Javier Urra | 29 de abril de 2019
La obligatoriedad de denunciar el acoso escolar es una decisión valiente que apoya a la víctima.
Nos pasamos el día quejándonos del acoso escolar, y cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decide que tanto los profesores como los alumnos tienen la obligación de denunciar el acoso que ejercen algunos de sus alumnos o compañeros hay quien se rasga las vestiduras.
Particularmente, jamás me han gustado los chivatos, me parecen deleznables. Pero estamos hablando de otro tema, de compromiso con el débil, con el que sufre en silencio, con el que calla.
El acoso escolar solo se puede erradicar de dos maneras. Una utópica e irreal, cual es creer que los acosadores, por arte de magia, desaparecerán. La otra, la real, la que exige valentía, es que los profesores se impliquen, y los alumnos también. Que se pongan del lado del débil, que asuman los riesgos, que se sientan ciudadanos, obligados por la ley, por la norma, por la moral.
Pensémoslo: un profesor que conoce y calla es un malísimo profesor, un cobarde, un incapaz, alguien que no debería decir jamás que educa.
Un alumno, un compañero que se pone del lado del agresor, o se pone de lado y mira sin ver, no es un compañero, no es un ciudadano que se implique, y el día de mañana tampoco será ese ciudadano que todos querríamos tener al lado.
Conocer del delito y no denunciarlo es delito. Pero, además, en el ámbito esencial del aula, en esa ágora, resulta fundamental la igualdad, la confianza, la diversidad, la libertad.
No, no se trata de generar alumnos y profesores delatores, o espías. Estamos hablando de una realidad sangrante, en ocasiones irreversible.
Una norma como esta apoya a la víctima, da potestad a alumnos y a profesores, y arrincona al violento
Hacen bien, muy bien, la Comunidad de Madrid y sus dirigentes cuando toman partido, cuando se implican, cuando desde una norma dictan pedagogía cívica.
El firmante ha trabajado muchos años en la Fiscalía de Menores, y también como Defensor del Menor, ha visto a víctimas y agresores, y ha escuchado siempre el silencio culpable.
Lo dije en su día refiriéndome al maltrato; detrás de él, siempre hay un cobarde que calla. En este caso, la Administración ha tomado decisión, ha sido valiente. Vaya desde aquí mi aplauso y reconocimiento.
A quienes critican la norma, déjenme que humildemente les pregunte: ¿qué entendemos por civismo, por conciencia social, por justicia, por reparación del daño?
Miren, una norma como esta apoya a la víctima, da potestad y auctoritas a alumnos y a profesores, y arrincona a quien lo merece, al violento, al agresor, al mafioso, al perdonavidas.
No, no se equivoquen de bando.
El objetivo del sistema educativo es que cada alumno se desarrolle según el máximo de sus capacidades.
La obligación de permitir el acceso de los padres a los exámenes saca a la luz un problema recurrente.
