de la menor resultan deleznables: “Una muerte evitable si (la madre) hubiera podido abortar”, como si abortar no fuese un crimen. Es como si un asesino dijera al juez que no habría habido asesinato si el asesinado no hubiera nacido. O que no habría puesto la bomba si el fabricante no la hubiera fabricado.

El ministerio que no es de Igualdad

El concepto que Irene Montero tiene de la vida humana debe ser igual que el que tiene sobre la igualdad. No hay más que ver los nombramientos que ha hecho en su ministerio, ¡que se llama de «Igualdad»!: ningún hombre entre los altos cargos.

A saber: Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer. Fue presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FLGTB), y entre sus frases célebres está la de que la heterosexualidad es “una herramienta política para subordinar las mujeres a los hombres”. Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual, departamento de nueva creación encargado de luchar contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, así como contra los delitos de odio a personas del colectivo LGTBI. Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad. Amanda Meyer, jefa de gabinete de Montero. Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Alba González Sanz, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (y de los grandes expresos europeos), que renunció a las 24 horas y fue sustituida por Rita Bosaho porque, según aquella, “si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan”. Y Bosaho es negra y González Sanz, blanca.

Es posible que en Ruanda escasee la información anticonceptiva y que ninguna mujer de 16 años o menos pero en edad fértil tenga en ese país acceso a los últimos métodos anticonceptivos, pero resulta evidente que en la España actual, incluida la que ahora llaman vaciada y siempre se denominó despoblada, todos los jóvenes (y jóvenas) están a la última en métodos anticonceptivos y en productos para el llamado día después (después del coito).

Si una mujer prefiere prescindir del económico preservativo (condón) y mantener una relación sexual sin protección porque le resulta más satisfactorio (a ella, a su pareja o a ambos), y renuncia a la pastilla del día después porque le da pereza (o vergüenza o no tiene tiempo) acudir a una farmacia o al Sistema Nacional de Salud, hay otras salidas para quienes se quedan encinta, como la de asistirlas permanente y confidencialmente en el embarazo, ayudarlas a parir y después proteger al recién nacido hasta su mayoría de edad a través de la tutela de los servicios sociales, tanto si la madre cambia de opinión y se queda con el hijo aunque no tenga medios materiales para criarlo y educarlo, como si renuncia a él y lo da en adopción.

Lo que resulta inhumano, sí, inhumano y monstruoso, es abortarlo y tirarlo a la basura (o parirlo y tirarlo al río) porque, entre otras razones, excluidas las religiosas, la presunción jurídica de que el nasciturus se tiene por nacido (es decir, por persona) para todos los efectos que le son favorables viene desde el derecho romano. No es lo mismo, y vuelvo a dejar al margen a la religión, que una persona dé expresa y consciente autorización a los médicos para que ejerzan sobre él la eutanasia activa o pasiva porque tiene una enfermedad incurable que prescindir de la vida de un nasciturus que no puede alzar su voz.

Ya sabemos que el Ministerio de Igualdad no es de «Igualdad» y empezamos a creer que es también de matadero. En consecuencia, solicito a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el mentiroso, que cambie el nombre por el de Ministerio de Desigualdad, Matadero y Despiece. Al menos suprimiremos una mentira de las muchas que nos regala cada día su antitético comportamiento.

Imagen destacada: Irene Montero en la tribuna del Congreso de los Diputados. | congreso.es