Fernando Rayón | 07 de marzo de 2017
Sorprendía que se plantearan juntas, aunque había otras cuestiones más de fondo que implicaban incluso dudas más serias.
Las dos primeras hacían referencia a las reformas de la Gran Vía y de la Plaza España. Ni que decir tiene que la información que se ofrecía a los ciudadanos antes de votar era escasa y parcial. Y no lo digo de oídas. Voté la segunda de las propuestas y tuve que asesorarme de un arquitecto amigo para que me explicara las implicaciones de una y otra reforma.
Las propuestas de la ciudadanía tenían problemas de otra índole. Resulta que para el billete único aprobado las competencias no son exclusivas del Ayuntamiento de Madrid, sino también de la Comunidad, con lo que su aplicación queda en el limbo, pues quien consulta carece de competencias para aplicarla. Casi nada.
La segunda propuesta eran, en realidad, 14 medidas agrupadas en un epígrafe que podríamos llamar “para un Madrid sostenible”. En este último caso, los sorprendentes porcentajes de la victoria en las dos preguntas ciudadanas —94% a favor del billete único y 89%, del Madrid sostenible— reflejaban no tanto la unanimidad de los votantes, que también, sino un evidente error en la pregunta. Si se cuestiona a los ciudadanos sobre si les gusta que todos los días salga el sol, parece evidente que dirán que sí. Pero hay cosas que tampoco se pueden preguntar. ¿O sí?
En algunas democracias europeas, como Suiza o Alemania, son frecuentes las consultas de este tipo. Y por eso saben que solo son útiles si se cumplen determinados requisitos. Y uno de ellos, sin duda el primero, alude necesariamente a cómo se formula la pregunta.
Los europeos que votan con más frecuencia tienen una participación media en sus consultas que supera el 40 por ciento, mientras que en Madrid no hemos llegado siquiera al ocho
Porque lo que parece evidente es que un apoyo tan masivo es señal inequívoca de que la pregunta o ha sido trivial o ha estado mal hecha.
También en esas consultas que se hacen en Europa se tiene muy en cuenta la participación. El Ayuntamiento de Madrid ha vendido como un gran éxito los 212.000 ciudadanos que han votado. Pero esos más de doscientos mil votos son apenas un 7,8% del total de los ciudadanos, lo que implica un escasísimo respaldo a las medidas que se quieren tomar.
Esta representatividad adquiere ya dimensiones de chiste en el caso del parque Felipe VI, el segundo mayor de Madrid, al que 2.528 madrileños (apenas un 0,1% de los 2,7 millones con derecho a voto) han decidido cambiar de nombre. Y el chiste se hace ridículo si el edil responsable de la consulta califica de “éxito rotundo” el número de madrileños que han votado por ese cambio de nombre.
Solo para hacernos una idea: los suizos, los europeos que votan con más frecuencia, tienen una participación media en sus consultas que supera el 40 por ciento, mientras que en Madrid no hemos llegado siquiera al ocho.
Pero hay más. Una consulta tan absurda como la que ha tenido lugar ha implicado unos costes que superan el millón de euros. Por supuesto, el dinero sale del bolsillo de los madrileños. ¿Alguien en el Ayuntamiento ha pensado siquiera por un momento que las cuestiones sobre las que se preguntaba quizá no eran ni siquiera de competencia ciudadana, sino decisión de sus concejales y alcaldesa? Porque los ciudadanos con su abstención así lo han gritado.
¿Imaginan que hubiéramos respondido si nos llegan a preguntar sobre gastar un millón cien mil euros en una consulta estúpida por mal planteada? Y no digo mal planteada por hablar: tres de las cuatro preguntas que se hacían sobre la reforma de la Gran Vía incluían la palabra “mejorar”. ¿Quién era el tonto que iba a votar en contra de mejorar la calle? Segundo: en ninguna de las preguntas se ofrecía alternativa a lo que se proponía.
Y tercero: tampoco se explicaban los costes que implicaba una u otra decisión. Conclusión: las consultas eran una cita a ciegas para los que votaban, pero no para los que las proponían.
El Ayuntamiento de Madrid ha vendido como un gran éxito los 212.000 ciudadanos, apenas un 7,8% del total, lo que implica un escasísimo respaldo a las medidas que se quieren tomar
No he hablado en ningún momento de mala intención o de manipulación en las preguntas. Es posible que la haya habido. El retraso de una semana en comunicar los datos sigue aún sin aclararse. Quizá ha sido simple falta de profesionalidad o de experiencia.
En cualquier caso y, por encima de todo, lo que debe quedar claro para el futuro es que no puede haber referéndums democráticos, los haga un ayuntamiento o el Gobierno, sin que los que votan sepan lo que votan.
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