Un político camino de su amortización y un magistrado del que se espera su renuncia
Justino Sinova | 17 de marzo de 2017
El Paisaje Nacional
EL PAISAJE NACIONAL La justicia es lenta pero impone, y en el caso de Artur Mas ha sentado las bases para que un gestor ayer jactancioso y transgresor haya entrado en el sector de los políticos amortizados. Ante dos casos de posible incompatibilidad como es el de Pedro Izquierdo Martín, magistrado del caso de los ERE y el de Andrés Ollero, presidente del Tribunal Constitucional, un sector político se ocupa de uno y se olvida del otro. Una consecuencia de la “hemiplejía moral”, que decía Ortega.
Si Artur Mas se sintiera feliz por la sentencia que le ha impuesto el Tribunal Superior de Cataluña, demostraría estar más fuera de la realidad que cuando abrazó súbitamente el independentismo que siempre había repudiado. El victimismo puede vestir un tiempo, pero es una desastrosa inversión para el futuro. Imagino a Artur Mas, en cambio, consternado porque, por mucho que intente disimularlo con su media sonrisa teatral, en su fuero interno será consciente de que su carrera política ha sufrido un doloroso parón que puede ser definitivo.
La sentencia que lo condena por organizar aquel referéndum, que él concibió como epopeya pero resultó parodia, es leve en relación con la petición fiscal, reducida por los magistrados a una pequeña parte. Ni siquiera le castigaron por prevaricación sino por un menos gravoso delito de desobediencia. Pero la sentencia lo condena, aspecto sustancial, con una pena de inhabilitación, limitada a dos años sí, pero inhabilitación al fin y al cabo, que irrumpe fatalmente en su agenda de retos al Estado. Dos años es un plazo breve para una vida pero inmenso para un procés en fase de encontrar una rendija en el callejón sin salida al que ha llegado.
A eso, Artur Mas no podrá colaborar. Sus compañeros de batalla son los primeros que se han dado cuenta y empiezan a prescindir de él. Para que Mas abandone la última tentación de hacerse pasar por víctima de una injusticia, al efecto de esta sentencia se suma la expectativa de otros veredictos en las corrupciones de las mordidas del 3%, concretadas en el 4% en cuanto han empezado las vistas judiciales, que pueden ser más severos que la blanda inhabilitación.
Imagino a Artur Mas, en cambio, consternado porque, por mucho que intente disimularlo con su media sonrisa teatral, en su fuero interno será consciente de que su carrera política ha sufrido un doloroso parón que puede ser definitivo
Se ha criticado mucho que haya una respuesta judicial al reto independentista, reproche inconcebible porque la lógica de la democracia y la salud de la convivencia imponen que las normas han de ser observadas por todos. A ver si alguien explica alguna vez de manera irrefutable qué se hace con un político que no cumple la ley, que actúa en favor de una minoría y que procede para ejecutar lo que no tiene permitido. No es lo más adecuado dejarle hacer hasta que complete su golpe a la legalidad, es mejor impedir o frenar el delito que esperar a corregir sus fatales consecuencias.
La sentencia contra Mas, por encima de la cuestión su lenidad, es efecto de una aplicación correcta de las normas básicas de la armonía social. Si hay algo que lamentar en la intervención de la justicia en este proceso tan largo y desquiciante, al margen otra vez de la tasación discutible de las penas, es la lentitud paquidérmica de la administración judicial. Pero hay que valorar que cuando llega, la justicia impone, y en este caso ha sentado las bases para que un gestor ayer jactancioso y transgresor haya entrado en el sector de los políticos amortizados.
Pedro Izquierdo y los motivos para la sospecha
Si nadie lo remedia a tiempo, en el juicio por el caso de los ERE, paradigma de corrupción política, actuará un magistrado que fue alto cargo político y compañero de parte de los acusados. Se trata de Pedro Izquierdo Martín, encargado además de redactar la sentencia, juez que recibió un nombramiento político por el entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, acusado en el proceso junto con su sucesor, José Antonio Griñán, y con otros cargos políticos con los que compartió actividad.
Izquierdo fue durante seis años secretario general para la Justicia, cargo equiparable al de viceconsejero del Gobierno autónomo, pero aún no ha manifestado que entienda la incompatibilidad de su dedicación política con su encargo de hacer justicia sobre su jefe y algunos compañeros de trabajo. La independencia de los jueces y fiscales es una condición elemental para el funcionamiento correcto de la justicia, que en España no se protege suficientemente porque no se ha hecho incompatible el ejercicio de la política y la administración de justicia salvo en un periodo de dos años desde que el magistrado pasa de uno a otra.
La independencia de los jueces y fiscales es una condición elemental para el funcionamiento correcto de la justicia, que en España no se protege suficientemente porque no se ha hecho incompatible el ejercicio de la política y la administración de justicia
Este supuesto de incompatibilidad planteado, y hasta el momento no corregido, no ha causado preocupación equivalente a la de otra incompatibilidad posible y no ocurrida. Me refiero a la denuncia preventiva que en círculos de izquierda se hace de la posibilidad de que Andrés Ollero sea elegido por sus compañeros presidente del Tribunal Constitucional. La causa aducida en este caso es que el magistrado ejerció como diputado del Partido Popular en varias legislaturas. Hay una diferencia entre ambos supuestos, porque es lógico entender que el presidente de un organismo de doce miembros no tiene tanta influencia, aparte de su voto decisivo en caso de empate, como un magistrado de tres que además redacta la sentencia. Pero esto no deja de ser una discusión teórica. Lo relevante es que ante dos casos de posible incompatibilidad, un sector político se ocupa de uno y se olvida del otro. Una consecuencia de la “hemiplejía moral”, que decía Ortega, a quien con inusitada frecuencia se le sigue dando la razón.
