Javier Rupérez | 24 de mayo de 2018
Deberían ser objeto de aprendizaje obligatorio para todos aquellos que quieren comprender el futuro de una España unida, liberal y democrática las razones últimas de los comportamientos de los nacionalismos separatistas periféricos, trátese del PNV (Partido Nacionalista Vasco) en el País Vasco, de la coyunda racista/anticapitalista en Cataluña y de los correspondientes retoños en Navarra, en el País Valenciano y en las Islas Baleares. Todos tienen en común el proceder de lo que los politólogos posmarxistas llaman las clases extractivas, sectores económicamente privilegiados de la población que conciben la continuación de sus prerrogativas bajo el paraguas de formas tribales, a las cuales se acogen con falsas reclamaciones victimistas y siempre exagerando los factores identitarios y de diferencia. Suelen compartir también, por mucho que en el entramado vociferen con intensidad podemitas y neocomunistas de diverso cuño, su fervor por las formas tradicionales y parroquiales de un catolicismo antañón y, por decirlo piadosamente, preconciliar. No es casual que el racista Quim Torra haya decidido realizar su fallida toma de posesión como presidente de la Generalidad de Cataluña en la sala de la Virgen de Montserrat, advocación bajo la que hoy se cobijan los que han creído acortar su camino al paraíso predicando la superioridad de la raza catalana. Los de la partida de Cabrera en el Maestrazgo no lo hubieran hecho mejor.
ETA manda flores a su funeral . Fin a una criminal locura que tiñó de sangre España
En el caso vasco, y ahora que todavía resuenan los clarines de los exterroristas intentando obtener réditos de su derrota, era inevitable que el PNV, aquel partido siempre dispuesto a recoger las nueces del árbol que los del hacha y la serpiente habían previamente agitado, intentara rentabilizar el anuncio de la retirada de los que nunca dejaron de ser sus retoños. Y es que, al aire de la enésima escenificación de la derrota que quiere ser victoria, los de la pistola pretenden lo de siempre: que se les reconozca la heroicidad de haber participado en un conflicto contra los opresores españoles y que al menos por el momento se les conceda la gracia, a los que todavía están en el trullo penando por sus crímenes, de ser destinados a las cárceles en el terruño, sin por ello desesperar a que incluso un Gobierno magnánimo acelere su salida de la ergástula. Eso es lo que los terroristas, sus cómplices y algunas almas cándidas reclaman en aras de la “generosidad” del Estado. Precisamente lo que el PNV espera como agua de mayo para demostrar a sus cachorros que no los ha olvidado. Sobre todo ahora que, como presumen los dirigentes aranistas, “nunca el PNV había tenido tanta fuerza en Madrid”, y sin descartar que en un momento de desgana sobrevenida el Gobierno llegue incluso a conceder la transferencia de las políticas penitenciarias al gobierno nacio/separatista. Para los que al respecto tengan todavía alguna duda, recuerden la inmensa ternura que los de la boina han puesto en tratar de acortar las penas de sus conmilitones catalanes atrapados en la aplicación del artículo 155, no tanto por lo que en Cataluña ocurriese, sino por lo que a ellos pudiera llegar a pasarles. Y como la posibilidad aberrante de que una autonomía española esté presidida por un racista declarado haya sido posible por las cesiones del Gobierno central al PNV para poder cumplir el calendario previsto para la aprobación de los Presupuestos. A cada cual lo suyo.
Acercamiento de presos . La dispersión fue una buena estrategia que ahora demanda perdón
No consta públicamente el número de criminales de ETA que hayan manifestado su arrepentimiento por los delitos cometidos. Menos todavía si alguno de entre ellos ha aprovechado la ocasión para delatar a sus conmilitones ocultos, para entregar las armas todavía guardadas y sobre todo para aclarar los más de trescientos asesinatos que en el momento actual siguen sin tener autoría conocida. Más bien al contrario: los terroristas excarcelados son recibidos en sus lugares de origen como si de héroes se tratara, sin que por parte del PNV o de sus aliados patriotas se oiga la menor nota de condena o reproche. Y conviene recordarlo: no hay lugar a la generosidad porque no ha habido conflicto sino matanza. Y tampoco lo hay porque el arrepentimiento no pasa de ser una farsa cínica dirigida en exclusiva a mejorar el tratamiento penitenciario. Y, puestos a ello, ahora que tanto se lleva el tema de los títulos académicos de dudosa calidad, ¿cuáles son los terroristas que en prisión se acogieron a la posibilidad de ampliar -es un decir- sus estudios, en qué universidades los cursaron, en qué condiciones obtuvieron sus títulos?
Los terroristas todavía presos, cumpliendo condenas que esas sí son extraordinariamente generosas, bien están donde ahora se encuentren y no albergan ni ellos ni sus familias ninguna razón para quejarse de la distancia que los separa. Porque para distancias, como hacen bien en recordar las víctimas, la que separa a los supervivientes de los muertos, esos a los que únicamente se puede visitar en los cementerios donde reposan. La reclamación del acercamiento alegando razones humanitarias es de un infinito sarcasmo. La posibilidad de que el Gobierno central ceda al del País Vasco la política penitenciaria encierra un non possumus radical e incontrovertible. La ciudadanía, a diferencia de ciertos políticos, sí tiene líneas rojas. Una es la unidad de España. La otra es administrar a los terroristas la justicia que sus crímenes demandan. Ni más ni menos. Y en esa tesitura de la hora de España, que ciertamente exige la puesta a cero de los términos constitucionales, ahora que hemos aprendido sus virtudes y los errores de su aplicación, no valen las buenas intenciones, los férvidos sentimientos, la palabrería dulzona o la falsa poesía. Como bien sabemos, de todo ello está empedrado el infierno.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.