Luis Zayas | 23 de diciembre de 2020
Son los bebés a los que no se ha dejado nacer durante 2019, las mujeres abocadas al aborto por leyes injustas. Que no haya vida que no esté amenazada por la cultura de la muerte parece ser el propósito del Gobierno Sánchez–Iglesias.
99.149 muertos no son los muertos por o con COVID-19 durante la crisis sanitaria de 2020. Son los bebés a los que no se ha dejado nacer durante 2019. Son las mujeres que han destrozado su vida en 2019 por culpa de leyes injustas que las abocan al aborto, a la soledad, al abandono, al implacable síndrome post-aborto. Bebés y mujeres de los que nadie se acordará, solo las infatigables organizaciones provida.
Una cifra para la ignominia. La cifra más alta desde 2013, con un incremento respecto de 2018 del 3,37% (3.232 bebes más asesinados en el seno de sus madres que en 2018). En 2019 nacieron en España 360.617 niños, eso quiere decir que 1 de cada 5 embarazos (21,6%) acabó en un aborto.
Las tasas de aborto por cada 1.000 mujeres crecen en todos los tramos de edad. 9 de cada 1.000 mujeres menores de 19 años han abortado durante 2019 (10.379 mujeres, de ellas 341 menores de 15 años). Y con estos datos tenemos a este «Gobierno de la muerte» empeñado en que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar incluso sin permiso de sus padres.
Una cifra para la ignominia que conocemos en un año para la ignominia, 2020. En 2020 se han cumplido 10 años desde que diputados el Partido Popular interpusieran un recurso de inconstitucionalidad por la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Se cumplen 10 años de silencio cómplice, de silencio mortal (en ese periodo han sido abortados –asesinados– 1 millón de bebés), de silencio cobarde del Tribunal Constitucional.
¿Por qué el Constitucional no emite sentencia? ¿No se atreve a contravenir su jurisprudencia pasada? La ley de 2010 no respeta las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el aborto. ¿No se atreve a contravenir a los poderes políticos y fácticos que promovieron esa ley? ¿Cuál es el papel de los magistrados del Tribunal Constitucional, garantizar el cumplimiento de la Constitución o amoldarla a los caprichos ideológicos del gobernante de turno? ¿No hay ningún magistrado que se atreva a denunciar esta flagrante dejación de funciones del tribunal?
En 2020, un año para la ignominia, se cumple otro aniversario mortal: 25 años de la sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional en la que se declara constitucional la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto en España, promulgada por el Gobierno de Felipe González. Una sentencia que contradice la voluntad mayoritaria de las Cortes constituyentes que expresaron su posición contraria al aborto, al modificar la redacción del art. 15 de la Constitución, sustituyendo «personas» por «todos» para que no hubiera duda de que la protección del derecho a la vida también alcanzaba al bebé no nacido.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no tuvo empacho en aplicar la «doctrina jurídica» de Gregorio Peces Barba: «El problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación”[1], para así contravenir la voluntad constituyente y legalizar la injusticia del aborto, tal y como quería el Gobierno socialista del momento. De aquellos polvos vienen estos lodos.
En esta orgía de la muerte en que esta inmersa España gracias a la acción de dos presidentes socialistas (González y Zapatero) y a la desidia dolosa y cómplice de dos presidentes populares (José María Aznar y Mariano Rajoy) y, en este año 2020, el tercer presidente socialista (Pedro Sánchez) promulga la mal llamada ley de la eutanasia. Una ley que no garantiza la buena muerte, sino que abre la veda contra la vida del sufriente, del doliente, del enfermo crónico, de la persona con discapacidad, en definitiva, del débil, del necesitado.
¡Que no haya vida en España que no esté amenazada por la cultura de la muerte!, este parece ser el propósito del Gobierno Sánchez-Iglesias, del «Gobierno de la muerte». A fe que lo están consiguiendo. Otro elemento que hace de 2020 un año para la ignominia.
Ante tanta ignominia, ¿qué hace la sociedad española? ¿Dónde está el clamor ante la amenaza de la eutanasia? ¿A nadie le importa nada?
Ante tanta ignominia, ¿qué hace la sociedad española? ¿Dónde está el clamor por las vidas inocentes segadas por el aborto? ¿Dónde está el clamor ante la inacción del Tribunal Constitucional? ¿Dónde está el clamor ante la amenaza de la eutanasia? ¿A nadie le importa nada?
Hubo un tiempo en que en una nación europea la mayoría de sus ciudadanos no clamaron ante la construcción de campos de muerte y miraron para otro lado. En esa misma nación, la gran mayoría de los jueces y letrados abjuró de su deber de denunciar las leyes injustas que el poder político promulgaba conculcando derechos y libertades. Abjuraron de su deber bajo la excusa de que les correspondía la aplicación de la ley, no su valoración moral. Vana excusa, como brillantemente pone de manifiesto la película Vencedores y vencidos, que nos recuerda que existe una justicia objetiva y una ley natural a la que todo juez se debe. En esa misma nación se aprobó por primera vez en el mundo la eutanasia. Sí, me refiero a Alemania y al régimen nazi.
No, no se trata de hacer paralelismos entre un régimen y otro, no. Simplemente trato de recordar dónde y cómo acabó aquel régimen que despreció la vida del prójimo. Aquella nación donde jueces y sociedad miraron para otro lado. Quizás ese recuerdo nos haga despertar del letargo y pasar a la acción, ya que parece que las cifras no lo consiguen. 99.149 bebes asesinados y mujeres destrozadas en 2019. Una cifra para la ignominia.
«El aborto y la eutanasia son males a los que se pretende disfrazar de “derechos”», alerta el director del Observatorio Demográfico CEU. Leguina se pronuncia sobre estos y otros temas, como los cuidados paliativos, la soledad de los mayores o el invierno demográfico que congela a España.
El catedrático de Genética analiza el informe emitido por el Comité de Bioética, del que es vocal. «Es una falta de sensibilidad y ética proponer la eutanasia cuando tantas personas han fallecido por la pandemia sin acompañamiento familiar ni apoyo espiritual», afirma.
