Mariano Ayuso Ruiz-Toledo | 25 de abril de 2018
Los expresidentes de la Junta de Andalucía han negado los hechos que se les imputan en sus respectivas declaraciones judiciales. Aunque todavía es pronto para saberlo, no es descartable que se termine fijando una responsabilidad penal para ellos.
El mediático juicio de los ERE de Andalucía, cuyo inicio ya comenté en EL DEBATE DE HOY, ha avanzado con la lectura de los escritos de acusación y defensa, las cuestiones previas y los interrogatorios de los acusados, donde lo más llamativo ha sido que los expresidentes de la Junta de Andalucía -los señores Manuel Chaves y José Antonio Griñán (ambos asimismo expresidentes del PSOE)- hayan negado cualquier conocimiento de la trama corrupta, de la instauración en la administración de la Junta de Andalucía de un procedimiento administrativo para el otorgamiento de subvenciones y otras ayudas que eludía los controles legales financieros y del desvío (malversación, según las acusaciones) de más de ochocientos millones de euros.
Este mecanismo de defensa de negar los hechos, o el conocimiento o la participación propia, en ellos es totalmente lícito desde la óptica procesal y se incardina dentro de los derechos constitucionales de los acusados. Otra cosa es el juicio que ello merezca, tanto en el ámbito jurídico como en el político.
Hay que tener en cuenta que este juicio es el de llamada “pieza política” del proceso de los ERE. Este proceso -muy extenso y complejo, con más de un millón de folios de actuaciones y medios de prueba- se dividió en dos piezas principales (esta, la política, sobre el procedimiento para la concesión de las ayudas y subvenciones, otra sobre las comisiones y sobrecostes fraudulentos cobrados presuntamente por aseguradoras y sindicatos) y muchas sobre cada una de las ayudas y subvenciones supuestamente irregulares.
En este juicio de los ERE se solventan, por tanto, las responsabilidades penales de las actuaciones generadoras y posibilitadoras de las múltiples malversaciones imputadas (de ahí la denominación de “política»). Y es por eso por lo que es difícilmente creíble que los sendos presidentes de la Junta de Andalucía desconocieran lo que estaba pasando y cómo se desviaban cientos de millones de euros, mediante un cauce procedimental administrativo que eludía todos los controles y sobre cuyo “descontrol” había ido advirtiendo la Intervención General de la Junta.
El sistema era bastante conocido en toda Andalucía -se beneficiaron muchas empresas reales o ficticias y un buen número de personas con o sin derecho legítimo- y consistía en que los fondos presupuestarios para las ayudas y subvenciones eran transferidos de la Consejería de Empleo a un organismo (Instituto de Fomento de Andalucía, primero, y luego la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) que las repartía discrecional o arbitrariamente.
#VÍDEO Susana Díaz expresa que le gustaría que Chaves y Griñán, dos personas "honestas", volvieran a militar en el PSOE https://t.co/eubqLcVlwD pic.twitter.com/gAAbG11PpW
— Europa Press (@EPAndalucia) April 23, 2018
Todavía es pronto para aventurar un pronóstico, pues ahora -tras las declaraciones de los acusados- tienen que declarar más de cien testigos e informar más de diez peritos (por cierto, que las defensas han pedido, y la Audiencia se lo ha concedido, que los acusados no estén obligados a estar presentes en todas estas actuaciones procesales). Pero no es arriesgado estimar que -como ya se ha evidenciado en lo que va del juicio y en esta posición “dontancredista» de Chaves y Griñán- probablemente termine fijándose alguna responsabilidad penal para estos acusados. Seguramente más liviana que la pedida por el Fiscal y las acusaciones particulares, pero siempre que se acredite de alguna forma en las testificales y periciales que, si no tuvieron cocimiento y responsabilidad directa, sí la tenían mediata y estaba dentro de sus obligaciones el indagar si se cometían las irregularidades denunciadas por la Intervención General. En este punto, les favorece el que en los delitos contra la Administración pública no se castiga la imprudencia o negligencia, contrariamente a lo que sucede con la prevaricación judicial.
De la responsabilidad política no podrán librarse en ningún caso, pues la evidente negligencia en los nombramientos y en la supervisión (lo que llamamos los juristas “culpa in eligendo” y “culpa in vigilando”) determina que sean los dirigentes del gobierno de la Junta de Andalucía responsables políticos de lo que se ha evidenciado en este primera parte del juicio como la mayor trama corrupta de nuestra historia reciente y la creación -desgraciadamente- de un auténtico régimen político corrupto en el seno de la Junta de Andalucía en aquel momento.
Por fortuna, de los errores se aprende y las últimas medidas legislativas, como el Real Decreto de régimen jurídico de control interno de las entidades locales, están cerrando el paso a la elusión de los sistemas de control de las Administraciones.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
