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La escuela concertada en España debería ser objeto de mayor tutela y protección. Según la jurisprudencia, la elección del modelo corresponde a los padres, no al Estado. Las medidas anunciadas por la ministra de Educación chocan contra el orden jurídico.

El régimen jurídico que regula el sistema de concierto de la enseñanza en España, muy lejos de ser un privilegio de un sector, es un sistema deficiente para todos los colectivos implicados: alumnos, familias, profesores y titulares de centro. De sobra son conocidos los grandes beneficios que este régimen de conciertos educativos supone para la sociedad española; la escuela concertada en España es muy demandada y mucho más barata (menos de la mitad de coste por plaza escolar) y, sin embargo, lo que reciben los centros concertados no cubre sus necesidades mínimas, por ejemplo, en el campo de la renovación de equipamiento académico o de instalaciones.

Por ello, por los grandes beneficios que la escuela concertada en España supone para la sociedad, debería ser objeto de una mayor tutela y protección. Sin embargo, Isabel Celaá, a la sazón ministra de Educación y “portavoza” del Gobierno, acaba de anunciar una serie de medidas que chocan frontalmente contra nuestro ordenamiento jurídico educativo y, más específicamente, frente a numerosos pronunciamientos de los tribunales, algunos muy recientes.

Enseñanza privada, en igualdad de condiciones con la pública

Dicha jurisprudencia ha declarado de modo tajante que en nuestro país existe un sistema dual de educación financiada, la educación pública y la educación privada concertada, y que ninguno de ellos debe ser subsidiario del otro, sino que ambos representan ofertas diferentes que en igualdad de condiciones deben darse a las familias. Los varios intentos que ha habido en diversas comunidades autónomas de eliminar o dificultar centros concertados han sido en su mayoría abortados por la acción de nuestros tribunales contencioso-administrativos.

La educación concertada no es subsidiaria . Los políticos deben respetar a los tribunales

Pero este nuevo Gobierno vuelve a la carga bajo un mantra irritante como es el de que solo el interés general puede defenderse desde estructuras administrativas públicas, cuando la experiencia viene demostrando que esto no es así, ni mucho menos, que el bien común se defiende y protege de manera más completa y eficaz desde la iniciativa social. Véanse como ejemplo las memorias anuales de las actividades de la Iglesia publicadas en la página web de la Conferencia Episcopal Española.

Escuela concertada en España, fundamental para la sociedad

Pero a este nuevo Gobierno parece que le trae completamente sin cuidado que la sociedad prefiera la enseñanza concertada en España y que, como mayoritariamente católica, opte por la enseñanza de la religión para sus hijos, porque la consideren fundamental para la construcción de sus valores morales y sociales, y un precioso legado de nuestros mayores y mejores tradiciones. En lugar de estar al servicio de la sociedad, de sus creencias, valores e intereses, lo que parece es que -una vez más- un Gobierno como este lo que quiere es influir en el modo de pensar, a modo de religión laica estatalista, creando, entre otras cosas, la segunda versión de Educación para la Ciudadanía, e insuflar su ideología poslíquida y manipuladora de mentes, al igual que se viene haciendo con todo lo que tiene que ver con la ideología de género o la memoria histórica, cuya expresión más aberrante supone la creación de una comisión de la verdad, al más puro estilo totalitario. Como si la verdad histórica fuera lo que cuatro paniaguados puedan decir en un momento determinado, y no el destilado de siglos de estudio de muchos profesores e investigadores.

Nota del Comité Ejecutivo de @Confepiscopal sobre la educación concertada en España y otras cuestiones de actualidad. https://t.co/ldbmHsU1m6 pic.twitter.com/81sTmqskmu

— Of. Información CEE (@prensaCEE) July 12, 2018

Volviendo a la educación, habría que preguntarse si Isabel Celaá y Pedro Sánchez conocen una muy reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de abril del presente año 2018 que ha declarado conforme a la Constitución la educación diferenciada por sexos, otro de los objetivos a eliminar por el nuevo Gobierno, así como la enseñanza de la religión, y ello con ocasión del recurso socialista que habían interpuesto contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En definitiva, el TC considera que la elección de modelo de enseñanza corresponde a los padres y no al Estado. Está en el núcleo del derecho a la educación. Lo mismo sucede con la enseñanza de la religión, con el añadido de que, además, está contemplada en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 -vigente ya la Constitución-, que determinan que los planes educativos incluyan la enseñanza de la religión católica en todos los centros -también los públicos- de educación preuniversitaria, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Recordemos que, según el artículo 10.2 de la Constitución, los acuerdos internacionales son derecho vigente en España, y deben considerarse para interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas.

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No se trata solo de un nuevo envite contra las libertades y derechos básicos de todos los españoles, incluso de aquellos que están a favor de estas medidas, sino de una afrenta –todavía en fase de anuncio- contra un orden jurídico consolidado. Veremos si este nuevo Gobierno se atreve a afrentar el derecho educativo vigente de modo tan frontal como estas declaraciones anuncian.