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La situación en que se encuentra el español aconseja la rápida adopción de medidas que garanticen su protección en el conjunto del territorio nacional, en especial en aquellas zonas donde su uso y enseñanza se están viendo amenazados.

Que sea noticia que cuatro alumnos de Baleares hayan pedido hacer su examen de Selectividad en español significa que vivimos en el mundo al revés.

Cuatro estudiantes que se atreven a pedir la Selectividad en castellano https://t.co/CMPXsLHrt1

— El Mundo Baleares (@elmundobaleares) June 8, 2017

En los últimos días, hemos sabido que la normativa implantada en la Selectividad de Baleares establece que los estudiantes se examinan en lengua catalana, salvo que tengan el valor de señalarse públicamente, levantar la mano y pedir su examen en castellano, en cuyo caso el profesor los anota en la hoja de control o, lo que podríamos denominar mejor, la “lista negra de la disidencia”. De hecho, por cada clase de 28 alumnos, se reservan solo 3 fotocopias en castellano, ya que no esperan, ni de lejos, repartir más. La realidad ha sido así, se han examinado 4.000 alumnos y solo ha habido 4 disidentes. ¿Por qué? ¿Por desconocer el uso del castellano? ¿Porque creen que responderán mejor en catalán? ¿O porque no se atreven a señalarse como “raros” o “españoles”?

No sabemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es lo que dice nuestra Constitución: “el castellano es la lengua española oficial del Estado” (artículo 3), por lo que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Asimismo, junto al castellano, se afirma que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

El artículo 3 CE deja claro que no cabe un monolingüismo en España ni en ninguna de las partes del territorio español. Por consiguiente, se exige el respeto y protección de las “distintas modalidades lingüísticas de España”, en tanto en cuanto son parte de su patrimonio cultural. Prueba de ello es que en nuestro país se ha velado por proteger y garantizar las demás lenguas cooficiales y/o minoritarias, hasta el punto de que en algunos territorios se ha producido la paradoja de que la lengua cooficial ha desplazado a la única lengua oficial común para el conjunto de los españoles.

Dicho de otro modo, el deber de los españoles de conocer el castellano hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad; sin embargo, tal presunción puede quedar desvirtuada en algunos territorios, como en Cataluña, Galicia, el País Vasco e incluso en las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana. La paradoja es que el español está en auge y es una tendencia mundial estudiarlo… excepto en el país que lo vio nacer.

No son las lenguas o los territorios quienes tienen el derecho de elegir su lengua vehicular, sino que son las personas quienes tienen el derecho a elegir en qué lengua desean expresarse o relacionarse con los demás

La protección y promoción de una lengua afecta a muchos derechos básicos relacionados directamente con la personalidad y el desarrollo del ser humano. Prueba de ello es que no son las lenguas o los territorios quienes tienen el derecho de elegir su lengua vehicular, sino que son las personas quienes tienen el derecho a elegir en qué lengua desean expresarse o relacionarse con los demás, ya sean entes públicos o privados. Más aun, las lenguas no son solo un vehículo de expresión y comunicación, sino que son también un medio de creación de la cultura. De ahí que el objeto del reconocimiento del bilingüismo en la Constitución no sea otro que reconocer sus derechos a los hablantes del castellano, lengua oficial de todos los españoles, sin restringir por ello la libertad de los que prefieren utilizar otras modalidades lingüísticas, sean estas lenguas cooficiales o no.

El multilingüismo, patrimonio histórico y cultural

En otras palabras, la consideración de la riqueza lingüística española como un patrimonio histórico y cultural común implica la necesaria convivencia armoniosa entre las mismas, sin poderse ver coartados por ello los principios constitucionales relacionados con el bilingüismo, como son: la libertad, la igualdad o el principio de integración.

De los tres principios anteriores se deduce que se puede exigir un determinado comportamiento a los poderes públicos, en aras de garantizar dicha realidad multilingüe. Así lo ha advertido el Tribunal Constitucional. De modo que la protección del castellano no es competencia exclusiva del Estado y la de las lenguas autonómicas de sus respectivas comunidades autónomas, sino que todos los entes públicos son responsables de proteger y promover el bilingüismo, como dejan patente también los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas (ya sea la vasca, catalana, valenciana, gallega o balear). Con todo, en el caso del castellano, la Constitución proclama el deber que tienen todos los españoles de conocerlo y su derecho a usarlo (art. 3.1 CE), mientras que el desarrollo que tengan las demás lenguas oficiales dependerá de sus respectivas comunidades autónomas.

El bilingüismo debe ser expresión de convivencia, no de enfrentamiento, fruto del calificativo “común” con que se refiere la Constitución a dicho patrimonio

El bilingüismo debe ser expresión de convivencia, no de enfrentamiento, fruto del calificativo “común” con que se refiere la Constitución a dicho patrimonio. Por consiguiente, la situación en que se encuentra la lengua común de todos los españoles aconseja la rápida adopción de medidas que garanticen su protección en el conjunto del territorio nacional y, de forma muy especial, en aquellas zonas donde su uso y enseñanza se están viendo amenazados.